Por CIMACAl iniciar la Campaña 28 de Septiembre, que cada año se impulsa con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, activistas de América Latina y el Caribe advirtieron que mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes, legisladores, jueces, médicos y religiosos, se continuará negando a las mujeres el reconocimiento, respeto y garantía de su ciudadanía.
Bajo la consigna “aborto legal y seguro, una cuestión de derechos, una cuestión de democracia”; las activistas llamaron a la sociedad civil a movilizarse y a participar en esta campaña.
En un comunicado, afirmaron que dar validez a un discurso que prioriza el embrión por sobre los derechos de las mujeres, y que los curas exijan más nacimientos, mientras sus abusos sexuales contra la infancia quedan impunes; reproduce las dobles morales y legitiman estas acciones.
“La negación de la interrupción voluntaria del embarazo en la legislación o en las acciones de salud es un mecanismo de poder y control sobre los cuerpos, la autonomía, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres”.
Pese a que en la región cada año alrededor de 4 millones de mujeres deciden interrumpir un embarazo, las legislaciones en los países son restrictivas y limitadas lo que coloca en riesgo la vida de las mujeres, las criminaliza y las encarcela.
Para la mayoría de las mujeres, dice el comunicado, ejercer su derecho a decidir no ser madres se tiene que realizar en condiciones inseguras e insalubres vulnerando con ello su dignidad, libertad y su salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que anualmente en el mundo se practican aproximadamente 20 millones de abortos de alto riesgo y que el 99.9 por ciento de la mortalidad materna por aborto ocurre en los países en desarrollo. El aborto inducido en condiciones de ilegalidad es una de las principales causas de mortalidad materna en la región.
Mientras Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, tienen legislaciones restrictivas -pues el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia- en lugares donde la interrupción legal del embarazo se autoriza por razones terapéuticas o de violencia sexual, el acceso al procedimiento está plagado de obstáculos a causa de una institucionalidad pública que permite la intromisión de sectores religiosos y conservadores que atentan contra la oportunidad de la realización del aborto.
Por todo ello, pidieron implementar medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia se convierta en un obstáculo para interrumpir un embarazo; reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias religiosas que afecten la creación de reformas legales y la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.
Exigieron el cese de las persecuciones judiciales, selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las más pobres. “El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable”.
De igual manera, en el arranque de la campaña exigieron que los gobiernos realicen acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos.
Agregan que en la actualidad las democracias erigen como valores la autonomía, la soberanía y la libertad de los pueblos; sin embargo, estos valores son negados a las mujeres.
“Obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo que no desean o no están en condiciones de asumir es un acto de tortura y sometimiento”, sentencian.
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