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Por Eduardo Paz Rada - Rebelión
Un nuevo conflicto entre los indígenas del Parque Isidoro Secure, en la
región central de Bolivia, con el gobierno del presidente Evo Morales
Ayma, se ha desencadenado a raíz del proyecto de construcción de una
carretera que vinculará la zona cocalera del Chapare con la región de
las llanuras de Moxos, región en la que, según estudios de prospección
satelital, existen importantes reservas petroleras y grandes extensiones
de recursos forestales, hídricos y de biodiversidad.
La
carretera está financiada por el gobierno brasileño y, en la
inauguración del proyecto, hace dos años, estuvieron presentes el ex
Presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva y el primer mandatario
boliviano, oportunidad en la que se estableció la prioridad de esta
carretera para asegurar la vinculación e integración de importantes
regiones aisladas de las actividades económicas y políticas del país.
La polarización ha sido evidente. Por una parte, las organizaciones indígenas de las tierras bajas, alrededor del tres por ciento de la población boliviana, apoyadas por una variedad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con financiamiento europeo y estadounidense, y sectores medios de las ciudades han manifestado su total oposición a la construcción de la carretera porque afecta el territorio indígena y su habitat y, por otra parte, las autoridades del gobierno y dirigentes de organizaciones sociales afines, como los cocaleros, campesinos y comunidades interculturales se han pronunciado a favor del gobierno, considerando que es necesario el desarrollo de las regiones más pobres del país.
LAS POSIBILIDADES DEL DESARROLLO NACIONAL
El tema de la tierra ha vuelto a ponerse en la agenda central del debate puesto que los campesinos e interculturales consideran que es necesaria la entrega de tierras para las actividades agrícolas a quienes no tienen tierras o la tienen de manera escasa, el 60 de la población rural, mientras que solamente una proporción muy pequeña de la población contaría con gigantescos territorios inexplorados.
Las criticas al gobierno se han amplificado tomando en cuenta que el Presidente Morales se ha convertido, a nivel internacional, en el principal defensor de los Derechos de la Madre Tierra e inclusive en la Asamblea de las Naciones Unidas ha presentado una propuesta de Carta Mundial de defensa de la Tierra frente a las graves consecuencias que está produciendo en el mundo la crisis del cambio climático.
Sin embargo, el plan de Gobierno de implementar una Revolución Industrial y Vial tiene como base la explotación de los recursos naturales para su industrialización y la apertura y construcción de caminos y carreteras, lo que permitiría conseguir mejores condiciones de existencia a los bolivianos y la explotación de riquezas para asegurar el desarrollo, el empleo y los ingresos sostenidos a futuro.
El punto álgido parece ser la necesidad de aprovechar los recursos petroleros tomando en cuenta la necesidad de contar con ingresos seguros para Bolivia en la perspectiva de enfrentar con solvencia la crisis económica mundial que podría afectar a la región en los próximos años.
LAS TRANSNACIONALES AL ACECHO
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las transnacionales más importantes que operan en el país, a través de su principal ejecutivo, Carlos Delius, ha manifestado su adhesión a las políticas gubernamentales de dar mayor ventaja a las petroleras como PETROBRAS, REPSOL, TOTAL y BG, para desarrollar las políticas de exportación de gas. Asimismo, la CBH se ha convertido en el referente y orientador de las decisiones del Ministro de Energía e Hidrocarburos y del Presidente de la estatal YPFB.
En este contexto de debate sobre la administración de los recursos naturales y con las formas más ofensivas y con un lenguaje intervencionista y agresivo, el Secretario de Relaciones del Reino Unido de Gran Bretaña para América Latina, Jeremy Browne, quien visitó Bolivia en julio pasado, puso condiciones al gobierno boliviano para continuar con sus políticas de inversión petrolera y reclamó por la ampliación de los cultivos de coca que contravienen las acciones de represión al consumo de drogas en Europa.
Las actitudes y discursos del inglés Browne fueron realizadas en actos públicos en los cuales las autoridades bolivianas se mantuvieron con un perfil de aceptación, y en algún caso de agradecimiento, ante las agresivas palabras del visitante. El Ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia, José Luis Gutierrez, se mostraba complacido cuando el diplomático defendía las inversiones de la petrolera transnacional British Gas (BG) demandando “seguridad jurídica y preocupación por las inversiones inglesas” y reclamaba la indemnización de 70 millones de dólares a una empresa de generación de energía eléctrica nacionalizada en mayo de 2010, ante la mirada distraída del Presidente de YPFB, Carlos Villegas.
