por Giorgio Trucchi - Opera MundiAbuso de autoridad, negligencia y lavado de dinero son solo algunos de los crímenes para los cuales las personas que trabajaron para el gobierno en Nicaragua antes de la llegada al poder del presidente Daniel Ortega podrían quedar amnistiadas. La oposición elaboró un proyecto de ley que otorga amnistía a los funcionarios públicos que operaron del 25 de Mayo de 1990 al 9 de Enero de 2007. El texto pasará ahora al plenario del Parlamento.
La Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional dictaminó favorablemente una “amplia e incondicional amnistía”, para los crímenes de “usurpación de atribuciones, prevaricato, morosidad y negligencia de empleados públicas, fraude, cohecho, peculado, delitos contra la Constitución, contra las personas, contra el orden público, electorales, contra la administración pública, soborno y lavado de dinero”.
El dictámen de la Ley de Amnistía tendrá ahora que ser presentado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para que sea incluido en agenda y sucesivamente discutido y votado en plenario para su aprobación.
Entrevistato por el canal 8 de televisión, el diputado sandinista José Figueroa dijo que “este proyecto de ley es totalmente inconstitucional, ilegal, antiético e inmoral, en cuanto nuestra Constitución prevé que la amnistía cubra solamente delitos de orden político y conexo, mientras que es este caso se trata de delincuentes que le han robado al Estado”.
Al igual que el diputado del partido de gobierno, el miembro de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro, manifestó al canal 4 de televisión su profunda preocupación por una posible aprobación de una Ley de Amnistía, “en cuanto dejaría en la impunidad a miles de funcionarios públicos de los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996), Arnoldo Alemán (1997-2001) y Enrique Bolaños (2002-2006), quienes sustrajeron millones de dólares de las arcas del Estado.
Este proyecto – continuó Montenegro – protege de la acción penal también a todas las personas que hubieran obtenido resolución firme dictada por la Contraloría General de la República, que hayan sido o estén sometidas a procesos penales, y extiende la impunidad a sus cónyuges o ex cónyuges, convivente o ex convivente en unión de hecho, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y esta es una monstruosidad y una aberración jurídica”, sentenció el Contralor de la República de Nicaragua.
Para la diputada oficialista Alba Palacios, el verdadero objetivo de la ley sería amnistiar a los dos principales líderes de la oposición, el ex presidente Arnoldo Alemán y el ex canciller y actual diputado, Eduardo Montealegre, quienes se enfrentan a varios juicios por corrupción y tienen aspiraciones presidenciales para el 2011.
La oposición defiende su proyecto de ley
Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Comisión que dictaminó el proyecto de la Ley de Amnistía, Maximino Rodríguez, explicó que la amnistía “es un instrumento jurídico político legislativo de carácter excepcional adoptado en diversos países y la Constitución de Nicaragua les otorga a los legisladores plenas facultades para introducirla en la Asamblea Nacional.
En este caso – continuó Rodríguez – es para evitar chantajes judiciales de parte del partido gobernante”.
Misma apreciación de parte del diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Plc, José Pallais. “Ha sido una constante del gobierno de (Daniel) Ortega usar al Poder Judicial como un arma para presionar, atacar y lograr sus objetivos políticos, dirigiendo sus cañones en contra de los líderes de la oposición. La amnistía – concluyó el diputado liberal – se ha considerado como una medida de gracia a fin de impedir que prosperen los planes de Ortega”.
Para la próxima semana, el Fsln ha convocado movilizaciones de protesta para rechazar la aprobación del proyecto de ley.
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