Argentina: “Es como haber retrocedido 25 años”

Foto: Gonzalo Martinez)

Reclamo ante la CIDH por la situación de los derechos humanos durante la presidencia de Mauricio Macri

Por Ailín Bullentini | Página 12

Un grupo de organismos de derechos humanos y abogados que trabajan en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar solicitaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que los reciba en marzo. Quieren informarle, en persona, sobre los “obstáculos” que advirtieron sufrió el proceso de memoria, verdad y justicia el último año: enumeran el “corrimiento” del Estado en el apoyo y acompañamiento de ese proceso; numerosos ataques al Ministerio Público Fiscal, lentitud en los procesos judiciales y el regreso de la teoría de los dos demonios y de la ideología negacionista al Ejecutivo. “Es como haber retrocedido 25 años”, advirtió Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y de la Red Nacional de Abogados y Abogadas de Causas de Lesa Humanidad, una de las organizaciones que firman el petitorio. 

“No se suspendieron los juicios oficialmente, no es que los genocidas salen en masa a la calle. Pero hay una acción por parte del Gobierno y de lo sectores de poder de impedir que avance más en el proceso y de modificar la interpretación de la historia”, sumó Graciela Rosemblum, de la otra firmante Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 

La Liga, Taboada, Elizabeth Gómez Alcorta, Pablo Llonto y Eduardo Tavani, e Hijos regional Santa Fe son los referentes del proceso de Memoria, Verdad y Justicia nacional que, en un petitorio elevado a mediados del mes pasado, le solicitaron a l CIDH que los reciba durante el 161 período de sesiones, que tendrá lugar el mes próximo. 

Quieren “aportar información actualizada respecto del estado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas” al país por el organismo en octubre de 1992 –el histórico Informe 28/92– en lo que refería al juzgamiento de los crímenes de la última dictadura cívico militar. “Aquel informe advertía que las leyes de obediencia debida y punto final eran incompatibles con los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Aquella impunidad era legal, decía la CIDH entonces. Lo que hoy sucede atenta contra las recomendaciones que hizo hace más de 25 años, porque ya no tenemos leyes que avalen los delitos, pero sí un Estado que se está retirando de la escena y que además empieza a cambiar el relato de los hechos. Es como haber retrocedido todo ese camino”, detalló Taboada a PáginaI12. 

Los organismos desean que la CIDH escuche de su propia voz algunos datos “alarmantes” sobre “el avance y los obstáculos que se advierten en las causas judiciales por los crímenes de lesa humanidad que se sustancian en Argentina y en las políticas públicas adoptadas por el Ejecutivo y el Legislativo” en relación al proceso que comenzó en 2006, que le adelantaron de manera resumida en el petitorio. “Tras la asunción del nuevo gobierno nacional se advierten algunas luces de alarma que no pueden dejar de señalarse y corregirse”, aseguran en el texto. “Sabemos que la CIDH juega el importante rol de establecer criterios de verdad. Queremos que ratifique lo que el movimiento de derechos humanos viene denunciando”, propuso Rosemblum.

En el texto, denuncian “el desmantelamiento y debilitamiento de agencias del Estado de apoyo al proceso de verdad y justicia”. Mencionan el cierre de dependencias de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos en algunos puntos del país, la reducción de recursos para el Programa  Verdad y Justicia, despidos en áreas relacionadas con este proceso. “Todo este desmantelamiento demuestra un cambio en la política de Estado que obstaculiza la posibilidad de justicia”, puntualizó Taboada, quien profundizó: “El Ejecutivo atacó todas las áreas que producían prueba –para los juicios–. Desmanteló en el Banco Central el área que podía proveer información valiosísima para juzgar la complicidad económica en los delitos de lesa humanidad y hay rumores de que se busca destruir la documentación ya elaborada”.

También denuncian el “hostigamiento al Ministerio Público Fiscal y a otros funcionarios judiciales comprometidos con el proceso de verdad y justicia” y la “postura negacionista de distintos funcionarios del gobierno”.

Por último, advierte “demoras” en la etapa de instrucción de las causas judiciales que investigan violaciones a los derechos humanos de la última dictadura, “falta” de esos juicios en la agenda judicial y una “muy baja” cantidad de juicios celebrados por año. Al respecto, Taboada reconoció que “son problemas que vienen desde hace tiempo, pero que se agudizaron con este Gobierno. Por ejemplo, se debería arrancar con mucha fuerza a investigar y juzgar la complicidad civil. Pero el juicio contra los dirigentes de la Ford tenía que empezar en estos días y fue suspendido sin fecha probable”.