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Por Criterio.hn
La coalición de partidos de oposición de Honduras adelantó que no apoyará la aprobación de las reformas penales en el Congreso Nacional porque no está dispuesta a legalizar el “terrorismo de Estado”.
Los partidos Libre, PAC y PINU-SD, ofrecieron una conferencia de prensa en la que oficializaron su postura en torno al paquete de reformas que se discutirá esta tarde en el Parlamento y que ha estado urgiendo el presidente, Juan Hernández.
“La alianza de posición de partidos políticos hacemos del conocimiento del pueblo hondureño nuestra firme e invariable decisión de votar en contra de la ley que reforma ocho leyes vigentes en el país y que violenta de forma perversa y artera, nuestros derechos, libertades y garantías constitucionales”, dijeron los líderes políticos mediante un comunicado.
Apuntaron que se oponen porque no están de acuerdo con calificar como terrorismo el reclamo de derechos del pueblo y de los sectores sociales organizados, ya que la protesta está garantizada en la Constitución de la República al igual que el derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional.
En la misiva también indican que no están de acuerdo en otorgarle “licencia para matar” a los organismos represores del Estado y que tampoco aceptan “se continúe dando carta blanca al Presidente para espiar día y noche nuestras comunicaciones y para ser el encargado de definir y pagar las recompensas a los denunciantes”, porque estas “atribuciones las debe ejercer el Ministerio Público y no el Poder Ejecutivo”.
Los partidos opositores sustentan además que no existen argumentos jurídicos que sostengan “tan nefastas” reformas al Código Penal, y a la vez expresan que la manipulación es clara y que están seguros que el gobierno solo busca crear terror en la población, “para esconder el rotundo fracaso en materia de seguridad, desbordado por las masacres y el alto índice de asesinatos y homicidios, a pesar de los más de 10 mil millones de lempiras de la Tasa de Seguridad”.
En ese mismo orden criticaron a la administración Hernández porque, según ellos, pese a tener a su disposición la Tasa de Seguridad, la ley de secretos, la Policía Militar, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la depuración de la policía, “las leyes draconianas y tantas otras políticas fallidas”, ahora pretende dar licencia sin límites a los organismos represores del Estado, y espiarnos en forma permanente desde el Poder Ejecutivo, para terminar calificando de terroristas a todos aquéllos grupos, gremios y ciudadanos que en su justo derecho protesten y reclamen legítimamente.
PROPUESTA
Los partidos de oposición indicaron que su propuesta en materia de seguridad consiste en establecer una nueva política que se enfoque en resolver las causas de la criminalidad y que persiga el delito en el marco de la legalidad y del Estado de Derecho, mediante la creación de la Policía Comunitaria.
Finalmente, hicieron un llamado a la cordura y sensatez a los diputados del oficialista Partido Nacional y a los del Partido Liberal para que no se presten a aprobar las reformas que profundizan—a su juicio—el proceso de criminalización que se vive en Honduras desde el golpe de Estado de 2009.
También advirtieron que la protesta por la reelección ilegal del presidente Hernández nadie la va a detener, porque “la paciencia de los pueblos tiene un límite” y “Juan Hernández con su irresponsabilidad y desmedida ambición, parece no darse cuenta”
Los partidos Libre, PAC y PINU-SD, ofrecieron una conferencia de prensa en la que oficializaron su postura en torno al paquete de reformas que se discutirá esta tarde en el Parlamento y que ha estado urgiendo el presidente, Juan Hernández.
“La alianza de posición de partidos políticos hacemos del conocimiento del pueblo hondureño nuestra firme e invariable decisión de votar en contra de la ley que reforma ocho leyes vigentes en el país y que violenta de forma perversa y artera, nuestros derechos, libertades y garantías constitucionales”, dijeron los líderes políticos mediante un comunicado.
Apuntaron que se oponen porque no están de acuerdo con calificar como terrorismo el reclamo de derechos del pueblo y de los sectores sociales organizados, ya que la protesta está garantizada en la Constitución de la República al igual que el derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional.
En la misiva también indican que no están de acuerdo en otorgarle “licencia para matar” a los organismos represores del Estado y que tampoco aceptan “se continúe dando carta blanca al Presidente para espiar día y noche nuestras comunicaciones y para ser el encargado de definir y pagar las recompensas a los denunciantes”, porque estas “atribuciones las debe ejercer el Ministerio Público y no el Poder Ejecutivo”.
Los partidos opositores sustentan además que no existen argumentos jurídicos que sostengan “tan nefastas” reformas al Código Penal, y a la vez expresan que la manipulación es clara y que están seguros que el gobierno solo busca crear terror en la población, “para esconder el rotundo fracaso en materia de seguridad, desbordado por las masacres y el alto índice de asesinatos y homicidios, a pesar de los más de 10 mil millones de lempiras de la Tasa de Seguridad”.
En ese mismo orden criticaron a la administración Hernández porque, según ellos, pese a tener a su disposición la Tasa de Seguridad, la ley de secretos, la Policía Militar, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la depuración de la policía, “las leyes draconianas y tantas otras políticas fallidas”, ahora pretende dar licencia sin límites a los organismos represores del Estado, y espiarnos en forma permanente desde el Poder Ejecutivo, para terminar calificando de terroristas a todos aquéllos grupos, gremios y ciudadanos que en su justo derecho protesten y reclamen legítimamente.
PROPUESTA
Los partidos de oposición indicaron que su propuesta en materia de seguridad consiste en establecer una nueva política que se enfoque en resolver las causas de la criminalidad y que persiga el delito en el marco de la legalidad y del Estado de Derecho, mediante la creación de la Policía Comunitaria.
Finalmente, hicieron un llamado a la cordura y sensatez a los diputados del oficialista Partido Nacional y a los del Partido Liberal para que no se presten a aprobar las reformas que profundizan—a su juicio—el proceso de criminalización que se vive en Honduras desde el golpe de Estado de 2009.
También advirtieron que la protesta por la reelección ilegal del presidente Hernández nadie la va a detener, porque “la paciencia de los pueblos tiene un límite” y “Juan Hernández con su irresponsabilidad y desmedida ambición, parece no darse cuenta”
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