Por Ofraneh
El asesinato del maestro Tolupán, José de Santos Sevilla, acontecido en su casa de habitación en la comunidad de La Ceiba, en la Montaña de la Flor, a manos de por lo menos cinco sujetos fuertemente armados, corrobora los informes presentados tanto por Global Witness, la Relatora de Naciones Unidas para los pueblos Indígenas, y la CIDH, entre otros.
El pueblo Tolupán ha sido uno de los más asolados por la violencia, y desde hace dos décadas han sido asesinados más de un centenar de Tolupanes por la defensa de sus territorios y bienes comunes. La persecución a la que se han visto expuesto los más de 20 mil Tolupanes que existen está relacionada con el manejo del bosque y la minería ilegal.
A pesar que los Tolupanes recibieron títulos otorgados por le Estado de Honduras en el siglo XIX, los que fueron concedidos ante la intervención del sacerdote Manuel de Jesús Subirana, un siglo y medio después sufren el acoso de militares, empresarios y políticos que se han dedicado al saqueo de su territorio y bienes comunes.
El asesinato del líder Tolupan Vicente Matute en 1991, aperturó una etapa de violencia que no ha cesado. Hasta la fecha los hechores del asesinato de Matute, permanecen protegidos por la impunidad a pesar que es de conocimiento público quienes fueron los autores intelectuales.
En Honduras a partir del Golpe de Estado del año 2009, se intensificó la rapiña de los territorios indígenas, y por ende la violencia en contra de sus líderes y la neutralización (compra) de individuos que se prestan a conformar parte de las dependencias estatales supuestamente encargadas de velar por los pueblos indígenas.
Los informes presentados por organizaciones de derechos humanos, CIDH y Naciones Unidas sobre las calamidades que afectan a los indígenas en Honduras, han creado un enorme malestar entre los funcionarios de la actual administración, que pretenden desconocer, la violencia en que se encuentra sumida Honduras.
Mientras el Estado impulsa controvertidas reformas al código penal, que convierten la protesta social en terrorismo, el Estado es incapaz de frenar la violencia en contra de los defensores del los bienes comunes de la naturaleza, los cuales pretende privatiza a beneficio en muchos casos, de funcionarios y empresarios asociados al régimen.
Esperamos que el asesinato de José de Santos Sevilla no quede en la impunidad, como ha sucedido con el de Vicente Matute, Berta Caceres y otras muertes de indígenas que han defendido el territorio de su pueblo.
La OFRANEH exige además de justicia para el caso del asesinato de Santos Sevilla, que se titulen y saneen los territorios Tolupanes que hasta la fecha el gobierno niega reconocer.
Los pueblos indígenas en Honduras enfrentamos una guerra de exterminio.
Basta ya de impunidad!!!!
El pueblo Tolupán ha sido uno de los más asolados por la violencia, y desde hace dos décadas han sido asesinados más de un centenar de Tolupanes por la defensa de sus territorios y bienes comunes. La persecución a la que se han visto expuesto los más de 20 mil Tolupanes que existen está relacionada con el manejo del bosque y la minería ilegal.
A pesar que los Tolupanes recibieron títulos otorgados por le Estado de Honduras en el siglo XIX, los que fueron concedidos ante la intervención del sacerdote Manuel de Jesús Subirana, un siglo y medio después sufren el acoso de militares, empresarios y políticos que se han dedicado al saqueo de su territorio y bienes comunes.
El asesinato del líder Tolupan Vicente Matute en 1991, aperturó una etapa de violencia que no ha cesado. Hasta la fecha los hechores del asesinato de Matute, permanecen protegidos por la impunidad a pesar que es de conocimiento público quienes fueron los autores intelectuales.
En Honduras a partir del Golpe de Estado del año 2009, se intensificó la rapiña de los territorios indígenas, y por ende la violencia en contra de sus líderes y la neutralización (compra) de individuos que se prestan a conformar parte de las dependencias estatales supuestamente encargadas de velar por los pueblos indígenas.
Los informes presentados por organizaciones de derechos humanos, CIDH y Naciones Unidas sobre las calamidades que afectan a los indígenas en Honduras, han creado un enorme malestar entre los funcionarios de la actual administración, que pretenden desconocer, la violencia en que se encuentra sumida Honduras.
Mientras el Estado impulsa controvertidas reformas al código penal, que convierten la protesta social en terrorismo, el Estado es incapaz de frenar la violencia en contra de los defensores del los bienes comunes de la naturaleza, los cuales pretende privatiza a beneficio en muchos casos, de funcionarios y empresarios asociados al régimen.
Esperamos que el asesinato de José de Santos Sevilla no quede en la impunidad, como ha sucedido con el de Vicente Matute, Berta Caceres y otras muertes de indígenas que han defendido el territorio de su pueblo.
La OFRANEH exige además de justicia para el caso del asesinato de Santos Sevilla, que se titulen y saneen los territorios Tolupanes que hasta la fecha el gobierno niega reconocer.
Los pueblos indígenas en Honduras enfrentamos una guerra de exterminio.
Basta ya de impunidad!!!!
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