11.500 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de
trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones
de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo
capitalista, nos hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4
de octubre de 2011 en torno de la defensa de la vida y de la Madre
Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización
conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el
territorio.
1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos
comprobado que la única opción de vida no es el consumismo, la adicción
al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por
la guerra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la alternativa:
territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de
trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera
el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma
sobre la producción de alimentos.
Lamentamos que el gobierno y algunos medios de comunicación insistan
en señalar que estos propósitos, y las movilizaciones que realizamos
para concretarlos, sean amenazas terroristas. Como ha dicho el editorial
de El Tiempo del 3 de octubre, hay un aumento sensible de la
movilización popular; pero se equivoca al ver que tras estas acciones
está la presencia insurgente. El uso rutinario del señalamiento les
impide ver que detrás de la movilización social en realidad está la
respuesta indignada de la gente frente a la destrucción de la
naturaleza, la invasión de los territorios por las industrias
extractivas, el despojo de los bienes naturales, la continuidad de una
estructura agraria inicua —denunciada estos días en el Informe de PNUD.
2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema
político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del
bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a
sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y
la parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar
para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del
problema —la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con
la oligarquía industrial y financiera—, y por el contrario utilizará la
justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de
tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos
del capital.
Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo atrás. Que no
será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores
populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los
derechos; que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta
para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y
construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y
queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir
el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos
humanos, solo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades
construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar
la vida y el territorio.
3. El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los
últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar a cabo —la
conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las
llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas
de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria
minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma,
volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas,— no es
otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y se
sintetizan en lo que podemos llamar la “privatización de los
territorios”, es decir, quitarle a la sociedad y los pueblos el derecho
de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital
privado.
Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando los últimos
meses, son para enfrentar este despojo. En Santurbán (Santander) para
que las decisiones sobre el agua las adopten las comunidades que la
beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la
elección entre comida para las comunidades o energía para las
transnacionales sea una decisión de los pobladores y no de las
burocracias al servicio del capital; en Puerto Gaitán (Meta) para
restituir al país el patrimonio del subsuelo; en La Toma (Cauca) para
que las comunidades afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes
de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir siendo los dueños de su agua y
de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el TLC con los
Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria; en
Bahía Málaga (Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para que los
puertos no destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San
Andrés para que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en
las grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no
sean sitios prohibidos para la población; en Teorama y El Tarra para
impedir que la Madre Tierra sea profanada. Cada una de estas luchas
populares son para impedir la desterritorialización y el despojo.
4. Aunque víctimas del desarrollo y del despojo, nuestras comunidades
han pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado -que debería
ser su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza
inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en
Colombia se vienen dando justo por el camino de defender la Madre
Tierra, los territorios y la soberanía nacional.
Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La captura de los
Estados por los intereses privados ha despertado una ola de indignación
en Europa, Suramérica y los Estados Unidos contra el despojo de la
economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y
nosotras, el derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países.
No dudamos en decir que somos parte de ésos, los indignados y las
indignadas del mundo.
5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes hemos adoptado 7
mandatos temáticos, 10 macroregionales y un Mandato de Mandatos sobre
Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos serios en la
construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y procesos
que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos consideramos
de vital importancia los siguientes:
- Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares
para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la
soberanía popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha
acompañado en este Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento
Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer
paso es la conformación de un espacio de coordinación de los procesos
que nos sumamos a estos mandatos.
- El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle
sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la
merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o
petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la gran minería y la
explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata
e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti,
la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt
Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y
Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las
comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía
nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de
indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la
Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas
constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos,
realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia,
para que salgan del país y sean sancionados.
- El tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales
populares— todas las acciones políticas civiles para construir un camino
hacia la solución política del conflicto armado. La guerra en nuestros
territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la
naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si
el conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la
realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la
exigencia a los actores armados para que respeten el derecho
humanitario —en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea
utilizado como botín de guerra—, y las acciones directas de
desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas
sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y
regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo
año, al cual nos convocamos.
- El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre
Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No
permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico
y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran
latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas
tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y
afrodescendientes— deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos
pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí
donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales
de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el
respeto interétnico para resolverlas.
- El quinto mandato general es constituir a las organizaciones
sociales y comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del
gobierno propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y
protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y
degradación producto de la expansión de la frontera agropecuaria y
minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que amenazan su
disponibilidad.
- El sexto mandato general es construir una economía propia y
articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que
garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a
las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las
prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo
culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida;
no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos
la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros
monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
- El séptimo mandato es realizar una reforma de territorial del país
que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de
las regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de
pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre
las ciudades de Colombia.
- El octavo mandato general es emprender todas las acciones
necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del
exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las semillas
de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas por las
luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre
Tierra, y víctimas de este conflicto.
- Los niños y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato
adicional: debemos consolidar espacios para que deliberen y sus aportes
sean tenidos en cuenta. El futuro del territorio está en peligro si no
despertamos sus corazones y sus conciencias para que lo defiendan.
Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde los
niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar y construir el país de
sus sueños.
Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares.
Los cumpliremos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos
realidad. Llamamos a todos y todas a comprometerse con ellos, a la
intelectualidad a sumarse a esta construcción de país, a los partidos
políticos populares a acatarlos.
Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros
deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!
La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular
Cali, octubre de 2011
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