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Por ContraPunto
El presidente Mauricio Funes aseguró que el fiscal general, Luis Martínez ha iniciado la investigación contra el expresidente Francisco Flores porque él denunció públicamente la existencia del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento del Tesoro de EUA que alerta del movimiento irregular de $10 millones que el otrora gobernante hizo cuando estaba en los últimos meses de su mandato. “Me preocupa que diga que las relevaciones que yo he hecho pueden entorpecer las investigaciones, por eso voy a utilizar una expresión popular: es como ‘su chucho a tiempo’”.
El mandatario ha señalado que sin la revelación en su programa sabatino Conversando con el Presidente el caso simplemente “no avanzaría como ha avanzado”, aunque ha puesto en tela de juicio la velocidad de la Fiscalía General para tramitar el caso que prescribirá en mayo próximo en caso no sea llevado a los tribunales. Nuevamente recomendó a Martínez que restringa los movimientos migratorios de Flores para que no salga del país como lo ha hecho en las últimas semanas en la búsqueda de apoyos internacionales a la campaña presidencial del candidato Norman Quijano. “En esas idas y venidas él podría quedarse allá (Miami, EUA) y no rendir cuentas de los delitos que confesó”. También felicitó al fiscal por no dejarse “presionar”, aunque le pidió que se aleje de la investigación porque puede contaminarla debido a la relación laboral – el funcionario trabajó en la secretaría de Asuntos Jurídicos y presentó la declaración patrimonial del entonces mandatario saliente en la Sección de Probidad de la Corte Suprema (CSJ) - que hubo entre el expresidente y Martínez. “Puede asignarle el caso a otros fiscales o a su fiscal adjunta”.
El martes 7 de enero el expresidente dijo a la Comisión especial de la Asamblea Legislativa que indaga el destino de los $10 millones taiwaneses que había aceptado millonarias donaciones a título personal del expresidente Chen Shui Bian – preso por corrupción – pero jamás las ingresaba al Ministerio de Hacienda sino que las destinaba, con total discrecionalidad, para el pago de informantes para desarticular bandas de secuestradores, combate a las pandillas, narcotráfico y ayuda para los damnificados de los terremotos de 2001. Los diputados, después de la comparecencia, entrevistaron a casi una docena de exfuncionarios para verificar si la versión fue cierta: ni uno solo conocía esa modalidad de entrega de cheques directos y gastos arbitrarios sin control de la Corte de Cuentas.
Funes insistió en que el fiscal general debe investigar una red de espionaje que presuntamente tiene el principal partido de oposición dirigida por, según el gobernante, por el vicepresidente de ideología, Ernesto Muyshondt y el exdirector de la PNC, Mauricio Sandoval. También colaboran “destacados columnitas de algunos periódicos”. La organización se destacaría en el espionaje político y la difamación a través de redes sociales. “Los partidos políticos no pueden tener inteligencia, es ilegal, solo puede existir la Inteligencia del Estado. Que un partido tenga inteligencia es peligroso”. Puede haber relación, asimismo, con la ola de violencia de las últimas semanas que supuestamente es a consecuencia de las elecciones para infundir temor a la población. “Se maneja que es una forma de sicariato, ya no se trata de simples rencillas entre pandillas por la disputa de territorios, se trata de asesinos profesionales”. “¿A quién le favorece la incertidumbre y la zozobra en este periodo electoral? ¿Quién sale favorecido con la impresión que los crímenes han aumentado?”.
Esto fue confirmado por el ministro de Justicia, Ricardo Perdomo quien agregó que las pandillas se han desligado de los hechos. La prensa le preguntó si la investigación llevaba al partido opositor y respondió: “hay información de inteligencia que apunta a eso. Hay evidencia suficiente para poder decir que hay un plan criminal para incidir en las elecciones”.
El martes 7 de enero el expresidente dijo a la Comisión especial de la Asamblea Legislativa que indaga el destino de los $10 millones taiwaneses que había aceptado millonarias donaciones a título personal del expresidente Chen Shui Bian – preso por corrupción – pero jamás las ingresaba al Ministerio de Hacienda sino que las destinaba, con total discrecionalidad, para el pago de informantes para desarticular bandas de secuestradores, combate a las pandillas, narcotráfico y ayuda para los damnificados de los terremotos de 2001. Los diputados, después de la comparecencia, entrevistaron a casi una docena de exfuncionarios para verificar si la versión fue cierta: ni uno solo conocía esa modalidad de entrega de cheques directos y gastos arbitrarios sin control de la Corte de Cuentas.
Funes insistió en que el fiscal general debe investigar una red de espionaje que presuntamente tiene el principal partido de oposición dirigida por, según el gobernante, por el vicepresidente de ideología, Ernesto Muyshondt y el exdirector de la PNC, Mauricio Sandoval. También colaboran “destacados columnitas de algunos periódicos”. La organización se destacaría en el espionaje político y la difamación a través de redes sociales. “Los partidos políticos no pueden tener inteligencia, es ilegal, solo puede existir la Inteligencia del Estado. Que un partido tenga inteligencia es peligroso”. Puede haber relación, asimismo, con la ola de violencia de las últimas semanas que supuestamente es a consecuencia de las elecciones para infundir temor a la población. “Se maneja que es una forma de sicariato, ya no se trata de simples rencillas entre pandillas por la disputa de territorios, se trata de asesinos profesionales”. “¿A quién le favorece la incertidumbre y la zozobra en este periodo electoral? ¿Quién sale favorecido con la impresión que los crímenes han aumentado?”.
Esto fue confirmado por el ministro de Justicia, Ricardo Perdomo quien agregó que las pandillas se han desligado de los hechos. La prensa le preguntó si la investigación llevaba al partido opositor y respondió: “hay información de inteligencia que apunta a eso. Hay evidencia suficiente para poder decir que hay un plan criminal para incidir en las elecciones”.
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