El Salvador: EEUU amenaza retirar cooperación si no se resuelve conflicto institucional

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Ricardo Vaquerano - elfaro.net

Un tercer miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense se sumó este miércoles al coro de voces internacionales que piden a El Salvador resolver la crisis desatada cuando la Asamblea Legislativa desafió las sentencias de inconstitucionalidad sobre la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. 

Richard Lugar, senador republicano por Indiana, recibió en Washington, D.C. al canciller salvadoreño, Hugo Martínez, y en una declaración posterior dijo temer el "descarrilamiento total" del avance institucional en el país centroamericano.

Lugar es el líder de los senadores republicanos en el Comité formado por 17 personas y dirigido por el demócrata John Kerry. "El senador Dick Lugar se reunió hoy con el ministro salvadoreño de relaciones exteriores, Hugo Martínez, para discutir la crisis que afecta el estado de derecho y la independencia judicial en ese país", informó el político en su página oficial en internet.

Martínez visita Washington por encargo del presidente Mauricio Funes. Junto al secretario técnico de la presidencia, Álex Segovia, el objetivo de los dos funcionarios es aclarar al gobierno estadounidense la situación. El viernes pasado, Funes dijo que no podía aceptar que le llamaran golpista -como hizo la Asociación Nacional de la Empresa Privada- cuando en la controversia entre Asamblea y Sala de lo Constitucional, lo único que él ha hecho es opinar que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) tiene competencia para determinar quién tiene la razón.

Precisamente esa fue una de las preguntas de Lugar al ministro salvadoreño en su sesión de este miércoles. "El senador le pidió a Martínez que explicara los fundamentos para que la Asamblea Legislativa acudiera a la Corte Centroamericana en busca de que esta revocara las sentencias de la Corte Suprema salvadoreña", dice la página en internet del senador.

Hace 10 días, los senadores Robert Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano, pidieron al gobierno de Barack Obama que considere la posibilidad de tomar represalias contra los responsables de la crisis institucional. Sugerían a Obama suspender las visas a funcionarios salvadoreños que fueran identificados como promotores de lo que consideraron una amenaza a la independencia judicial. Menéndez y Rubio también pertenecen al comité del cual Lugar es vicepresidente.

La Cancillería salvadoreña informó en su página en internet sobre la reunión, pero el tono de la información es muy contrastante respecto de cómo la presentó Lugar. "Canciller sostiene reunión con senador Lugar", tituló el Ministerio salvadoreño su nota. En cambio, la página de Lugar evidenció el intento de presionar a El Salvador: "Lugar advierte al gobierno salvadoreño que se abstenga de politizar las instituciones judiciales".

Relaciones Exteriores dijo que Martínez expuso al senador el inicio de las conversaciones formales entre el presidente Funes y los dirigentes de los partidos políticos en busca de un acuerdo de una solución, que tuvo lugar el martes en Casa Presidencial. En esa sesión el acuerdo principal fue buscar un compromiso que pase por respetar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia siempre y cuando estas estén "apegadas al texto de la Constitución".

Este jueves se realizó el segundo encuentro, en el que según la diputada Lorena Peña, del FMLN, se debatió las posibilidades de "ratificar lo actuado" en 2006 y 2012, y "regresar a Belarmino Jaime a la Sala de lo Constitucional".

Funes, al final de la reunión, a las 8 de la noche, dijo que no había aún un acuerdo integral, pero sí acuerdos parciales, que no quiso detallar. Porque otro acuerdo fue, precisamente, mantener en reserva los avances. "Aún no logramos un acuerdo integral que nos permita decir que está superada la crisis", dijo. Dijo que se revisó la situación de las elecciones de magistrados correspondientes a 2006 y 2012, y que también se habló de la elección de 2009, que es cuando surgió la actual Sala de lo Constitucional. "Recordemos que hay una comisión de antejuicio en la Asamblea Legislativa", dijo Funes, al referirse a una comisión que en realidad ha sido montada para determinar si los nombramientos de 2009 fueron legales. Funes mencionó el caso del magistrado constitucionalista Rodolfo González, quien en 2004 tuvo una denuncia por "violencia sicológica" de parte de su excónyuge, que se resolvió en un juzgado de Familia con que tanto González como su exesposa recibieran terapia para ser mejores padres.

