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Por Diario Co Latino
La UCA no puede aceptar moralmente la resolución del pleno de la CSJ que
obliga a dejar libres a los militares inculpados en la masacre de seis
sacerdotes católicos y dos de sus colaboradoras, en 1989, expresó el
sacerdote jesuita Andreu Oliva, Rector de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas, UCA.
De acuerdo a Oliva, la resolución emitida la semana pasada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “es una decisión política que no está apegada a Derecho”, lo que desacredita al Órgano Judicial porque favorece la impunidad y pone en tela de juicio su capacidad de administrar justicia en el país.
De acuerdo a Oliva, la resolución emitida la semana pasada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “es una decisión política que no está apegada a Derecho”, lo que desacredita al Órgano Judicial porque favorece la impunidad y pone en tela de juicio su capacidad de administrar justicia en el país.
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“Es una resolución que irrespeta el derecho vigente en El Salvador y
el Derecho Internacional. Es una decisión que está fundamentada en la
mentira”, enfatizó el rector ante una audiencia que colmó el Auditorio
“Ignacio Ellacuría” de la UCA. El Rector Oliva disertó, ayer, en la
cátedra de realidad nacional denominada “La masacre en la UCA: análisis y
reflexión sobre el caso en la Audiencia Nacional de España”, en
compañía del ex rector José María Tojeira y de Benjamín Cuéllar,
Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
La máxima autoridad universitaria recordó que la UCA está plenamente dispuesta al perdón pero siguiendo la tradición cristiana y católica del proceso de reconciliación, que implica tres fases ineludibles: La verdad, la justicia y posteriormente el perdón.
Explicó que “el llamado Caso Jesuitas, en el que siempre han estado presentes e incluidas Julia Elba y su hija Celina, no es para nosotros una cuestión de honor”, no obstante, la UCA quiere que se conozca la verdad y se haga justicia en este y todos aquellos casos en que sea posible hacerlo.
“Respetamos profundamente el derecho de las víctimas a buscar justicia, derecho por el cual las instituciones de El Salvador tienen la obligación de actuar de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito, apegándose al derecho internacional y no protegiendo a los acusados”, manifestó.
El 30 de mayo fue girada, por el Juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, el auto de procesamiento contra 20 militares de la Fuerza Armada de El Salvador por ser presuntos responsables de la masacre perpetrada en la UCA, en la que murieron dos mujeres laicas y seis sacerdotes jesuitas. Esta acción del juez español estuvo acompañada por la posterior difusión roja girada por la Policía Internacional (INTERPOL) contra nueve de los implicados.
Desde esa fecha, “la sociedad salvadoreña ha recibido una información muy sesgada sobre el caso”, según denunció Oliva, y agregó que los medios de comunicación han favorecido los argumentos y las opiniones de los victimarios y sus cómplices, contribuyendo a mantener la impunidad por encima de la verdad y la justicia.
Se argumenta que el hecho ya ha sido juzgado, que ya prescribió, que la Ley de Amnistía impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional de España no tiene competencia y que el caso supone abrir las heridas del pasado.
Oliva advirtió que “la mayor parte de la información y opiniones que se han vertido no responden a la realidad”, sino a la defensa de intereses particulares, “en especial de los que en aquellos años decidieron y planificaron masacres contra el pueblo salvadoreño, cuando su deber era defenderlo, y que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado”.
El rector universitario consideró que la principal objeción que se hace es que el juicio abierto en la Audiencia Nacional española no tiene jurisdicción internacional y que con sus acciones está atentando contra la soberanía jurídica nacional.
“Los que afirman esto desconocen la existencia del principio de justicia universal y que éste ha sido aceptado por El Salvador”, razonó el sacerdote jesuita. La legislación salvadoreña reconoce este principio de universalidad en el Artículo 10 del Código Penal.
Recordó también que la Audiencia Nacional de España no hubiera podido abrir el juicio si el caso se hubiera resuelto debidamente en El Salvador y aseguró que tampoco es verdadero que se trata de cosa juzgada. “Sólo fueron juzgados los autores materiales de la masacre y en condiciones nada favorables para establecer justicia, producto de lo cual, varios de ellos fueron absueltos y los que fueron declarados culpables recibieron una condena que no correspondía con la gravedad del crimen”, planteó.
A pesar de ello, la UCA y la Compañía de Jesús “como un acto de buena voluntad aceptaron dicho juicio”. Sin embargo, el juez Eloy Velasco consideró que el proceso fue fraudulento y que en consecuencia no es válido.
