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El Tribunal Popular Internacional de Salud realizado los días 14 y 15
de este mes, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de
San Marcos, en Guatemala, cerró sus actividades el último día 18.
Después de escuchar los testimonios de los/las afectados/as por las
actividades mineras de la Goldcorp, los jueces liberaron la sentencia de
culpabilidad a la empresa minera y a los gobiernos de Honduras, México,
Guatemala y Canadá.
El objetivo del tribunal fue escuchar las reivindicaciones y
testimonios de las poblaciones afectadas por las operaciones mineras de
la canadiense Goldcorp en Carrizalillo, Guerrero, México; Valle de
Siria, Francisco Morazán, Honduras; y San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa,
San Marcos, Guatemala.
Entre los reclamos, las poblaciones de estas localidades denunciaron
contaminación y pérdida irreversible de fuentes de agua, desaparición de
montañas, ecosistemas, alteración del ciclo hidrológico, destrucción de
cultivos y suelos, muerte de animales salvajes y domésticos, problemas
de salud y aumento de problemas reproductivos.
Entre las principales enfermedades –registradas en las tres
localidades– se denunciaron enfermedades en la piel, en los ojos, caída
de cabello, abortos, partos prematuros, defectos congénitos y muerte de
recién nacidos, problemas auditivos, problemas gastrointestinales,
dolores en las articulaciones, problemas nerviosos y psicológicos.
Ex-funcionarios de la Goldcorp también tuvieron la oportunidad de
atestiguar y relataron constantes intoxicaciones, desmayos, vértigos,
exposición a químicos tóxicos y accidentes de trabajo por falta de
equipamiento y medidas de seguridad.
Otros graves problemas registrados en los municipios donde la empresa
canadiense actúa fue el crecimiento del número de bares y un aumento
considerado alarmante de alcoholismo, drogadicción, violencia,
prostitución, enfermedades venéreas, además del crecimiento del número
de casos de VIH/Sida.
Ante la confirmación de estos casos, los jueces y juezas involucrados
en el juicio decidieron condenar "las actuaciones de la empresa
GoldCorp en sus proyectos ubicados en Honduras, Guatemala y México por
ser consideradas altamente dañinas para la salud y la calidad de vida,
la calidad ambiental, y el derecho a la libre determinación de las
comunidades indígenas y campesinas afectadas”.
Los gobiernos de los países de Mesoamérica fueron condenados por
complicidad y actitud irresponsable por no asegurar el ejercicio de los
derechos a las y a los afectados por la empresa minera. Por su parte, el
gobierno canadiense fue condenado por apoyar y promover de diversas
formas las inversiones mineras irresponsables en la región.
Entre las recomendaciones y exigencias, los jueces aconsejan a los
pueblos afectados impedir, de manera pacífica, las operaciones de la
Goldcorp en sus territorios. Recomiendan que las comunidades y
organizaciones denunciantes se mantengan articuladas y empeñadas en
denunciar los efectos de la actuación de la empresa canadiense y
sugieren que los pueblos indígenas y comunidades campesinas busquen
todos los medios pacíficos para garantizar el ejercicio de sus derechos
colectivos.
Se le exige a la Goldcorp que repare todos los perjuicios causados a
la salud de las poblaciones, los daños ambientales y todos los otros
daños causados a las comunidades indígenas y campesinas afectadas. La
empresa también debe compensar los perjuicios pasados, presentes y
futuros causados a las comunidades, teniendo en vista que la
contaminación es persistente y puede perdurar por cientos de años. Otra
exigencia es que la empresa suspenda toda operación minera en
Mesoamérica para evitar la repetición de los problemas denunciados.
Los Estados (gobiernos nacionales, estatales y municipales) deben
cumplir y exigir el cumplimiento de las legislaciones nacionales y de
los convenios internacionales, en especial, garantizando el respeto del
consentimiento previo, libre e informado. Providenciar nuevas formas de
proteger y garantizar los derechos de las comunidades frente a la
minería y velar por el respeto y ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas. Otra exigencia es la adopción de medidas semejantes a
las restricciones a la minería metálica a cielo abierto decretadas por
autoridades de otros países.
Para leer el veredicto completo, entre en: http://tribunaldesalud.org/veredicto/
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