La transnacional BG realiza operaciones en Bolivia en la explotación de gas natural y, en asociación con el consorcio REPSOL de España, opera el campo Margarita, uno de los campos gasíferos más ricos de Bolivia, y Huacaya, teniendo además un contrato por Caipipendi, en la empresa YPFB-Chaco. Por otra parte, Browne reclamó un pago pendiente de 70 millones de dólares por la nacionalización de Guaracachi y RURELEC, empresa de energía eléctrica nacionalizada por el gobierno de Evo Morales.
TAMBIEN EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Por otra parte, aprovechando la “donación” inglesa de un laboratorio forense de 700.000 dólares para la lucha contra el narcotráfico, el inglés reclamó por la existencia de leyes muy laxas en Bolivia y que “la coca boliviana no es positiva para su gobierno (el de Londres) que pretende frenar el consumo de drogas en Europa”. El viceministro responsable del área de control del narcotráfico y de la coca, Felipe Cáceres, escuchó en silencio la exhortación.
De la misma manera que la Vicepresidenta de España Maria Teresa Fernandez de la Vega defendió, hace tres años en su visita a Bolivia, a la transnacional REPSOL, en momentos en que su país “regalaba” ambulancias a Bolivia, ahora el Secretario inglés reclama por la British Gas cuando realiza la “donación” de un laboratorio. Lo que no se toma en cuenta es que durante más de una década (1994-2005) las transnacionales petroleras (British Gas de Inglaterra, Petrobrás de Brasil, Total de Francia, Repsol de España) saquearon el gas boliviano por una cifra superior a los 10.000 millones de dólares y consiguieron, después de la frustrada nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006, nuevos contratos en los que mantienen importantes ganancias y ventajas.
La polarización ha sido evidente. Por una parte, las organizaciones indígenas de las tierras bajas, alrededor del tres por ciento de la población boliviana, apoyadas por una variedad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con financiamiento europeo y estadounidense, y sectores medios de las ciudades han manifestado su total oposición a la construcción de la carretera porque afecta el territorio indígena y su habitat y, por otra parte, las autoridades del gobierno y dirigentes de organizaciones sociales afines, como los cocaleros, campesinos y comunidades interculturales se han pronunciado a favor del gobierno, considerando que es necesario el desarrollo de las regiones más pobres del país.
LAS POSIBILIDADES DEL DESARROLLO NACIONAL
El tema de la tierra ha vuelto a ponerse en la agenda central del debate puesto que los campesinos e interculturales consideran que es necesaria la entrega de tierras para las actividades agrícolas a quienes no tienen tierras o la tienen de manera escasa, el 60 de la población rural, mientras que solamente una proporción muy pequeña de la población contaría con gigantescos territorios inexplorados.
Las criticas al gobierno se han amplificado tomando en cuenta que el Presidente Morales se ha convertido, a nivel internacional, en el principal defensor de los Derechos de la Madre Tierra e inclusive en la Asamblea de las Naciones Unidas ha presentado una propuesta de Carta Mundial de defensa de la Tierra frente a las graves consecuencias que está produciendo en el mundo la crisis del cambio climático.
Sin embargo, el plan de Gobierno de implementar una Revolución Industrial y Vial tiene como base la explotación de los recursos naturales para su industrialización y la apertura y construcción de caminos y carreteras, lo que permitiría conseguir mejores condiciones de existencia a los bolivianos y la explotación de riquezas para asegurar el desarrollo, el empleo y los ingresos sostenidos a futuro.
El punto álgido parece ser la necesidad de aprovechar los recursos petroleros tomando en cuenta la necesidad de contar con ingresos seguros para Bolivia en la perspectiva de enfrentar con solvencia la crisis económica mundial que podría afectar a la región en los próximos años.
LAS TRANSNACIONALES AL ACECHO
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las transnacionales más importantes que operan en el país, a través de su principal ejecutivo, Carlos Delius, ha manifestado su adhesión a las políticas gubernamentales de dar mayor ventaja a las petroleras como PETROBRAS, REPSOL, TOTAL y BG, para desarrollar las políticas de exportación de gas. Asimismo, la CBH se ha convertido en el referente y orientador de las decisiones del Ministro de Energía e Hidrocarburos y del Presidente de la estatal YPFB.
En este contexto de debate sobre la administración de los recursos naturales y con las formas más ofensivas y con un lenguaje intervencionista y agresivo, el Secretario de Relaciones del Reino Unido de Gran Bretaña para América Latina, Jeremy Browne, quien visitó Bolivia en julio pasado, puso condiciones al gobierno boliviano para continuar con sus políticas de inversión petrolera y reclamó por la ampliación de los cultivos de coca que contravienen las acciones de represión al consumo de drogas en Europa.