Además, los autores intelectuales, “las más altas autoridades de la Fuerza Armada de aquel momento, los que planificaron y ordenaron la masacre, los que en su momento también fueron señalados por la Comisión de la Verdad como responsables de aquel horrendo crimen, nunca han sido sentados en el banquillo de los acusados”.
En el auto de procesamiento, el juez Velasco confirma la teoría de que se conspiró e instigó para asesinar a ocho personas no combatientes e indefensas, y según Oliva, tiene la razonable sospecha de que esas ejecuciones fueron parte de una operación militar ordenada y dirigida desde el más alto nivel castrense junto con la colaboración civil para su encubrimiento.
Pese a lo anterior, la UCA no ha promovido ni es parte del proceso que sigue la audiencia nacional española debido a que “nuestro principal interés es que el sistema judicial salvadoreño funcione y que sea capaz de impartir verdadera justicia”.
Otro de los argumentos usados para evitar la justicia ha sido que la Ley de Amnistía libra a los autores de toda responsabilidad. Oliva expresó que “esta afirmación es falsa, pues la misma jueza del tercer Juzgado de Paz consideró que la Amnistía no es aplicable en este caso debido a la sentencia de la Sala de lo Constitucional” del 26 de septiembre del año 2000, que declaró que dicha Ley no cubre crímenes cometidos por funcionarios del mismo gobierno que la emitió.
Mientras tanto, se ha dicho también que el juicio de los autores intelectuales de la masacre implica reabrir las heridas del pasado. “Es lamentable y absurdo que quienes afirman esto no sean las víctimas del conflicto armado, sino sus principales autores”, se quejó el Rector de la UCA.
Asimismo, exhortó a no olvidar que el partido ARENA, el entonces Presidente Alfredo Cristiani y el Ejercito sólo aceptaron el diálogo y la negociación como la solución al conflicto hasta que la presión internacional, especialmente después del cese de la ayuda militar de EE.UU., les obligó a hacerlo.
Planteó que “la heridas de las víctimas y las de sus familiares siguen abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho nada para curarlas y cerrarlas. No se han pensado ni buscado caminos de reconciliación”.
Defendió que la amnistía, que fue precipitada en el tiempo y en su enfoque, no hizo desaparecer la cultura de la impunidad, sino que la reforzó. E indicó que durante años esto ha hecho intocables a los poderosos y les ha facilitado seguir acumulando riquezas y poder.
“Que los principales responsables reconozcan con humildad sus delitos y pidan perdón por ellos a las víctimas y a la sociedad entera, serían pasos trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños y salvadoreñas”, concluyó el sacerdote y rector Oliva.
José María Tojeira, religioso jesuita y ex rector de la UCA, reforzó la idea de la verdad, justicia y perdón. “La verdad es el derecho más básico de las víctimas y la sociedad”, expresó durante su intervención.
De igual manera, resumió que sin la verdad no es posible la justicia y la reparación, así como no es posible el desarrollo de una sociedad libre y democrática, y es el único camino para romper con la impunidad y reconstruir el tejido social salvadoreño.
La máxima autoridad universitaria recordó que la UCA está plenamente dispuesta al perdón pero siguiendo la tradición cristiana y católica del proceso de reconciliación, que implica tres fases ineludibles: La verdad, la justicia y posteriormente el perdón.
Explicó que “el llamado Caso Jesuitas, en el que siempre han estado presentes e incluidas Julia Elba y su hija Celina, no es para nosotros una cuestión de honor”, no obstante, la UCA quiere que se conozca la verdad y se haga justicia en este y todos aquellos casos en que sea posible hacerlo.
“Respetamos profundamente el derecho de las víctimas a buscar justicia, derecho por el cual las instituciones de El Salvador tienen la obligación de actuar de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito, apegándose al derecho internacional y no protegiendo a los acusados”, manifestó.
El 30 de mayo fue girada, por el Juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, el auto de procesamiento contra 20 militares de la Fuerza Armada de El Salvador por ser presuntos responsables de la masacre perpetrada en la UCA, en la que murieron dos mujeres laicas y seis sacerdotes jesuitas. Esta acción del juez español estuvo acompañada por la posterior difusión roja girada por la Policía Internacional (INTERPOL) contra nueve de los implicados.
Desde esa fecha, “la sociedad salvadoreña ha recibido una información muy sesgada sobre el caso”, según denunció Oliva, y agregó que los medios de comunicación han favorecido los argumentos y las opiniones de los victimarios y sus cómplices, contribuyendo a mantener la impunidad por encima de la verdad y la justicia.
Se argumenta que el hecho ya ha sido juzgado, que ya prescribió, que la Ley de Amnistía impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional de España no tiene competencia y que el caso supone abrir las heridas del pasado.
