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Por María Suárez Toro - ADITAL
En Puerto Rico, la violencia doméstica contra las mujeres se incrementa y cobra dimensiones alarmantes: 17 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año y una de cada tres mujeres es o ha sido víctima de maltrato.
Se estima que 60 por ciento de mujeres son víctimas de maltrato físico o emocional por parte de sus parejas. La incidencia aumenta entre los 25 y 30 años de edad y sin embargo, estos hechos son los menos denunciados ante las autoridades.
A ello se añade lo que Diana Valle, investigadora, trabajadora social y profesora universitaria especializada en el tema de la violencia de género, denomina "embestida contra las mujeres".
Valle señala que esa arremetida incluye las ramas judicial, ejecutiva, legislativa y que ha permeado a la policía. "El gobierno conservador y neoliberal promueve el sometimiento de las mujeres", sostiene.
Aunque aclara que eso siempre ha pasado, "ahora es más crudo, más abierto y más descarado". Para graficarlo, menciona los intentos por desmantelar la Ley sobre la violencia contra las mujeres, vigente desde 1989; y la fuerza de choque que penetró en la Universidad de Puerto Rico, agrediendo sexualmente a las jóvenes universitarias en huelga.
Una foto publicada por la prensa nacional en enero, al calor de la pasada huelga estudiantil en los dos primeros meses del año en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, presenta a un policía apresando a una joven. Con una mano la está agarrando entre las piernas y con la otra le aprieta los senos.
El 5 de febrero, el Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Hilton Cordero, fue acusado formalmente, en las cortes de la isla, por alegados actos lascivos cometidos contra su hija de 14 años, según denuncia hecha por una trabajadora de la escuela donde estudia la niña.
Cordero es defendido por un abogado que le consiguió el Frente Unido de Policías Organizados (Fupo) y la denuncia fue investigada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales, hasta culminar en un caso que actualmente se ventila en la corte.
Otros casos de violencia doméstica fueron señalados a SEMlac y destacados por la puertorriqueña Firuseh Shokoo en su blog Voces del Mundo.
El 24 de marzo, tres jueces del Tribunal Supremo emitieron una sentencia contra José Miguel Flores Flores, que excluye a cierto tipo de mujeres de la protección de la Ley contra la violencia, aludiendo que la demandante en el caso tenía una relación adúltera con su agresor. La denuncia había sido puesta por la afectada.
Semanas después, el 14 de abril, jueces de la Corte de Apelaciones de San Juan, la capital, en el caso contra Pérez Feliciano, decidieron excluir de la aplicación de esa Ley otro hecho de violencia en relación de pareja, argumentando que dicho vínculo era meramente sexual y carecía de un componente afectivo. La denuncia también había sido puesta por la afectada.
Entre abril y mayo, otros funcionarios policiales fueron acusados o sometidos a vistas por violencia doméstica y un hecho puso sobre el tapete una compleja discusión sobre la defensa propia de las mujeres frente al trauma de la violencia, cuando una mujer, al ser atacada y herida en la calle para robarle, alcanzó a pegarle tres tiros a su atacante.
El hombre está acusado de asalto, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas. Ella dijo públicamente que actuó en defensa propia, pero inmediatamente el Superintendente Nacional de la Policía, Figueroa Sancha, declaró a la prensa que era un mal precedente porque ahora la gente se iba a "tomar la justicia en sus manos".
Más recientemente, el 13 de junio, el Tribunal Supremo de San Juan, capital de la isla, emitió un veredicto que impugnó a un grupo de feministas y les prohibió expresarse en un muro público de una transitada carretera cerca de la capital.
Ese mismo grupo de diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos había pintado un mural el año anterior contra la violencia de género, en el mismo lugar, cuando fueron nuevamente reprimidas por la policía.
En esa ocasión les confiscaron sus materiales, se radicó un caso contra ellas y les asignaron multas de 1.000 dólares a cada una. Tras varias apelaciones, el Tribunal las imputó sin esperar los resultados de la Corte Apelativa, luego de que un Tribunal de Primera Instancia les diera a ellas la razón.
Defendiéndose ante el Estado
"El Estado no está protegiendo a las mujeres en lo de todos los días", dijo a SEMlac Magda Ortiz, una sobreviviente de violencia doméstica hace una década. Tras recuperarse, Ortiz trabaja desde hace tres años en apoyo a mujeres agredidas en el albergue Casa Protegida Julia de Burgos, en la capital.
"Lo sé de seguro porque veo lo mucho que se tarda la policía en llegar a donde las mujeres cuando piden apoyo y la manera en que dejan de ejecutar las órdenes de protección", sostuvo.