Las actitudes y discursos del inglés Browne fueron realizadas en actos públicos en los cuales las autoridades bolivianas se mantuvieron con un perfil de aceptación, y en algún caso de agradecimiento, ante las agresivas palabras del visitante. El Ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia, José Luis Gutierrez, se mostraba complacido cuando el diplomático defendía las inversiones de la petrolera transnacional British Gas (BG) demandando “seguridad jurídica y preocupación por las inversiones inglesas” y reclamaba la indemnización de 70 millones de dólares a una empresa de generación de energía eléctrica nacionalizada en mayo de 2010, ante la mirada distraída del Presidente de YPFB, Carlos Villegas.
La transnacional BG realiza operaciones en Bolivia en la explotación de gas natural y, en asociación con el consorcio REPSOL de España, opera el campo Margarita, uno de los campos gasíferos más ricos de Bolivia, y Huacaya, teniendo además un contrato por Caipipendi, en la empresa YPFB-Chaco. Por otra parte, Browne reclamó un pago pendiente de 70 millones de dólares por la nacionalización de Guaracachi y RURELEC, empresa de energía eléctrica nacionalizada por el gobierno de Evo Morales.
TAMBIEN EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Por otra parte, aprovechando la “donación” inglesa de un laboratorio forense de 700.000 dólares para la lucha contra el narcotráfico, el inglés reclamó por la existencia de leyes muy laxas en Bolivia y que “la coca boliviana no es positiva para su gobierno (el de Londres) que pretende frenar el consumo de drogas en Europa”. El viceministro responsable del área de control del narcotráfico y de la coca, Felipe Cáceres, escuchó en silencio la exhortación.
De la misma manera que la Vicepresidenta de España Maria Teresa Fernandez de la Vega defendió, hace tres años en su visita a Bolivia, a la transnacional REPSOL, en momentos en que su país “regalaba” ambulancias a Bolivia, ahora el Secretario inglés reclama por la British Gas cuando realiza la “donación” de un laboratorio. Lo que no se toma en cuenta es que durante más de una década (1994-2005) las transnacionales petroleras (British Gas de Inglaterra, Petrobrás de Brasil, Total de Francia, Repsol de España) saquearon el gas boliviano por una cifra superior a los 10.000 millones de dólares y consiguieron, después de la frustrada nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006, nuevos contratos en los que mantienen importantes ganancias y ventajas.
GAS Y PETRÓLEO: TRANSNACIONALES O YPFB
Respecto a las declaraciones del funcionario inglés sobre la posible inversión de 500 millones de dólares por parte de BG, el director del periódico conservador La Prensa, Diego Canelas, en su editorial del 28 julio, ponderó esas opiniones y afirmó que espera una “genuina reconciliación entre capital privado y Estado” en Bolivia, valorando la apertura del gobierno y las transnacionales para realizar negocios en el sector. Criterio que permite advertir la nueva perspectiva del gobierno de abrirse aún más a las corporaciones petroleras y abandonar definitivamente el mandato popular de la nacionalización e industrialización.
Esta orientación coincide con el papel dirigente y conductor de las políticas petroleras y gasíferas en Bolivia por parte de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), manejada por las transnacionales y que en el pasado conspiró contra el gobierno de Evo Morales, la misma que ha conseguido que el actual Ministro de Hidrocarburos y el Pesidente de YPFB se conviertan en aliados importantes de sus intereses.
Esto se refleja claramente en la ausencia de perspectivas a la industrialización y al uso masivo del gas en las actividades industriales y domésticas internas, ante la priorización de rentas para las transnacionales y el gobierno con gigantescos volúmenes de exportación hacia Brasil y Argentina, en momentos en que la crisis de abastecimiento de gasolina, energía eléctrica, gas licuado y diesel en Bolivia se acrecienta.
ESCÁNDALOS, REPRESIÓN E INTERVENCIÓN COLONIALISTA
Los escándalos y delitos del millonario dueño de medios de comunicación en Inglaterra Rupert Murdoch, aliado del Primer Ministro David Cameron, y las manifestaciones violentas de miles de jóvenes en los barrios de Londres contra la falta de oportunidades, trabajo y futuro no son ningún ejemplo para Bolivia por parte del viejo imperio que aún pretende seguir con su política colonial como la que mantiene con la ocupación de las Islas Malvinas Argentinas, fruto de intervenciones militares piratas en América Latina.
Más aún cuando ha quedado demostrada la política colonialista de Gran Bretaña, junto a Francia y Estados Unidos, con la invasión de Libia utilizando el método de la intervención con los bombardeos masivos de la OTAN y con el objetivo de obtener el control de las reservas petroleras del norte a África. Prueba clara es la inmediata visita de Cameron y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy para “reconocer” al gobierno impuesto por ellos.
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