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| Foto G. Trucchi ALBA SUD/Rel-UITA |
Reportaje sobre la represión desatada en torno al Ingenio Chabil Utzaj, recientemente adquirido por el coloso nicaragüense Grupo Pellas, en un conflicto agrario provocado por la expansión de los monocultivos.
Por Giorgio Trucchi - ALBA SUD/Rel-UITA
Hace un año el coloso nicaragüense Grupo Pellas asumió el control del
Ingenio Chabil Utzaj, en el Valle del Polochic, Alta Verapaz,
Guatemala. Socios minoritarios, vendedores y arrendadores de tierras le
“limpiaron la mesa”, desalojando y dejando en desamparo a cientos de
familias q’eqchi’s que durante generaciones venían habitando y
trabajando en sus fértiles tierras. Sus vidas están ahora en peligro y
su lucha está siendo criminalizada.
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Miles
de personas con mantas y banderas flameando bajo el sol se movilizan
por las carreteras que conducen a la capital guatemalteca. Hombres y
mujeres, jóvenes, adultos y ancianos recorren más de 200 kilómetros a
pie. Nueve días de marcha durante los cuales se comparten temores,
esperanzas y sueños, pero también proyectos, firmes propósitos de cambio
y demandas a gobernantes acostumbrados a desoír el clamor de los
pueblos originarios.
“No aceptamos migajas del gobierno. Exigimos
una solución inmediata a la histórica conflictividad agraria que existe
en Guatemala. Una conflictividad que solo se puede resolver aprobando
una Ley de Desarrollo Rural Integral, permitiendo el acceso a la tierra,
deteniendo los desalojos y respetando nuestra decisión de rechazar la
explotación minera, las hidroeléctricas y los demás megaproyectos.
Queremos que se condone la deuda agraria que suma más de 300 millones de
quetzales (38.5 millones de dólares), que se desmilitaricen nuestras
comunidades y que se deje de criminalizar la lucha de los pueblos
indígenas y campesinos”, dijo Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina
(CUC), durante la Marcha indígena, campesina y popular por la defensa
de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el
Desarrollo Rural Integral, realizada en marzo de 2012.
Esta
movilización obligó a tres poderes del Estado, incluyendo al recién
instalado presidente y ex general Otto Pérez Molina y a su gobierno, a
firmar compromisos para dar solución a las diversas y profundas
problemáticas agrarias que el país arrastra desde hace muchas décadas, y
que se han profundizado con la masiva implementación de los
monocultivos a gran escala.
Entre los puntos acordados destaca el cumplimiento con las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a favor de las 14 comunidades desalojadas violentemente hace un
año en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, así como abordar con
prioridad inmediata la conflictividad agraria en esta zona. En este
sentido, el gobierno se comprometió a utilizar recursos de la Secretaría
de Asuntos Agrarios, para que no menos de 300 familias afectadas al año
tengan acceso a la tierra.
También se comprometió a garantizar
que las empresas de seguridad privadas contratadas por el Ingenio Chabil
Utzaj, flamante nueva adquisición del coloso nicaragüense Grupo Pellas,
ni cualquier otro grupo de fuerza irregular intervengan en esta área,
respetando el derecho que tiene la población de no ser víctima de
presiones y amenazas por parte de dichas fuerzas.
“Las demandas
son claras. De no atenderlas se agudizaría más el conflicto, lo cual
evidenciaría las intenciones de mantener un sistema excluyente que ha
llevado a este país a situaciones de profundas contradicciones”, señala
un comunicado de las organizaciones convocantes de la marcha, las cuales
están pendientes de las fechas topes plasmadas en los Acuerdos.
