 |
| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Por Giorgio Trucchi | Rebelión
El pasado 25 de marzo,
la junta directiva de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI por su sigla
en inglés) anunció la decisión de cancelar la membresía de la
transnacional frutera irlandesa Fyffes, recientemente adquirida por el
grupo económico japonés Sumitomo [1].
La membresía había sido suspendida en mayo del 2017 a raíz de una queja presentada por las organizaciones Banana Link y UITA. La ETI constató que las subsidiarias [2] de Fyffes en Honduras estaban infringiendo su Código Base al fallar en respetar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Tampoco estaban garantizando un espacio de trabajo seguro e higiénico dentro de sus plantaciones de melones en el sur de Honduras.
Además de negarse a reconocer la legitimidad de las subseccionales del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), las trabajadoras han denunciado extenuantes jornadas de trabajo y el no pago del salario mínimo, ni de horas extra y vacaciones proporcionales.
Asimismo, la falta de acumulación de antigüedad y de cotización a la seguridad social, malas condiciones higiénicas y de seguridad, reiterados casos de intoxicación, el despido de trabajadoras por estar embarazadas, la creación de “listas negras” y un constante hostigamiento, dentro y fuera de las fincas, por estar afiliadas al STAS.
“Durante su suspensión, se alentó a Fyffes a desarrollar e implementar soluciones a las problemáticas contenidas en la queja (…). A pesar de los esfuerzos realizados, la junta directiva de la ETI constató que Fyffes no logró dar respuesta a las preocupaciones planteadas (…), por lo tanto no tuvo más opción que cancelar su membresía”, se lee en el comunicado [3].
Contra la pared
Peter McAllister, director de la ETI, dijo que en las cadenas de suministro global siempre se dan problemas o disputas que involucran a compañías que son miembros de la ETI, y que se abordan a través de un proceso de mediación.
“Dichas compañías se comprometen a implementar un código de buenas prácticas laborales reconocido internacionalmente y a mejorar su desempeño. Desafortunadamente, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, en el caso de Fyffes todo esto no ha sucedido”, agregó McAllister.
Para Tomás Membreño, presidente del STAS, la ETI tomó la decisión correcta. “Fyffes no sólo había sido suspendida de la ETI, sino también fue descertificada por Comercio Justo Estados Unidos (Fair Trade USA), está señalada ante la OIT por la violación de los convenios 87 y 98 y en la queja contra Honduras por violación al capítulo laboral del CAFTA [4]”.
La membresía había sido suspendida en mayo del 2017 a raíz de una queja presentada por las organizaciones Banana Link y UITA. La ETI constató que las subsidiarias [2] de Fyffes en Honduras estaban infringiendo su Código Base al fallar en respetar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Tampoco estaban garantizando un espacio de trabajo seguro e higiénico dentro de sus plantaciones de melones en el sur de Honduras.
Además de negarse a reconocer la legitimidad de las subseccionales del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), las trabajadoras han denunciado extenuantes jornadas de trabajo y el no pago del salario mínimo, ni de horas extra y vacaciones proporcionales.
Asimismo, la falta de acumulación de antigüedad y de cotización a la seguridad social, malas condiciones higiénicas y de seguridad, reiterados casos de intoxicación, el despido de trabajadoras por estar embarazadas, la creación de “listas negras” y un constante hostigamiento, dentro y fuera de las fincas, por estar afiliadas al STAS.
“Durante su suspensión, se alentó a Fyffes a desarrollar e implementar soluciones a las problemáticas contenidas en la queja (…). A pesar de los esfuerzos realizados, la junta directiva de la ETI constató que Fyffes no logró dar respuesta a las preocupaciones planteadas (…), por lo tanto no tuvo más opción que cancelar su membresía”, se lee en el comunicado [3].
Contra la pared
Peter McAllister, director de la ETI, dijo que en las cadenas de suministro global siempre se dan problemas o disputas que involucran a compañías que son miembros de la ETI, y que se abordan a través de un proceso de mediación.
“Dichas compañías se comprometen a implementar un código de buenas prácticas laborales reconocido internacionalmente y a mejorar su desempeño. Desafortunadamente, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, en el caso de Fyffes todo esto no ha sucedido”, agregó McAllister.
Para Tomás Membreño, presidente del STAS, la ETI tomó la decisión correcta. “Fyffes no sólo había sido suspendida de la ETI, sino también fue descertificada por Comercio Justo Estados Unidos (Fair Trade USA), está señalada ante la OIT por la violación de los convenios 87 y 98 y en la queja contra Honduras por violación al capítulo laboral del CAFTA [4]”.
El
dirigente sindical aseguró que la transnacional frutera aprovechó la
ineficiencia y la complicidad del gobierno hondureño para tratar de
justificar violaciones inhumanas a los derechos laborales y sindicales
en sus plantaciones de melones. Además, constituyó sindicatos blancos
(pro patronales) para aparentar a nivel internacional el respeto de la
libertad de sindicación y negociación colectiva.
