Nicaragua: De la aceptación a la acción

Concluye observación de Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua

Por Giorgio Trucchi

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) presentó el resultado final del proceso del Exámen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua, evidenciando las recomendaciones y sugerencias que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos le hicieron al Estado nicaragüense.

Estas herramientas fueron en su mayoría aceptadas por Nicaragua, cuyas autoridades tendrán ahora la tarea de implementar procesos de ajuste, cambios o de profundización de programas y políticas ya existentes.

Entre 2007 y 2010, Nicaragua fue objeto de diferentes exámenes por parte de los comités¹ que supervisan la implementación de los Tratados internacionales de los derechos humanos. También fue objeto del Exámen Periódico Universal (EPU), un nuevo mecanismo de evaluación impulsado por el Consejo de Derechos Humanos.

Estos mecanismos tienen el objetivo de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada país e implica la presentación de informes periódicos por parte de los Estados. Las observaciones y recomendaciones finales de cada comité tienen el objetivo de contribuir a que los Estados determinen los ajustes legislativos o en las prácticas institucionales, que pueden constituir una violación de los derechos.

“Por más de una década, Nicaragua no presentó informes periódicos y fue durante el gobierno de Enrique Bolaños que se comenzó a trabajar para cubrir este rezago”, dijo Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), durante la actividad de presentación de los resultados.

Entre 2007 y 2009, el actual gobierno impulsó la presentación de los informes ante los diferentes comités y en el marco del EPU. Diferentes organizaciones nacionales presentaron informes alternativos. Todo ese material fue revisado y constituyó la base para la formulación de sugerencias y recomendaciones al Estado de Nicaragua.

“Los comités formularon 118 recomendaciones que sucesivamente fueron retomadas en el marco del EPU”, explicó Núñez.

El Exámen Periódico Universal (EPU)

El EPU es un proceso que implica un exámen de la situación en materia de derechos humanos de todos los Estados miembros cada 4 años.

Para Nicaragua, ese proceso inició en 2009. En febrero y junio de 2010 se llevaron a cabo dos sesiones de análisis de la situación, que culminaron con una serie de recomendaciones vertidas por los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos.

Según Ricardo Changala, asesor de derechos humanos de la OACDH en Nicaragua, “Este nuevo sistema de evaluación tiene algunas caracteristicas importantes.

A diferencia de los otros mecanismos (comités temáticos), es un proceso intergubernamental en el que se desarrolla una relación entre Estados. Además, el exámen se realiza sobre la base del conjunto de instrumentos de derechos humanos vigentes en Naciones Unidas, y es el único mecanismo que exige a los Estados pronunciarse sobre las recomendaciones recibidas”, explicó.

Los resultados

Según el informe presentado por el OACDH, son más de 100 las recomendaciones formuladas durante las sesiones del EPU, la mayoría de las cuales fueron aceptadas por el gobierno nicaragüense². Más de 400 si se juntan las que también fueron presentadas por los comités.

“El objetivo del Consejo de Derechos Humanos y de los comités no es condenar, ni complacer a los Estados. Las recomendaciones son herramientas para que cada país pueda darle seguimiento a la vigencia de los derechos humanos.

Nicaragua pasó más de 10 años sin presentar informes –explicó Changala a la Lista Informativa– y es obvio que ahora llegan recomendaciones en cascadas, que abarcan muchos periódos y muchos temas. No va a ser fácil atenderlas rapidamente.

Hay que valorar este esfuerzo –continuó el asesor de derechos humanos– aunque no exime al Estado nicaragüense de su responsabilidad futura. Más bien, habría que verla como una oportunidad de marcar la línea general de las políticas públicas en muchos temas, y representa también un desafío técnico, institucional y de recursos muy importante”, valoró.

La violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general, la despenalización del aborto terapéutico, las condiciones de los privados de libertad y de las cárceles, los derechos a la libertad de expresión, a la movilización, a la libre asociación, el acceso a la información y el respeto de los derechos de los defensores, fueron algunos de los temas que concentraron el mayor número de recomendaciones.

Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos hicieron también importantes observaciones alrededor del sistema judicial y electoral, el derecho a la alimentación, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

De la aceptación a la implementación

“Nicaragua no presentó muchas objeciones y en general aceptó los comentarios. Lo que ahora hay que hacer es una efectiva implementación de las recomendaciones. Son insumos para la generación de políticas internas y el debate nacional”, dijo el asesor de derechos humanos.

Changala remarcó también la importancia de hacer un uso ponderado de los resultados del EPU.

“Hay que ubicarlos en su contexto y habría que concentrarse en el análisis de los temas de mayor interés, para darles seguimiento. Una visión global no ayuda mucho a avanzar”.

Señaló, por ejemplo, la importancia de los datos que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales.

“El derecho a la alimentación es fundamental, así como el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Entre las recomendaciones hay medidas muy concretas para consolidar políticas públicas a largo plazo”.

Otro tema de gran relevancia es el electoral. “Ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige una reforma de la Ley Electoral. Algunas de las tensiones que hoy vive Nicaragua tienen que ver con recomendaciones que no fueron cumplidas en su momento.

Sin embargo –concluyó Changala–, Nicaragua no está en el banquillo de los acusados como un gran violador de los derechos humanos. Tampoco podemos compararla en ningún tema con situaciones de países donde hay graves violaciones.

Hay una agenda enorme por impulsar y lo importante es que ahora la disponibilidad demostrada por el Estado se concrete en acciones”.

Notas:

1 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

2 El CENIDH calculó 110 recomendaciones, de las cuales 92 fueron aceptadas por el gobierno de Nicaragua, 10 rechazadas y 8 contestadas de forma que considera “ambigua”. La sistematización de los datos presentados por el OACDH calcúla 124 recomendaciones: 99 aceptadas y 25 rechazadas.