“Limpiar la mesa” en el Polochic
Cuando el año 2005 la familia Widmann,
una de las más poderosas del país y cuyo mayor exponente es Carlos
Widmann Lagarde, cuñado del ex presidente guatemalteco Oscar Berger
Perdomo, decidió trasladar el Ingenio Guadalupe de la costa sur de
Guatemala al Valle del Polochic, dando vida al Ingenio Chabil Utzaj
(Buena Caña en idioma q’eqchi’), muchas de las comunidades de etnía
q’eqchi’ que vivían en la zona no sospecharon que, muy pronto, se
enfrentarían al inicio de una nueva temporada de violencia y represión.
El
proyecto, que incluía la adquisición de unas 3.600 hectáreas y el
arrendamiento de 1.800 más para sembrar caña de azúcar, los Widmann
obtuvieron un préstamo del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) de 32 millones de dólares, de los cuales fueron desembolsados 28.5 millones.
La
situación se precipitó cuando decenas de fincas, en cuyas tierras
trabajaban y vivían cientos de familias q’eqchi’s bajo el régimen de
colonato [1], entraron a formar parte de dicho proyecto de monocultivo.
“Para estas personas no existe derecho alguno relacionado con el tiempo
de posesión y los patronos pueden echarlos en cualquier momento. Si las
familias permanecen, se les acusa de usurpación, se les desaloja y se
les persigue, sin pagarles prestaciones laborales o reconocer su
histórico derecho sobre la tierra que han ocupado por generaciones”,
explica en una nota Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre.
Este
proceso de despojo se había iniciado a finales del siglo XIX con la
Reforma Liberal, al abrirse el gobierno guatemalteco a la inversión
extranjera. En el valle del Polochic se concentraron los emigrantes
alemanes, a los cuales se les otorgaron tierras ya ocupadas por las
poblaciones q’eqchi’s. “De esa manera, los antiguos habitantes se
convirtieron en trabajadores de los colonos alemanes y los que están
siendo desalojados en estos días son sus descendientes. Así que el
proceso de despojo viene de muy lejos, pero se profundiza más con la
introducción de los monocultivos de palma africana y de caña de azúcar”,
dijo Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del CUC.
Según el
dirigente campesino, el interés de los Widmann y del Ingenio Chabil
Utzaj S.A. por comprar tierra en el Valle del Polochic generó un
mecanismo perverso de incentivo a la venta o arrendamiento de fincas,
muchas de ellas de pertenencia muy dudosa como, por ejemplo, las grandes
extensiones de tierras que pertenecieron al terrateniente Flavio
Monzón, uno de los principales responsables de la masacre de Panzós del 29 de mayo de 1978, y que heredó a sus hijos.
El
resultado fue el desalojo masivo de los mozos colonos que durante
generaciones enteras venían habitando y trabajando parte de dichas
fincas. “Los supuestos propietarios comenzaron a sacar a las
comunidades, pese a que con muchas de ellas ya tenían negociaciones
avanzadas para la adquisición de la tierra. Prefirieron vender o
arrendar a las grandes compañías y para hacerlo tuvieron que ‘limpiar la
mesa’, desalojando a todas estas familias que reclaman derechos
históricos sobre las tierras”, aseveró Barrientos.
Monocultivos y hambre
Laura
Hurtado, sociologa, investigadora y profunda conocedora de los impactos
que genera la expansión de los monocultivos para la producción de
agrocombustibles en Guatemala, asegura que existe una relación directa
entre este fenómeno y la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria de
la población.
En el estudio “Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala”,
Hurtado explica que “la pérdida de tierras destinadas anteriormente a
la producción de alimentos a causa de la expansión sin precedentes de
las plantaciones destinadas a la producción de agrocombustibles,
principalmente de palma africana y caña de azúcar, está cambiando de
manera acelerada la fisonomía del agro guatemalteco y conlleva una merma
considerable en la producción nacional de granos básicos y alimentos,
misma que ha venido siendo debilitada de manera sistemática por las
políticas neoliberales de los últimos años”.
En efecto, en la
última década, Guatemala pasó de ser un país autosuficiente en términos
alimentarios, a un país dependiente de la importación de alimentos.
