Cofadeh
Centenares de militares de la Operación Xatruch III y Policía Preventiva, aplica vejámenes, persecución y capturas en desalojo violento contra campesinos y campesinas de Finca Los Laureles , ubicada en Tocoa, Colón, este día a partir de las dos de la tarde.
Hay más de 40 capturados entre mujeres y hombres. “Tenemos mucho temor de que hayan muertos", dijo un testigo de la represión que corría para no ser capturado.
En el desalojo donde se utilizó potentes gases lacrimógenos, armamento de grueso calibre y participó un fuerte contingente de militares y policías, se está llevando a cabo una veroz persecución, incluso por los barrios aledaños al asentamiento.
El COFADEH ha contactado al Subcomisionado Mejía Rosales, jefe policial de la zona, quien no ha dado datos de los detenidos y detenidas, adujo que está todavía en “la misión”, nos remitió a la guardia de policía de Tocoa, aquí dicen que es la Dirección Nacional de Investigación, DNIC, la encargada y esta última a través del oficial Gerson Vásquez ha dicho que el operativo está a cargo de los militares de la Operación Xatruch y que éstos no les han remitido a los detenidos.
Un defensor de derechos humanos de la zona informó que ya la Ministra de Justicia y Derechos Humanos ya tiene conocimiento de esta grave situación, pero las acciones hostiles contra los integrantes de Los Laureles siguen al cierre de estos datos preliminares que manejamos.
Según los informes que se nos han proporcionado por los afectados entre las más de 40 personas detenidas están: Eduardo Rivera; Esperanza Lara; Miguel Mejía; Yulian Marilí Rosales; Odilia Cruz Cruz, Héctor Cruz y Héctor Cálix.
Para la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, estos son los efectos de un país donde las instituciones están al servicio no del Estado sino de quien coloca a los funcionarios, o sea del patrón.
“Son los efectos nefastos de la militarización, cuando las instituciones públicas sufren un desplome y las fuerzas armadas toman el control, es por eso que no se debe permitir que los militares estén en las calles haciendo trabajo de seguridad”, señaló Oliva.
Para ella un desalojo en un domingo es para los represores un trabajo estratégico con la intención que nadie se movilice en apoyo a los y las afectadas.
Agregó que no hay una actuación diligente para encontrar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Hay evidencia de esto en el accionar del Ministerio Público cuyo papel es vigilar el respeto del Debido Proceso y no permitir vejámenes tal como lo está haciendo en este caso que hay una cacería humana, “el Estado no debe actuar por buenos oficios sino de oficio y de forma inmediata para parar estas atrocidades que todavía están llevando a cabo lo militares y policías, señaló la defensora de derechos humanos.
Por lo anterior hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional y nacional para que emprenda acciones rápidas para demandas el cese de la represión, que se garantice la integridad física de las personas que integran el asentamiento Los Laureles y que de inmediato se proceda a dejar en libertad a los detenidos y detenidas.
El COFADEH ha contactado al Subcomisionado Mejía Rosales, jefe policial de la zona, quien no ha dado datos de los detenidos y detenidas, adujo que está todavía en “la misión”, nos remitió a la guardia de policía de Tocoa, aquí dicen que es la Dirección Nacional de Investigación, DNIC, la encargada y esta última a través del oficial Gerson Vásquez ha dicho que el operativo está a cargo de los militares de la Operación Xatruch y que éstos no les han remitido a los detenidos.
Un defensor de derechos humanos de la zona informó que ya la Ministra de Justicia y Derechos Humanos ya tiene conocimiento de esta grave situación, pero las acciones hostiles contra los integrantes de Los Laureles siguen al cierre de estos datos preliminares que manejamos.
Según los informes que se nos han proporcionado por los afectados entre las más de 40 personas detenidas están: Eduardo Rivera; Esperanza Lara; Miguel Mejía; Yulian Marilí Rosales; Odilia Cruz Cruz, Héctor Cruz y Héctor Cálix.
Para la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, estos son los efectos de un país donde las instituciones están al servicio no del Estado sino de quien coloca a los funcionarios, o sea del patrón.
“Son los efectos nefastos de la militarización, cuando las instituciones públicas sufren un desplome y las fuerzas armadas toman el control, es por eso que no se debe permitir que los militares estén en las calles haciendo trabajo de seguridad”, señaló Oliva.
Para ella un desalojo en un domingo es para los represores un trabajo estratégico con la intención que nadie se movilice en apoyo a los y las afectadas.
Agregó que no hay una actuación diligente para encontrar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Hay evidencia de esto en el accionar del Ministerio Público cuyo papel es vigilar el respeto del Debido Proceso y no permitir vejámenes tal como lo está haciendo en este caso que hay una cacería humana, “el Estado no debe actuar por buenos oficios sino de oficio y de forma inmediata para parar estas atrocidades que todavía están llevando a cabo lo militares y policías, señaló la defensora de derechos humanos.
Por lo anterior hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional y nacional para que emprenda acciones rápidas para demandas el cese de la represión, que se garantice la integridad física de las personas que integran el asentamiento Los Laureles y que de inmediato se proceda a dejar en libertad a los detenidos y detenidas.
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