Amnistía Internacional instó al nuevo gobierno a garantizar que se realizan investigaciones inmediatas, independientes y rigurosas sobre todos los informes de violaciones de los derechos humanos –incluidos actos de violencia sexual – cometidas desde el 28 de junio de 2009, y que a los responsables se los ponga a disposición de la justicia en procesos que cumplan las normas internacionales para la celebración de juicios con las garantías debidas.RECOMENDACIONES AL NUEVO GOBIERNO
En el curso de dos visitas realizadas a Honduras mientras estuvo en el poder el gobierno de facto, Amnistía Internacional documentó violaciones generalizadas de los derechos humanos contra la población civil, tanto por parte de policías como de militares, entre ellas uso
excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de los opositorres al golpe de Estado. Estos crímenes no deben olvidarse ni quedar impunes.
Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno que asegure verdad, justicia y reparación para las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la crisis política. Si el nuevo gobierno desea restablecer el Estado de derecho y la confianza en su administración, debe volver a confirmar su compromiso con los derechos humanos, asegurándose de que se investigarán los abusos cometidos en el pasado y que a las personas que se determine que son responsables de ellos se las hará rendir cuentas de sus crímenes ante la justicia.
Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno a:
Garantizar que se realizan investigaciones inmediatas, independientes y rigurosas sobre todos los informes de violaciones de los derechos humanos –incluidos actos de violencia sexual– cometidas desde el 28 de junio de 2009, y que a los responsables se los pondrá a disposición de la justicia en procesos que cumplan las normas internacionales para la celebración de juicios con las garantías debidas.
Rechazar toda medida política o jurídica, como amnistías, que pudieran impedir la reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos o que imposibilitaran que los perpetradores rindieran cuentas por sus actos.
Garantizar que las autoridades policiales y militares cooperarán plenamente en las investigaciones judiciales sobre violaciones de los derechos humanos, entre otras formas, mediante la aportación de información completa y acceso pleno a expedientes y personal.
Reforzar la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y otras fiscalías pertinentes con el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos, así como garantizar el reforzamiento y eficiencia del programa de protección de testigos.
Proporcionar reparación a las víctimas de abusos, basándose en los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Garantizar que las fuerzas armadas regresarán a sus cuarteles, permitiendo que las fuerzas policiales reanuden plenamente su actividad como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Mejorar los métodos de actuación policial, asegurándose de que los agentes de policía tienen la formación apropiada y que se refuerzan los mecanismos de rendición de cuentas de conformidad con el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley y con los principios básicos sobre el Empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ambos de la ONU.
Garantizar programas de formación para magistrados y funcionarios judiciales en aplicación de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, de la ONU (1985), así como la aplicación de las obligaciones legales contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos en los que Honduras es Estado parte y que se ha comprometido a cumplir. Asimismo, el nuevo gobierno debe garantizar que los nombramientos de jueces se realizan conforme a lo que disponen los Principios de la ONU citados.
Establecer un exhaustivo plan nacional de derechos humanos que abarque los derechos económicos, sociales y culturales, además de los civiles y políticos. El plan debe también abordar cuestiones relativas a la discriminación y la protección de los derechos de grupos vulnerables, como mujeres, menores de edad, pueblos indígenas y personas LGBT, y debe ser desarrollado con la participación de todos los sectores de la sociedad civil.
Reconocer y respaldar la función clave que desempeña el colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos conforme a lo que dispone la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU).
Restablecer plenamente la libertad de expresión, garantizando, con carácter de urgencia, que todos los disidentes, miembros de partidos de la oposición y periodistas tienen libertad para expresar sus críticas y opiniones. Garantizar, en particular, que se pone fin a la intimidación de quienes se opusieron al golpe de Estado y el sobreseimiento de los procedimientos disciplinarios infundados incoados contra jueces a los que se consideró críticos con el golpe.
Realizar una evaluación de la eficiencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, con vistas a fortalecer su independencia y su capacidad para contribuir al respeto a los derechos humanos. La evaluación debe emprenderse en colaboración con una tercera parte independiente, como las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con plena participación de la sociedad civil.
Remitir una invitación permanente a todos los relatores y relatoras temáticos especiales de la ONU y del sistema interamericano. De especial pertinencia a la situación en el país desde el 28 de junio de 2009 son el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; el Relator Especial de la ONU sobre la cuestión de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias; y la Relatora sobre los Derechos de la Mujer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Documento completo:
http://www.defensoresenlinea.com/cms/documentos/informe_recomendaciones_al_gobierno_ai.pdf
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