Según datos de FAOSTAT,
entre 1990 y 2005 la producción nacional de trigo se redujo en 80.4 por
ciento, la de frijol en 25.9, la de arroz en 22.7 y la de maíz en 22.2
por ciento.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) detalla que hasta 2003, 49 fincas se dedicaban a la producción de
palma africana con una superficie total de 31,185 hectáreas (has). La
Encuesta Agropecuaria 2007 estableció que para ese año el número de
fincas destinadas a este producto habría aumentado a 1,049 y la
superficie cultivada se habría extendido a 65,340 has. En 2011 se estima
que el área sembrada de palma africana se acercó a las 100,000 has, con
una producción de 140 mil toneladas métricas anuales de aceite.
En
cuanto a la caña de azúcar, el estudio de Hurtado revela que en 2003 la
producción nacional abarcaba una extensión total de 188,775 has. Solo
el departamento de Escuintla, en la costa sur del país, concentraba el
87 por ciento de la producción total. Para 2007, la Encuesta
Agropecuaria estimó que la producción de caña de azúcar habría crecido
en un 1.55 por ciento, aumentando a nivel nacional la superficie
destinada a este cultivo a 260,896 has, datos que se mantuvieron
estables durante los siguientes años.
Hurtado explica también que
la producción y el procesamiento, tanto de palma africana como de caña
de azúcar, se encuentran altamente concentrados en muy pocas empresas y
corporaciones [2], lo cual genera procesos de concentración y
reconcentración de la propiedad agraria, agudizando de esa manera la
problemática del acceso a la tierra para las y los campesinos.
“Son
procesos que expulsan a las comunidades, suprimen importantes áreas
anteriormente destinadas a la producción de granos básicos y alimentos
en general, eliminan la cobertura boscosa y generan movimiento de
tierras, drenaje y desecado de pantanos, lagunas y otras fuentes de
agua. Es decir, hay una mayor fragmentación o bien la eliminación total
de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad”, apunta la investigadora
guatemalteca.
Para Barrientos, ese modelo de monocultivo gozaría
del apoyo y complicidad del Estado y de los grandes medios de
comunicación. “Hay una efectiva criminalización de la lucha y protesta
social a través de la persecución judicial, la descalificación de las
demandas campesinas y las campañas de desprestigio contra los líderes y
dirigentes campesinos, por parte de los medios de comunicación que están
al servicio de las empresas y las transnacionales. De esa manera
pretenden crear una opinión pública que condene las luchas por el acceso
a la tierra y quienes las encabezan, legitimando el saqueo de los
recursos naturales que impone el modelo neoliberal en todo el continente
”, apuntó el secretario ejecutivo del CUC.
Una situación que Hurtado considera contraria al espíritu de los Acuerdos de Paz
(1996), donde el Estado se comprometió a promover la democratización de
la tenencia de la tierra y el acceso de los campesinos a ella. “Lo que
ocurrió en el Valle del Polochic con la venta de las tierras a las
empresas agroindustriales –como el Ingenio Chabil Utzaj S.A.
(Widmann-Grupo Pellas) o Palmas de Desarrollo S.A. PADESA y Grasas y
Aceite S.A. (Grupo Maegli)– ha sido un alineamiento de las políticas
institucionales del Estado y los recursos de las instituciones
financieras internacionales a los intereses de dichas empresas, en
detrimento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población
campesina”, afirmó Hurtado a ALBA SUD/Rel-UITA.
La investigadora
subrayó también que, si bien la siembra de caña y palma africana es hoy
en día destinada a la producción de azúcar, melaza, bebidas alcohólicas,
aceites y grasas comestibles e industriales, lo que verdaderamente ha
estimulado el proceso de acaparamiento de tierras es el creciente y
prometedor mercado internacional del biodiésel y del etanol.
