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| Foto latribuna.hn |
AJD-CEJIL - Comun-noticias
Tres jueces y una magistrada fueron cesados el 5 de mayo del 2010
El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión
del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces
Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe
de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.
Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.
El 5 de mayo del 2010, los jueces y la
magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de
Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el
caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo
en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.
La decisión recién tomada por las
autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los
derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho
que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.
El Estado hondureño nuevamente niega
la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a
dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las
autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que
constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los
jueces.
En el proceso ante el Consejo de la
Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos
por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se
integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y
que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión tomada por el Estado de
Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país
por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de
Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión
y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y
Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos
Humanos a través del Examen Periódico Universal.
El caso de los jueces despedidos está
siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. La petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril,
y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.
La Asociación de Jueces por la
Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las
autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que
este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos
judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor
parte de la población hondureña.
La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla
con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a
los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus
obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el
acceso a una tutela judicial efectiva.
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