El principal mercado de destino para los melones de Fyffes - comercializados por Grupo Sol (Sol Group Marketing Company) - son los Estados Unidos, sin embargo la transnacional frutera es también el distribuidor de bananos más grande de Europa.
“Los consumidores deben saber las injusticias que hay detrás de lo que comen, y que estos melones son el resultado de la pobreza extrema en que viven miles de trabajadoras y trabajadores en el sur de Honduras”, manifestó Membreño [5].
Chiquita inmoral
Un poco más al sur, en la región centroamericana, en Costa Rica, otra transnacional frutera hace y deshace las cosas a su antojo, condenando a cientos de trabajadores y trabajadoras al desempleo.
El 4 de marzo pasado, Chiquita Brands, multinacional de capital brasileño (Cutrale-Safra), decidió cerrar de forma unilateral el departamento de operaciones portuarias en Limón, despidiendo de forma ilegal a la totalidad de trabajadores y tercerizando las labores que tenían asignadas.
En los días previos al despido, la empresa había comenzado a sacar contenedores (container) de la terminal, justificando la actividad con el hecho de que tenían que liberar espacio para meter a más de 1.000 contenedores nuevos.
La puñalada trapera Chiquita la clavó el domingo 3 de marzo, avisando por whatsapp del cierre total del departamento y del despido de todos los trabajadores y trabajadoras.
La transnacional justificó la medida con la reciente apertura de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por APM Terminals, algo que fue inmediatamente desmentido por el Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines (Sintracobal).
En enero de este año, las compañías estadounidenses Dole y Standard Fruit Company habían hecho lo mismo despidiendo a más de 300 trabajadores.
“No es cierto que la compañía se viera afectada ante la entrada en operaciones de la TCM, sino que optó por contratar tres empresas para que hagan las labores que tenían asignadas los 178 trabajadores que cesó.
El verdadero objetivo era acabar con el sindicato y el convenio colectivo, tercerizando actividades a costa de los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores", dijo Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal a medios nacionales.
Ante la conducta inmoral de Chiquita y la indignación de los trabajadores por la forma en que se llevaron a cabo los despidos, varias organizaciones [6] presentaron ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja contra el Estado de Costa Rica por violación a los Convenios 87, 98 y 135, relativos a la libertad sindical, derecho de sindicación y de negociación colectiva y protección de representantes de trabajadores y trabajadoras.
Las organizaciones sindicales denunciaron “despidos masivos, unilaterales e ilegales de cientos de trabajadores y 36 dirigentes sindicales de las empresas transnacionales Chiquita Brands Costa Rica Srl y Dole, por medio de sus subsidiarias Standard Fruit Company, que operan en la ciudad de Limón”. Asimismo denunciaron la indolencia y complicidad del gobierno.
“Mientras hayan y prosperen actitudes políticas y represalias como las que han ocasionado las empresas transnacionales Dole y Chiquita, no habrá democracia en Costa Rica ni en el mundo.
Es triste, es vandálico, es humillante y una violación flagrante de los derechos humanos que un trabajador o una trabajadora llegue a su trabajo y se encuentre que el portón está cerrado con un gran candado, y que le anuncien por WhatsApp que está despedido.
Eso es humillante y no se debe permitir”, dijo Gerardo Iglesias de la Rel-UITA en conferencia de prensa.
“A pesar de tener una gran importancia económica por ser zona portuaria y fronteriza, Limón ha sido abandonada por los gobiernos y no recibe recursos suficientes para su desarrollo y para el bienestar de su población.
Las grandes transnacionales que llegan al país tienen un único objetivo que es ganar dinero y enriquecerse a costa del sudor y el sufrimiento de nuestra gente. Sólo esto les importa”, lamentó Claudia Chamber, representante del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) en Limón, en una entrevista brindada a La Rel.
El principal mercado de destino para los melones de Fyffes - comercializados por Grupo Sol (Sol Group Marketing Company) - son los Estados Unidos, sin embargo la transnacional frutera es también el distribuidor de bananos más grande de Europa.
“Los consumidores deben saber las injusticias que hay detrás de lo que comen, y que estos melones son el resultado de la pobreza extrema en que viven miles de trabajadoras y trabajadores en el sur de Honduras”, manifestó Membreño [5].
Chiquita inmoral
Un poco más al sur, en la región centroamericana, en Costa Rica, otra transnacional frutera hace y deshace las cosas a su antojo, condenando a cientos de trabajadores y trabajadoras al desempleo.
El 4 de marzo pasado, Chiquita Brands, multinacional de capital brasileño (Cutrale-Safra), decidió cerrar de forma unilateral el departamento de operaciones portuarias en Limón, despidiendo de forma ilegal a la totalidad de trabajadores y tercerizando las labores que tenían asignadas.
En los días previos al despido, la empresa había comenzado a sacar contenedores (container) de la terminal, justificando la actividad con el hecho de que tenían que liberar espacio para meter a más de 1.000 contenedores nuevos.
