Foto Efe |
En una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles en reclamo de una
educación de calidad, pública y gratuita, los jóvenes chilenos fueron
reprimidos este miércoles por Carabineros (Policía de Chile), que han
utilizado gases lacrimógenos para dispersar la marcha que se realiza en
Santiago (capital), informó la prensa local.
El presidente de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC),
Giorgio Jackson, condenó los hechos de violencia de este miércoles y
dijo que “nadie puede avalar la violencia y tampoco la represión de la
policía, si lo que hay que hacer es generar igualdad de oportunidades”.
La represión ocurrió en frente de la Universidad de Santiago (Usach) y según el subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, las movilizaciones estudiantiles son una "nueva jornada de violencia".
"Hay grupos que están tremendamente coordinados a fin de generar un cuadro de cierta violencia y alteración del orden público", dijo Ubilla.
Asimismo, señaló que el Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, “condena este tipo de acciones y reitera que los llamados a paralizar el país no ayudan al diálogo”.
Según Ubilla, en la madrugada de este miércoles en el sector norte de la capital chilena, “dos policías recibieron heridas con perdigones”.
La marcha estudiantil, convocada por la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech), el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores, fue autorizada por la Intendencia Metropolitana.
La represión ocurrió en frente de la Universidad de Santiago (Usach) y según el subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, las movilizaciones estudiantiles son una "nueva jornada de violencia".
"Hay grupos que están tremendamente coordinados a fin de generar un cuadro de cierta violencia y alteración del orden público", dijo Ubilla.
Asimismo, señaló que el Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, “condena este tipo de acciones y reitera que los llamados a paralizar el país no ayudan al diálogo”.
Según Ubilla, en la madrugada de este miércoles en el sector norte de la capital chilena, “dos policías recibieron heridas con perdigones”.
La marcha estudiantil, convocada por la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech), el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores, fue autorizada por la Intendencia Metropolitana.
La
corresponsal de teleSUR en Chile, Beatriz Michell informó este miércoles
que "una de las columnas se dirige a Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Chile donde se hará acto central de la protesta".
La movilización culminará en esa facultad, ubicada en la calle Beauchef, lugar donde en la última convocatoria se vivieron enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros.
La convocatoria de este miércoles tiene lugar un día después de que el Gobierno de Piñera anunciara que interpondrá una querella por Ley de Seguridad del Estado para actuar con la fuerza contra quienes generen disturbios.
El anuncio fue hecho por el ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, luego que un grupo de encapuchados quemara un bus del Transantiago en la comuna de Macul.
La Ley de Seguridad del Estado castiga a quienes cometan delitos contra instalaciones o medios empleados para el funcionamiento de servicios públicos. Asimismo, obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras contempladas para cada delito. En este caso, los eventuales culpables podrían recibir penas de entre cinco y 10 años de cárcel.
La movilización culminará en esa facultad, ubicada en la calle Beauchef, lugar donde en la última convocatoria se vivieron enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros.
La convocatoria de este miércoles tiene lugar un día después de que el Gobierno de Piñera anunciara que interpondrá una querella por Ley de Seguridad del Estado para actuar con la fuerza contra quienes generen disturbios.
El anuncio fue hecho por el ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, luego que un grupo de encapuchados quemara un bus del Transantiago en la comuna de Macul.
La Ley de Seguridad del Estado castiga a quienes cometan delitos contra instalaciones o medios empleados para el funcionamiento de servicios públicos. Asimismo, obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras contempladas para cada delito. En este caso, los eventuales culpables podrían recibir penas de entre cinco y 10 años de cárcel.
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