“Puede
ser que ahora el precio internacional sea bajo y que a las empresas les
convenga más otro tipo de producción, sin embargo es evidente que estas
grandes inversiones apuntan al mercado de los agrocombustibles”,
aseguró.
Desalojos y muerte
En la carretera
hacia Cobán, el desvío de San Julián nos abre paso hacia el Valle del
Polochic. Bajando de las montañas a través de un camino tortuoso
llegamos a costear el río Polochic, uno de los principales ríos de
Guatemala que atraviesa varios municipios del sur de Alta Verapaz y
desemboca en el lago de Izabal.
A medida que avanzamos hacia el
fondo del valle nos adentramos por caminos de tierra que se abren entre
inmensas extensiones de caña de azúcar y palma africana. De vez en
cuando, entre las palmas se miran pequeñas siembras de maíz. “Son los
terratenientes que dan permiso a los campesinos para que siembren su
milpa. A cambio les exigen limpiar las palmeras sin pagarles nada y de
esa manera explotan la mano de obra local y ahorran costos”, explica
S.C., que en el Valle del Polochic ha nacido, se ha criado entre
represión y desalojos y que ahora es activista del CUC.
Como
muchas de las personas que tuvieron el valor de intercambiar sus
historias con este corresponsal, S.C. prefirió mantener el anonimato
“porque los sicarios andan por todos lados”, asegura.
Después de
haber logrado el préstamo del BCIE y haber iniciado una fase de
experimentación de la siembra de azúcar, el proyecto del Ingenio Chabil
Utzaj fracasó. En 2010, el Banco Industrial (BI), fiduciario del
fideicomiso de garantía, puso en subasta 37 fincas y todas las
maquinarias,sobre un precio base de 30.2 millones de dólares. Además, el
Ingenio acumuló una fuerte deuda con la municipalidad de Panzós en
concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que nunca pagó.
Pese
a que la subasta fuera cancelada temporalmente por un recurso
interpuesto por el propio Chabil Utzaj S.A., la noticia dio nueva
esperanza a las cientos de familias que habían venido sufriendo
represión y desalojos durante los últimos años.
“Varias
organizaciones acudimos al BCIE y al gobierno para presentar una
propuesta, en la que el Estado asumiría la deuda y desarrollaría un
programa ambicioso para atender la demanda de acceso a la tierra de las
familias campesinas. Sin embargo no fuimos tomados en cuenta y las
comunidades volvieron a recuperar las tierras y a sembrar alimentos”,
explicó Hurtado.
Ante la presión de las familias q’eqchi’s para
volver a vivir en las tierras sobre las cuales reclaman derechos
históricos, en marzo de 2011 se abrió una mesa de negociación y los
Widmann hicieron una propuesta de trasladar las comunidades a otros
lugares. Aparentemente, a los terratenientes y a las autoridades
gubernamentales y judiciales no les importó que las familias presentaran
una contrapropuesta, antes bien iniciaron un desalojo violento de 14
comunidades.
La represión inició el 15 de marzo y fue llevada a
cabo por más de mil efectivos, entre militares y policías, y con la
participación de miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj. Fue
brutal y prolongada, culminando días después con la expulsión de unas
800 familias, la destrucción y quema de viviendas y cultivos y un saldo
de un campesino asesinado, Antonio Beb Ac, de la comunidad Miralvalle, y varios heridos y detenidos.
Una vez “limpia la mesa”, el BCIE anunció la reestructuración del préstamo
a los propietarios del Chabil Utzaj por más de 20 millones de dólares,
supuestamente “para dinamizar un área vulnerable que tiene índices de
pobreza de 84.1 por ciento y 41.2 por ciento de pobreza extrema”, se lee
en una nota de la revista económica digital CentralAméricaData.
Paralelamente, los Widmann hicieron pública la incorporación de la
compañía Guatemala Sugar State Corp. –un vehículo de inversión del Grupo
Pellas en la zona– como nuevo inversionista del proyecto.
