A la comunidad nacional, al gobierno de la República y a la comunidad internacional, sobre las ejecuciones de campesinos y líderes populares en el
Bajo Aguán y el acelerado deterioro de la situación de los derechos
humanos en el país
Los regímenes surgidos después del golpe de Estado de junio de 2009,
ungidos por el gobierno norteamericano, por la camarilla empresarial que
ha saqueado el país y por las iglesias fundamentalistas, han reeditado
la represión que, en la década del ochenta, sumió a Honduras en el
dolor.
Si ayer un militarismo fanático, fascista y brutal entrenó y formó
grupos de asesinos para que secuestraran, mataran y desaparecieran
selectiva y clandestinamente a dirigentes populares y políticos, hoy,
ese militarismo que por muchos años se mantuvo larvado, reeditado quizás
ahora con mejor equipo y mayores entusiasmos antipopulares, ha vuelto a
la luz para emprender tareas de exterminio en el lugar que les señalen.
Justo cuando se suponía que tenía que mejorar esa situación, a raíz
del Acuerdo de Cartagena y cuando los presidentes de Honduras y Colombia
declaran que se está cumpliendo con el compromiso de respeto a los
derechos humanos, los hechos sangrientos de los últimos días revelan una
involución, especialmente porque se ha criminalizado al movimiento
campesino señalando la existencia de vínculos con fuerzas guerrilleras
entrenadas y financiadas por gobiernos extranjeros y con
narcotraficantes cuyos socios son otros.
Si la situación es grave en todo el país, en el agro y especialmente
en la región del Bajo Aguán, es insostenible. El cómputo de los muertos
ya sobrepasa al medio centenar.
El envío de contingentes militares regulares pretende desviar o
desdibujar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la presencia de
escuadrones de asesinos y en la protección a elementos represivos de
índole particular que campean en la región y los cuales se conocen por
su vocación provocadora y homicida. Asimismo, la forma cómo se está
manejando el problema permite deducir que lo que se busca es agotar la
capacidad de lucha de los campesinos para imponer una solución
mediatizada que privilegie los intereses de grandes empresarios del agro
en la zona.
Pero la ceguera del gobierno, sus compromisos con la gran empresa y
su desconocimiento de las leyes sociales les impide ver que, en la lucha
campesina, no habrá agotamiento y que, de no encontrarse pronto una
solución justa y democrática a la problemática agraria, la región del
Aguán puede convertirse en la puerta de entrada para acciones de mayor
envergadura en donde estaría comprometido todo el futuro del país.
Se ha llegado a una etapa clave en la escalada violenta; un momento
dramático y sangriento que nos obliga, a los firmantes académicos e
intelectuales, artistas y creadores de las más diversas filiaciones, a
denunciar el comportamiento vil de las fuerzas que pretenden resolver
los conflictos estructurales latentes de nuestra sociedad por la vía del
crimen político, del asesinato a sangre fría y la intimidación de las
organizaciones.
Nos escandaliza, también, que, pese a la evidencia, la generalidad
del sistema mediático, identificado con el golpe de Estado y que repite
las líneas de la propaganda oficialista, desestima los síntomas de
degradación social y política y continúa fingiendo que aquí no pasa
nada. Así, los feminicidios se imputan, como dice la policía, al perfil
de las víctimas; se afirma que los crímenes contra los líderes populares
son producto de la delincuencia común; se vinculan al narcotráfico o
son el resultado de riñas intestinas. Se ha llegado, incluso, al extremo
de minusvalorar o tergiversar el asesinato de un estudiante adolescente
que participaba en una manifestación pacífica en el portón de su
escuela.
Los crímenes permanecen en perfecta impunidad y se reproducen cada
vez con mayor saña y crueldad, en el marco de una estrategia para
infundir el miedo, castrar el ánimo batallador de nuestro pueblo y matar
su esperanza.
Entendemos la importancia de la agroindustria y de la seguridad
jurídica, que solo puede establecerse sobre una ley consensuada. No
pretendemos dictar líneas de política, sino llamar la atención sobre el
salvajismo con el cual se pretende sofocar las justas demandas sociales.
La violencia incontrolable supone un Estado incapaz de mantener el
orden y garantizar la convivencia, atributos sine qua non de la soberanía y la legitimidad.
Por lo anterior, los abajo firmantes, urgimos a la comunidad
internacional y nacional a pronunciarse contra el desangramiento
permanente que ocurre en el Bajo Aguán. Cada vida segada en aras de
satisfacer los intereses de la oligarquía nacional y de sus vínculos
transnacionales económicos y políticos, es un crimen más de lesa
humanidad que aleja la posibilidad de reconstruir la convivencia.
Firmas
Rodolfo Pastor Fasquelle, historiador; Darío A. Euraque, historiador;
Teresa de Maria Campos, antropóloga y artista; Helen Umaña,
escritora; Isadora Paz, socióloga y artista de la danza; Aníbal Delgado
Fiallos, sociólogo; Mario Gallardo, escritor; Mario Ardón Mejía,
antropólogo; Adrienne Pine, antropóloga; Armando García, escritor y
fotógrafo; Geraldina Tercero, antropóloga; Manuel de Jesús Pineda,
escritor; Roxana Pastor Fasquelle, educadora; Guillermo Mejía,
periodista; Eduardo Bähr, escritor; Débora Ramos, escritora; José
Antonio Fúnez, escritor y diplomático; Dana Frank, historiadora; Julio
Escoto, escritor, Patricia Murillo, periodista; Gustavo Larach,
historiador del arte; María de los Ángeles Mendoza, historiador; A.
Flores publicista; Allan Fajardo, sociólogo y empresario; Anarella
Vélez, historiadora; Héctor Martínez Motiño, economista; Emilio
Guerrero, escritor y empresario; Héctor Castillo, artista; Jorge
Martínez, escritor, Sergio Raúl Rodríguez, músico; Víctor Manuel Ramos,
médico y escritor; Mayra J. Mejía del Cid, abogada; Héctor Valerio,
médico y empresario; Marcio Valenzuela, ingeniero y empresario; Gustavo
Zelaya, filósofo e historiador; Rosa María Messen Ghidinelli, socióloga;
Jorge A. Amaya Banegas, historiador; Daniel Reichman, antropólogo;
Oscar A. Puerto Posas, economista; Russel Sheptak, historiador e
ingeniero en computo; Rosemary Joyce, antropóloga; Mauricio de Maria
Campos, economista, y diplomático; Iris Mecía, poeta y periodista;
Joaquín Portillo historiador, Isbela Orellana, socióloga; Omar Pinto,
artista; Edgar Soriano, historiador; Tito Estrada, dramaturgo; Natalie
Roque, historiadora; César Lazo, periodista y escritor; Fabricio
Estrada, poeta; Ricardo Salgado, politólogo; Soledad Altamirano, poeta;
Rodolfo Pastor Campos, politólogo y diplomático; Lety Elvir, escritora;
Beatriz Valle, diplomática; Marlin Oscar Avila, Lic. Desarrollo Socio
Económico y Analista Político
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