De acuerdo con la Casa Protegida Julia de Burgos, en la isla se reportan más de 20.000 casos de violencia doméstica en el hogar al año. La Casa cuenta con un albergue en San Juan, otro en Ponce y una oficina de servicios en Aguadilla, ambos al sur de la isla. Atiende entre 80 y 100 mujeres al año, sin contar las criaturas que llegan al albergue con sus madres.
"Somos pioneras en este trabajo porque operamos desde 1979 atendiendo víctimas que permanecen tres meses con sus hijas e hijos, dándoles un lugar seguro donde empezar a sanar", explicó a SEMlac Yomaris Resto, trabajadora social que coordina el Programa de Servicios de "Casa Julia".
Entre otros servicios, ayudan a las mujeres a recomponer sus vidas mediante atención y validación de sus experiencias por ellas mismas y sus familiares, ofrecen fortalecimiento físico y psico-social y de salud y búsqueda de alternativas, como los servicios del Proyecto Hud, con Fondos Federales de Estados Unidos, que les da casa por dos años al salir de los albergues, siempre y cuando trabajen o estudien.
"Casa Julia sienta las bases para el largo proceso de recuperación de las mujeres que son sobrevivientes de violencia", señala Resto.
¿Quiénes defienden a las mujeres en ese contexto?
Una instancia es el Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR), coalición feminista formada por organizaciones y personas relacionadas en una variedad de temas de justicia social, en contra del machismo, el racismo, la homofobia, la pobreza y la xenofobia.
El MAMPR ha organizado manifestaciones públicas, eventos y actuaciones artísticas para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la responsabilidad del Estado de velar porque se cumpla la Ley contra la violencia en un contexto de creciente fundamentalismo.
Sara Benítez, activista del movimiento feminista en la isla, contó a SEMlac que el MAMPR "ha tenido capacidad de responder a la violencia, lo que le ha dado un reconocimiento de los medios y ha posibilitado un debate público. No solo ha crecido, sino que ha diversificado su accionar político. Hemos desarrollado representaciones en las calles con cuerpos de mujeres desnudos, pintados, monitoreando, denunciando y defendiendo".
En el caso de la sentencia de los jueces, han aclarado que esa legislación defiende expresamente a las mujeres de la violencia doméstica proveniente de cualquier persona.
"La Ley contra la violencia se pensó y acordó para defender a todas las mujeres, pero ahora la propia Corte Suprema interpreta que no incluye a las adúlteras, lo que apunta a relaciones no tradicionales", señala Cintia Romero Hernández, trabajadora social e investigadora académica.
Varios magistrados y magistradas de la Corte Suprema votaron contra las resoluciones moralistas, mientras legisladoras y legisladores han hecho lo mismo en el seno del Senado y la Cámara Baja. Las ofendidas han contado con abogadas y abogados que las han defendido, siguiendo la letra de la Ley 54 y contra los argumentos de índole moral.
La Comisión de Derechos Civiles y La Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados se expresaron a favor de que la Ley sea aplicable a víctimas que se encuentren en cualquier tipo de relación sentimental, acorde con la política pública que esta ley instituye.
En los casos de violencia doméstica perpetrada por altos mandos policiales y el de la joven universitaria agredida sexualmente por la policía, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Colegio de Abogados, Verónica Rivera Torres, pidió a la jefatura de la Policía que suspenda al oficial involucrado en el incidente, por alegada violencia sexual contra una estudiante de la Universidad de Puerto Rico.
Además, diversas organizaciones civiles, como Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, el Grito de las Excluidas y Excluidos de Puerto Rico y el Comité Pro Niñez Dominico-Haitiana, se pronunciaron exigiendo que la Policía, la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Comisión de Derechos Civiles inicien investigaciones sobre el tocamiento indebido durante los arrestos de las estudiantes que realizaban desobediencia civil.
La Procuraduría de la Mujer es una instancia estatal que debería defender a las mujeres, fiscalizando lo que hace el gobierno. Sin embargo, en los casos de la Corte Suprema y otros, se ha pronunciado contrariamente a lo establecido en la Ley.
Por eso, el 11 de abril, al conmemorarse la primera década de trabajo de dicha Procuraduría, el MAMPR le envió una misiva a la procuradora, Wanda Vázquez Garced, en la cual la insta a defender a las mujeres
Le recuerdan que una de sus responsabilidades es "hacer frente a los grupos que pretenden segregar a las mujeres y segmentar sus derechos fundamentales", así como "impulsar los derechos de todas y cada una de ellas sabiendo que las leyes de nuestro país deben ser atemperadas a los más altos valores humanos, sin distinguir orientación o identidad sexual, estado civil, raza, nacionalidad, religión, ideas políticas u origen."
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