En
junio de 2011, directivos de la empresa oficializaron la adquisición por
parte del Grupo Pellas del 88 por ciento del paquete accionario de
Chabil Utzaj S.A., así como una inversión multimillonaria durante el
bienio 2011-2012, que incluye el desembolso de entre 30 y 40 millones de
dólares para un proyecto de generación eléctrica de 12 MW.
“Existe
una relación muy estrecha entre los desalojos del año pasado, la
reactivación del proyecto del Chabil Utzaj y la inversión
multimillonaria del Grupo Pellas. El proyecto estaba en quiebra y
estaban subastando las fincas para pagar las deudas. Con estos brutales
desalojos los Widmann logran salir a flote y el Grupo Pellas recibe un
producto ‘limpio’ y sin fincas ocupadas, elemento necesario para
implementar su plan de expansión de monocultivos y negocios en Centroamérica”, dijo el secretario ejecutivo del CUC.
Pese
a los repetidos intentos por contactar al Grupo Pellas en Nicaragua, la
realización de varias llamadas y el envio de correos electrónicos al
área de comunicación solicitando su versión de los hechos, la empresa
hizo caso omiso a nuestra solicitud.
Medidas cautelares
Después
de los desalojos y quedando sin casa ni alimentos, miles de personas
desamparadas comenzaron a deambular por la zona, en búsqueda de apoyo.
En muchas ocasiones fueron objeto de represalias, hostigamiento,
persecución, amenazas y hasta asesinato [3]. “Fueron desalojos
violentos, desproporcionales e irracionales, en clara contravención de
los estándares internacionales en materia de desalojos y que
significaron una evidente violación a los derechos humanos de las
familias q’eqchi’s. Ante esta situación y la participación directa de
los cuerpos de seguridad privada del Chabil Utzaj en la represión,
varias organizaciones [4]decidimos solicitar medidas cautelares ante la
CIDH, constituyéndonos como peticionarios y solicitando que se
detuvieran los desalojos y se atendiera a la población que se había
quedado sin nada”, dijo Martha García, abogada y coordinadora de la
Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).
El 20 de junio 2011, la
CIDH resolvió favorablemente y solicitó al recién instalado gobierno
guatemalteco adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la
integridad física de los miembros de las 14 comunidades, así como
medidas humanitarias –incluyendo alimentación y albergue– concertándolas
con los beneficiarios y sus representantes. Finalmente, la CIDH
solicitó al gobierno informar sobre las acciones adoptadas por el Estado
a fin de investigar el cumplimiento de las medidas mismas.
Pese a
la urgencia de la situación, García asegura que lo dispuesto por la
CIDH solo se ha cumplido en una mínima parte por la Comisión
Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos (COPREDEH).
“El
Estado quiso realizar un censo para identificar a las familias
beneficiarias y finalmente desconoció los datos que habíamos reportado a
la CIDH, en cuanto a la cantidad de familias y a la necesidad de
viviendas. En octubre tuvimos que volver ante la CIDH para plantear la
necesidad de empezar de inmediato con la distribución de alimento por
una periodo mínimo de cinco meses”, explicó García.
La respuesta
del Estado no llenó las expectativas. El COPREDEH entregó cantidades
mínimas de alimento, incompletas y de mala calidad y sólo durante tres
meses. Actualmente, las organizaciones peticionarias no han logrado
volver a reunirse con los funcionarios del Estado y las entregas de
alimentos fueron suspendidas. Tampoco se pudo avanzar en materia de
vivienda y seguridad de las comunidades.
“En el informe que envió a
la CIDH, el COPREDEH asegura haber cumplido con las medidas cautelares,
lo cual es totalmente falso. En nuestro informe pedimos a la CIDH que
mantenga las medidas y que se pronuncie sobre el tema del acceso a la
tierra. Para nosotros es evidente que si bien la responsabilidad de lo
que está ocueriendo es del Chabil Utzaj, el Estado está contribuyendo a
que pueda actuar en total impunidad y en flagrante violación de los
derechos humanos”, concluyó la abogada.