En su reunión con Lugar, el canciller salvadoreño también explicó los resultados de las reuniones que él y el secretario técnico tuvieron el día 23 con representantes de la Agencia para el Desarrollo Internacional, del Departamento de Estado y de la Cuenta del Reto del Milenio, informó la Cancillería. No dijo cuáles habían sido los resultados de esas reuniones.

Menéndez y Rubio habían hablado de la posibilidad de gestionar que la administración Obama revise si concede a El Salvador otro paquete de ayuda dentro de la Cuenta del Reto del Milenio (CRM), que ya está por concluir el proyecto de la Longitudinal del Norte, denominado Fomilenio. El gobierno de Funes espera la concesión de una nueva ayuda para echar a andar proyectos de desarrollo en la zona costera salvadoreña.

Lugar también se refirió al Fomilenio y lo hizo con una advertencia. "Aunque yo apoyo los esfuerzos que han iniciado los partidos políticos y el presidente Funes para resolver el entrampamiento, tengo la plena confianza de que si no se alcanza una oportuna solución constitucional, los funcionarios salvadoreños quedan advertidos de que la eligibilidad para recibir fondos de la CRM está condicionada", dijo.

En su reunión del martes, los dirigentes partidarios firmaron un acta en la que se comprometieron a construir un acuerdo que pase por acatar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Pero al final agregaron un matiz importante: que esas sentencias se apeguen al texto constitucional. Esto, en la práctica, podría significar que la Asamblea persista en su desacato, ya que uno de los argumentos para desobedecer los fallos judiciales hasta ahora ha sido que los magistrados hicieron una interpretación de la Constitución más allá de lo explícito que esta establece literalmente.

El senador, sin embargo, fue muy enfático en este punto y dijo a Martínez que el acuerdo a que se llegue debe ser incontrovertible en cuanto a que garantice la independencia y separación de poderes. "El apoyo en el Congreso estadounidense para que El Salvador reciba nuevos fondos de la CRM se podría erosionar si hay dudas respecto del compromiso de El Salvador con el estado de derecho, gobierno transparente y la independencia de los Órganos del Estado", sentenció.

Lugar dijo que los reportes que le han llegado desde El Salvador son que en este país hay esfuerzos por "alinear la Corte Suprema" en favor del partido FMLN. Dijo que tiene el temor de que si la situación no se resuelve antes de la fecha prevista en que la Corte Centroamericana emita resolución, el conflcito pueda empeorar. "Para evitar cualquier retroceso o incluso el completo descarrilamiento del progreso que ha experimentado El Salvador, esta crisis tiene que resolverse inmediatamente", dijo. El senador republicano no hace tampoco mención de los otros partidos involucrados en la crisis junto al FMLN: CN, PES y GANA.

Los diputados de esos partidos aseguran que la Constitución les da la atribución de desobedecer un fallo judicial si están convencidos de que este atenta contra la Constitución, y analizan la posibilidad de declarar inexistente la elección de los magistrados nombrados en julio de 2009, que son los mismos que con sus sentencias fueron granjeándose la enemistad de los dirigentes políticos.

Con la elección de los cinco magitrados elegidos en 2006 declarada inconstitucional, y con los cinco magistrados nombrados el 24 de abril pasado en igual condición, si la Asamblea decide que los cinco jueces designados en 2009 fueron resultado de un proceso viciado, El Salvador podría tener una Corte Suprema con sus 15 magistrados vetados por instituciones del Estado.

El presidente Funes recibirá este jueves a los dirigentes de los partidos políticos para realizar su segunda jornada de trabajo en busca del acuerdo que resuelva el entrampamiento.