Oliva advirtió que “la mayor parte de la información y opiniones que se han vertido no responden a la realidad”, sino a la defensa de intereses particulares, “en especial de los que en aquellos años decidieron y planificaron masacres contra el pueblo salvadoreño, cuando su deber era defenderlo, y que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado”.
El rector universitario consideró que la principal objeción que se hace es que el juicio abierto en la Audiencia Nacional española no tiene jurisdicción internacional y que con sus acciones está atentando contra la soberanía jurídica nacional.
“Los que afirman esto desconocen la existencia del principio de justicia universal y que éste ha sido aceptado por El Salvador”, razonó el sacerdote jesuita. La legislación salvadoreña reconoce este principio de universalidad en el Artículo 10 del Código Penal.
Recordó también que la Audiencia Nacional de España no hubiera podido abrir el juicio si el caso se hubiera resuelto debidamente en El Salvador y aseguró que tampoco es verdadero que se trata de cosa juzgada. “Sólo fueron juzgados los autores materiales de la masacre y en condiciones nada favorables para establecer justicia, producto de lo cual, varios de ellos fueron absueltos y los que fueron declarados culpables recibieron una condena que no correspondía con la gravedad del crimen”, planteó.
A pesar de ello, la UCA y la Compañía de Jesús “como un acto de buena voluntad aceptaron dicho juicio”. Sin embargo, el juez Eloy Velasco consideró que el proceso fue fraudulento y que en consecuencia no es válido.
Además, los autores intelectuales, “las más altas autoridades de la Fuerza Armada de aquel momento, los que planificaron y ordenaron la masacre, los que en su momento también fueron señalados por la Comisión de la Verdad como responsables de aquel horrendo crimen, nunca han sido sentados en el banquillo de los acusados”.
En el auto de procesamiento, el juez Velasco confirma la teoría de que se conspiró e instigó para asesinar a ocho personas no combatientes e indefensas, y según Oliva, tiene la razonable sospecha de que esas ejecuciones fueron parte de una operación militar ordenada y dirigida desde el más alto nivel castrense junto con la colaboración civil para su encubrimiento.
Pese a lo anterior, la UCA no ha promovido ni es parte del proceso que sigue la audiencia nacional española debido a que “nuestro principal interés es que el sistema judicial salvadoreño funcione y que sea capaz de impartir verdadera justicia”.
Otro de los argumentos usados para evitar la justicia ha sido que la Ley de Amnistía libra a los autores de toda responsabilidad. Oliva expresó que “esta afirmación es falsa, pues la misma jueza del tercer Juzgado de Paz consideró que la Amnistía no es aplicable en este caso debido a la sentencia de la Sala de lo Constitucional” del 26 de septiembre del año 2000, que declaró que dicha Ley no cubre crímenes cometidos por funcionarios del mismo gobierno que la emitió.
Mientras tanto, se ha dicho también que el juicio de los autores intelectuales de la masacre implica reabrir las heridas del pasado. “Es lamentable y absurdo que quienes afirman esto no sean las víctimas del conflicto armado, sino sus principales autores”, se quejó el Rector de la UCA.
Asimismo, exhortó a no olvidar que el partido ARENA, el entonces Presidente Alfredo Cristiani y el Ejercito sólo aceptaron el diálogo y la negociación como la solución al conflicto hasta que la presión internacional, especialmente después del cese de la ayuda militar de EE.UU., les obligó a hacerlo.
Planteó que “la heridas de las víctimas y las de sus familiares siguen abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho nada para curarlas y cerrarlas. No se han pensado ni buscado caminos de reconciliación”.
Defendió que la amnistía, que fue precipitada en el tiempo y en su enfoque, no hizo desaparecer la cultura de la impunidad, sino que la reforzó. E indicó que durante años esto ha hecho intocables a los poderosos y les ha facilitado seguir acumulando riquezas y poder.
“Que los principales responsables reconozcan con humildad sus delitos y pidan perdón por ellos a las víctimas y a la sociedad entera, serían pasos trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños y salvadoreñas”, concluyó el sacerdote y rector Oliva.
José María Tojeira, religioso jesuita y ex rector de la UCA, reforzó la idea de la verdad, justicia y perdón. “La verdad es el derecho más básico de las víctimas y la sociedad”, expresó durante su intervención.
De igual manera, resumió que sin la verdad no es posible la justicia y la reparación, así como no es posible el desarrollo de una sociedad libre y democrática, y es el único camino para romper con la impunidad y reconstruir el tejido social salvadoreño.
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