“Que se vayan del Polochic”
Después
de haber dejado atrás las instalaciones del Chabil Utzaj y los
cañaverales que se pierden mucho más allá de la imperceptible línea del
horizonte, llegamos a la comunidad 8 de Agosto, donde se han reunido
varios miembros de las comunidades desalojadas el año pasado. La gente
se acerca con temor. Pregunta a mi guía y traductor el objetivo de la
visita. Hablan entre ellos, mientras decenas de niños y niñas miran
curiosos.
Finalmente deciden hablar. Nos refugiamos entre la pared
de un edificio y el vehículo parqueado para que nadie nos mire, sobre
todo los guardias de seguridad del Chabil Utzaj, muchos de ellos ex
militares y policías que han participado en los hechos sangrientos de
los años 80. Poco a poco la gente toma confianza, se acerca, comienza a
hablar y el río de palabras sale de forma impetuosa, imparable.
“Mi
familia y yo sufrimos tres desalojos entre 2008 y 2011. Llegaron
cientos de policías, militares y miembros de la seguridad privada del
Chabil Utzaj y nos desalojaron a pura fuerza. Quemaron todo y
destruyeron nuestros cultivos, dejándonos sin nada. Tampoco han cesado
las amenazas y la persecución. Nos acusan de invasores y en mi caso
tengo una orden de captura por usurpación agravada de tierra y siquiera
puedo salir a buscar trabajo. Sin embargo no somos nosotros los que
hemos llegado a invadir la tierra donde nacimos y nos criamos. Es ahí
que queremos vivir, cultivar nuestros alimentos y por eso tenemos que
seguir luchando, sino ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?”, dijo
J.M.C.C. de la comunidad de Bella Flor.
O.B., una joven muchacha
q’eqchi’ de la comunidad de Río Frío, el recuerdo del último desalojo lo
tiene impreso en lo más profundo de su mente y sus ojos se humedecen.
“La mañana del desalojo salí temprano y fui a la huerta a recoger
frijoles para dar de comer a mis hijos. De repente vinieron a avisarme
que estaban desalojando la comunidad de Agua Caliente y comprendimos que
pronto nos iba a pasar lo mismo. Los militares y los guardias del
Ingenio nos dieron pocos minutos para sacar algunas de nuestras
pertenencias y quemaron todo. Se burlaban de nosotros y nos decían que
nada teníamos que hacer ahí porque eramos invasores”, recordó entre
sollozos.
A O.B. le duele mucho recordar esos momentos, pero el
dolor se transforma en desesperación cuando piensa en sus 5 hijos que se
encuentran en un estado de desnutrición grave. “Ha pasado un año y el
Estado no ha cumplido con lo que prometió. No somos nosotros los
invasores, sino estos millonarios que vienen de otros países a sacarnos
de donde nuestras familias viven desde hace siglos. ¡Que nos dejen en
paz! Porque no estamos pidiendo limosna, si no que se respete nuestro
derecho a la tierra para cultivar nuestros propios alimentos, porque no
nos alimentamos con de azúcar, ni mucho menos con palma africana”,
concluyó.
Las familias de la comunidad 8 de Agosto volvieron a
recuperar las tierras después del desalojo y con el apoyo de diferentes
organizaciones, entre ellas el CUC y la Fundación Guillermo Toriello,
están impulsando un proyecto de viviendas que cambiaría su vida. Según
varios documentos en manos del CUC, estas tierras serían del Estado y ya
se presentó demanda para que se las adjudique a la comunidad.