La puñalada trapera Chiquita la clavó el domingo 3 de marzo, avisando por whatsapp del cierre total del departamento y del despido de todos los trabajadores y trabajadoras.
La transnacional justificó la medida con la reciente apertura de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por APM Terminals, algo que fue inmediatamente desmentido por el Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines (Sintracobal).
En enero de este año, las compañías estadounidenses Dole y Standard Fruit Company habían hecho lo mismo despidiendo a más de 300 trabajadores.
“No es cierto que la compañía se viera afectada ante la entrada en operaciones de la TCM, sino que optó por contratar tres empresas para que hagan las labores que tenían asignadas los 178 trabajadores que cesó.
El verdadero objetivo era acabar con el sindicato y el convenio colectivo, tercerizando actividades a costa de los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores", dijo Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal a medios nacionales.
Ante la conducta inmoral de Chiquita y la indignación de los trabajadores por la forma en que se llevaron a cabo los despidos, varias organizaciones [6] presentaron ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja contra el Estado de Costa Rica por violación a los Convenios 87, 98 y 135, relativos a la libertad sindical, derecho de sindicación y de negociación colectiva y protección de representantes de trabajadores y trabajadoras.
Las organizaciones sindicales denunciaron “despidos masivos, unilaterales e ilegales de cientos de trabajadores y 36 dirigentes sindicales de las empresas transnacionales Chiquita Brands Costa Rica Srl y Dole, por medio de sus subsidiarias Standard Fruit Company, que operan en la ciudad de Limón”. Asimismo denunciaron la indolencia y complicidad del gobierno.
“Mientras hayan y prosperen actitudes políticas y represalias como las que han ocasionado las empresas transnacionales Dole y Chiquita, no habrá democracia en Costa Rica ni en el mundo.
Es triste, es vandálico, es humillante y una violación flagrante de los derechos humanos que un trabajador o una trabajadora llegue a su trabajo y se encuentre que el portón está cerrado con un gran candado, y que le anuncien por WhatsApp que está despedido.
Eso es humillante y no se debe permitir”, dijo Gerardo Iglesias de la Rel-UITA en conferencia de prensa.
- Vea aquí todo el material gráfico, visual y escrito producido sobre la crisis de los despidos en Chiquita Brands Costa Rica.
El despido de centenares de trabajadores y trabajadoras es un hecho
grave que deja a familias enteras sin el sustento diario. Esto
acrecienta la grave problemática social que tiene la provincia de Limón.
“A pesar de tener una gran importancia económica por ser zona portuaria y fronteriza, Limón ha sido abandonada por los gobiernos y no recibe recursos suficientes para su desarrollo y para el bienestar de su población.
Las grandes transnacionales que llegan al país tienen un único objetivo que es ganar dinero y enriquecerse a costa del sudor y el sufrimiento de nuestra gente. Sólo esto les importa”, lamentó Claudia Chamber, representante del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) en Limón, en una entrevista brindada a La Rel.
Tras la conclusión del proceso de conciliación
dentro del conflicto colectivo de carácter económico y social solicitado
por el Sintracobal, y el rechazo de las y los trabajadores a las
‘migajas’ ofertas por Chiquita, el caso llegará a estrados judiciales.
La transnacional proponía mantener los despidos y agregar tres mensualidades al pago de la liquidación de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo. Los obreros la tacharon de ridícula, ofensiva e indignante.
“Nos trataron como objetos y nos tiraron a la calle sin ni siquiera mostrar la cara. Nos trataron peor que la basura. No vamos a aceptar limosna. Nos vamos a mantener unidos y de pie.
Tenemos la razón y vamos a demostrar a Limón, a Costa Rica y al mundo que sí se puede enfrentar a Chiquita. La lucha sigue, ni un paso atrás” corearon frente a las instalaciones del Ministerio del Trabajo en San José.
La transnacional proponía mantener los despidos y agregar tres mensualidades al pago de la liquidación de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo. Los obreros la tacharon de ridícula, ofensiva e indignante.
“Nos trataron como objetos y nos tiraron a la calle sin ni siquiera mostrar la cara. Nos trataron peor que la basura. No vamos a aceptar limosna. Nos vamos a mantener unidos y de pie.
Tenemos la razón y vamos a demostrar a Limón, a Costa Rica y al mundo que sí se puede enfrentar a Chiquita. La lucha sigue, ni un paso atrás” corearon frente a las instalaciones del Ministerio del Trabajo en San José.
Fuente: Rebelión
Notas:
[2] Melón Export S.A. (Melexsa) y Sur Agrícola de Honduras S.A. (Suragroh)
[4] Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana)
[5] Más material sobre Fyffes http://www.rel-uita.org/?s=
[6]
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Federación Nacional
de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines
(FENTRAGH) y Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA)
- Nota escrita con material de Rel-UITA
No hay comentarios:
Publicar un comentario