“Es
absurdo pensar que fuimos desalojados sólo por el hecho de que nuestra
comunidad fue incluida en una lista, que fue preparada por los mismos
Widmann y que ni siquiera fue consultada con la orden de desalojo del
juez. Entraron cientos de policías, militares, guardias privados del
Chabil Utzaj y cuadrillas contratadas para arrasar con nuestros
cultivos. Ya no aguatamos tanta violencia y estamos volviendo a vivir
los momentos oscuros de los años 70 y 80”, dijo A.P. de la 8 de Agosto.
J.T.
y G.T., ambos de la misma comunidad, aseguran haber sido repetidamente
hostigados y amenazados por miembros de la seguridad privada del Chabil
Utzaj. “Lanzan piedras a las casas, nos disparan y hasta trataron de
secuestrar a nuestros dos hijos. Pedimos que a nivel internacional se
presione a los Widmann, a los Pellas y al gobierno para que nos dejen
vivir en paz, porque sólo han traído más pobreza, dolor y hambre”, dijo
la pareja q’eqchi.
“Donde fue...”
Nos
adentramos en los cañaverales y recorrimos no sé cuantos kilómetros para
llegar a lo que queda de la comunidad Paraná. Durante el largo
recorrido, S.C. señaló el punto donde hace un año surgían las
comunidades que fueron brutalmente desalojadas: Midalvalle, El Recuerdo,
La Tinajita, Paraná. Ahora, la caña de azúcar oculta cualquier recuerdo
de aquellos asentamientos. Hoy en día nadie podría percatarse de que
ahí, en estos terrenos, cientos de familias vivían su vida libremente.
“Cuando
se prepara para un desalojo, el Ingenio anuncia por las radios locales
que va a necesitar de personal para integrar cuadrillas de trabajo.
Reúnen hasta 300 ó 400 personas y las llevan a las comunidades para
destruir los cultivos con el machete. Después, siempre con la protección
de la policía y mientras los cuerpos armados desalojan a la gente y
queman las casas, empleados del Ingenio pasan con las máquinas para
revolver el terreno y sembrar caña de azúcar. Aprovechan de la miseria
de la gente para encomendarles el trabajo sucio. En poco tiempo ya no
hay rastros de la vida que animaba a estas comunidades”, explicó S.C.
En
Paraná nadie nos está esperando. A la orilla de un camino de tierra
están las champas semi-destruidas donde las familias se reubicaron
después del desalojo. Los guardias privados del Chabil Utzaj atacaron
nuevamente hace unos meses y dispersaron a la gente.
Mientras
esperamos en el vehículo se acerca un hombre. Nos mira de reojo, hace
preguntas a nuestro conductor, vuelve a mirarnos. Es el jefe de los
guardias de seguridad de la zona. La gente se asusta y avisa por celular
que nos vamos a reunir en otro lugar. Nos movilizamos hacia la zona de
las champas y ahí, rodeados de caña, comienzan a llegar algunos de los
miembros de la Paraná.
“Destruyeron y quemaron todo, incluso 48
manzanas de maíz y frijoles y 80 sacos de mazorcas que teníamos
almacenados. Nos trasladamos a vivir a la orilla de la carretera, pero a
la semana llegaron los militares y los guardias a dispararnos e
hirieron a dos compañeros. Dicen que es mentira que hubo muertos y
heridos, pero aquí están las balas con las que nos persiguen y
asesinan”, dijo F.C., enseñándome varias balas de armas de grueso
calibre, supuestamente abandonadas en el lugar después de los ataques, y
varios orificios de bala que destruyeron el techo de lamina de las
champas.
Tanto para F.C. como para su suegro R.T., las familias de
la comunidad de Paraná van a seguir defendiendo su derecho de vivir en
paz en las tierras que fueron de sus antepasados, donde sus abuelos
derramaron su sangre durante el conflicto de los años 70 y 80.
“Más
allá, al fondo, está todavía una fosa común donde enterraron la gente
de Paraná que fue masacrada por los militares después de haber sido
desalojada en los 80. Hoy en día estamos viviendo el mismo horror, solo
por el hecho de estar recuperando la tierra donde nacimos y que nos
fueron sustraídas. Ahora no tenemos donde vivir, con qué alimentarnos y
somos constantemente amenazados. El asesor legal del Chabil Utzaj está
haciendo de todo para dividir a la gente, diciendo que somos invasores y
que nadie debe ayudarnos. El gobierno no nos está ayudando y ya no nos
están entregando comida. Nuestros mártires han muerto luchando por la
tierra y es lo que vamos a seguir haciendo, pero necesitamos de una
solución ya y de que de una vez paren la represión y los asesinatos”,
dijo R.T
También en la comunidad Inup/Agua Caliente, la violencia
fue brutal. Según cuentan M.M. y M.E.P. las 78 familias que integraban
la comunidad fueron desalojadas sin piedad a punta de disparos, golpes y
gas lacrimógeno, con un saldo de varios heridos. “Necesitamos de tierra
para sembrar nuestra comida, tal como lo hicieron nuestros abuelos aquí
en el valle del Polochic. Ahora llega el Ingenio y pretende
arrebatarnos todo. Llega con guardias de seguridad que son muy violentos
y nos persiguen en todo momento. La gente hasta tiene miedo de salir a
la calle por temor de ser asesinada. ¿Por qué nadie investiga lo que ha
ocurrido? ¿Por qué de tanta impunidad”, se preguntó M.M.
Ante
tanta desprotección se espera que la presión internacional y la
contundente marcha campesina, indígena y popular del mes pasado logren
algún resultado concreto.
“Estas empresas hostigan, persiguen y
reprimen a nuestra gente. Es necesario que el gobierno cumpla con los
Acuerdos de Paz en cuanto a la tenencia de la tierra y al financiamiento
para los campesinos. No es posible que sólo beneficie a los
millonarios, porque la madre tierra debe servir para los pueblos y no
para una sola persona que siembra monocultivos. Lamentablemente, lo que
vemos ahora es más pobreza extrema y desnutrición, porque la palma y la
caña no nos alimentan. Lo que el pueblo necesita es de nuestra sagrada
tortilla, de nuestro sagrado frijol. Como pueblos indígenas tenemos que
rescatar nuestra tierra y nuestros recursos naturales”, concluyó G.A.C
de la comunidad Papal Ha.
Fuente original: http://www.albasud.org/blog/es/283/valle-del-polochic-ni-la-cana-de-azucar-ni-la-palma-africana-nos-alimentan
Notas:
[1]
El colonato es un sistema donde a los trabajadores, llamados “mozos
colonos”, se les concede el usufructo de una parcela que se va heredando
de padres a hijos.
[2] Según Laura Hurtado el cultivo de la palma
africana descansa fundamentalmente en seis grandes productores,
mientras que la cañicultura se concentra en quince ingenios azucareros,
algunos de los cuales extienden su radio de operaciones a otros sectores
productivos y geográficamente a Centroamérica y Sudamérica.
[3] El 21 de mayo 2011, guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj asesinaron a Oscar Reyes,
miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y de
la comunidad Canlun. En el ataque se reportaron cinco campesinos heridos
de gravedad, identificados como Santiago Soc, Mario Maquin, Miguel
Choc, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax. El día 4 de junio 2011 fue
asesinada a balazos María Margarita Chub Ché, lideresa de la comunidad
de Paraná, municipio de Panzós, por hombres fuertemente armados que
llegaron en una moto y le atacaron en el patio de la casa en donde se
encontraba.
[4] Unión Latinoamericana de Mujeres por el Derecho a
Defender Nuestros Derechos (ULAM), Fundación Guillermo Toriello (FGT),
Comité de Unidad Campesina (CUC), Equipo Comunitario para Acción
Psicosocial (ECAP) y Derechos en Acción (DA).
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