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| Foto Lenin Ocampo |
Por La Jornada
En los 12 días transcurridos desde la masacre de normalistas de Ayotzinapa y ciudadanos en Iguala, Guerrero, cometida por policías municipales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, se ha producido una oleada de reacciones y pronunciamientos de organismos humanitarios y autoridades diversas que permiten ponderar la proyección de esos hechos en los planos nacional e internacional.
"Las autoridades federales deben lanzar una total y minuciosa investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala", señaló Amnistía Internacional el pasado lunes, y calificó los hechos de "un horrible crimen que ha sacudido al mundo". A ese pronunciamiento se sumó ayer el realizado por 53 organizaciones ciudadanas aglutinadas en una plataforma de apoyo a las familias de las víctimas, que indicaron que no aceptarán ninguna presunción sobre la identidad de los restos encontrados en las fosas citadas hasta no contar con el dictamen pericial independiente, que, a petición de los propios deudos, realizará el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Estos señalamientos se suman a los que formularon en el ámbito internacional. La portavoz del Departamento de Estado, JenPsaki, dijo ayer que los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala son "crímenes que demandan una investigación completa y transparente"; el secretario general de la Organización de Estado Americanos, José Miguel Inzulza, demandó el esclarecimiento de este crimen "tan inhumano como absurdo", y apuntó que el episodio "enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas"; un día antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que "en este tipo de casos se juega el prestigio del Estado mexicano en protección de derechos humanos".
En un entorno tan globalizado como el actual, las expresiones de rechazo y de indignación comentadas resultan lógicas e incluso inevitables y ponen en relieve, por contraste, el carácter errático y tardío de las autoridades estatales y federales ante acontecimientos cuya gravedad trasciende al ámbito local e incluso al nacional, y se inscriben en el de los delitos de lesa humanidad.
Las demandas de esclarecimiento formuladas al Estado mexicano por actores nacionales e internacionales son procedentes, por lo demás, habida cuenta de la cadena de responsabilidades compartidas que involucran a las autoridades municipales, estatales y federales. En efecto, como se mencionó ayer en este mismo espacio, tanto el gobierno encabezado por Ángel Aguirre como la administración federal peñista incurrieron en omisiones injustificables ante los indicios sobre las actividades ilícitas cometidas por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, los cuales fueron hechos de su conocimiento desde el año pasado, particularmente a raíz del asesinato de los activistas sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez.
Por más que la información pública sobre los hechos tenga grandes puntos oscuros –respecto del móvil de la masacre, por ejemplo–, el hecho ineludible es que las agresiones cometidas en la localidad guerrerense dejaron seis muertos y 43 desaparecidos; entre los autores materiales se encuentran elementos de la policía municipal y algunas víctimas fueron trasladadas en vehículos oficiales, como muestra la evidencia fotográfica disponible.
Ante tales elementos, es imperativo que se realicen los deslindes correspondientes y se esclarezca la responsabilidad que recae en todos los niveles de gobierno; en primer lugar por un elemental sentido de justicia con las víctimas y sus familias, pero también porque, en la hora presente, nuestro país es objeto de escrutinio y reclamo internacional que difícilmente se conformará con simulaciones de justicia.
Estos señalamientos se suman a los que formularon en el ámbito internacional. La portavoz del Departamento de Estado, JenPsaki, dijo ayer que los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala son "crímenes que demandan una investigación completa y transparente"; el secretario general de la Organización de Estado Americanos, José Miguel Inzulza, demandó el esclarecimiento de este crimen "tan inhumano como absurdo", y apuntó que el episodio "enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas"; un día antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que "en este tipo de casos se juega el prestigio del Estado mexicano en protección de derechos humanos".
En un entorno tan globalizado como el actual, las expresiones de rechazo y de indignación comentadas resultan lógicas e incluso inevitables y ponen en relieve, por contraste, el carácter errático y tardío de las autoridades estatales y federales ante acontecimientos cuya gravedad trasciende al ámbito local e incluso al nacional, y se inscriben en el de los delitos de lesa humanidad.
Las demandas de esclarecimiento formuladas al Estado mexicano por actores nacionales e internacionales son procedentes, por lo demás, habida cuenta de la cadena de responsabilidades compartidas que involucran a las autoridades municipales, estatales y federales. En efecto, como se mencionó ayer en este mismo espacio, tanto el gobierno encabezado por Ángel Aguirre como la administración federal peñista incurrieron en omisiones injustificables ante los indicios sobre las actividades ilícitas cometidas por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, los cuales fueron hechos de su conocimiento desde el año pasado, particularmente a raíz del asesinato de los activistas sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez.
Por más que la información pública sobre los hechos tenga grandes puntos oscuros –respecto del móvil de la masacre, por ejemplo–, el hecho ineludible es que las agresiones cometidas en la localidad guerrerense dejaron seis muertos y 43 desaparecidos; entre los autores materiales se encuentran elementos de la policía municipal y algunas víctimas fueron trasladadas en vehículos oficiales, como muestra la evidencia fotográfica disponible.
Ante tales elementos, es imperativo que se realicen los deslindes correspondientes y se esclarezca la responsabilidad que recae en todos los niveles de gobierno; en primer lugar por un elemental sentido de justicia con las víctimas y sus familias, pero también porque, en la hora presente, nuestro país es objeto de escrutinio y reclamo internacional que difícilmente se conformará con simulaciones de justicia.
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En Tepic, decenas de jóvenes universitarios, con flores y moños blancos, marcharon en repudio a los actos de violencia contra 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero. Exigieron que haya justicia y que aparezcan con vida; también lamentaron que no haya garantías para la libertad de expresión en ese estado. El recorrido inició en el Bulevard Tepic-Xalisco y concluyó en la Normal Superior de Nayarit, donde colocaron una ofrenda floral. Myriam Navarro, corresponsal.
En Culiacán, alrededor de 300 jóvenes de diferentes organizaciones ciudadanas e instituciones educativas marcharon por la avenida Álvaro Obregón, de esta capital, para repudiar la represión contra normalistas de Ayotzinapan, Guerrero. Foto Javier Valdez Cárdenas, corresponsal
En Puebla, normalistas de Tetela de Ocampo marcharon para exigir justicia en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Foto José Castañares / La Jornada de Oriente.
En Chilpancingo, marcharon por lo menos 50 mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), normalistas, universitarios y sociedad civil.
Unos 150 estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI) y otras preparatorias e institutos de nivel superior en el Istmo de Tehuantepec bloquean el crucero de Juchitán, Oaxaca, sobre la carretera federal impidiendo el acceso a los automovilistas.
Unos 2 mil estudiantes de la Universidad de Guanajuato y ciudadanos marcharon en la capital del estado en el marco de la inauguración del Festival Internacional Cervantino (FIC) para condenar y exigir justicia por la matanza y desaparición de estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Reporta Carlos García, corresponsal.
Unas 300 personas se concentran a un costado de la glorieta de la Diana, en la costera Miguel Alemán de Acapulco, Guerrero. En la movilización, participan jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, de las unidades de economía, sociología y derecho, quienes leyeron un comunicado para exigir el esclarecimiento de los hechos; además de preparatorias populares, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, quienes claman una y otra vez: "¡justicia, justicia, justicia!"; "¡vimos se los llevaron!; "¡vimos los queremos!".
Vestidos de luto y portando una rosa blanca, más de 3 mil personas -entre normalistas de la Enrique C. Rebsamen, Suárez Trujillo, de la Universidad de Veracruz y otras escuelas-, llegan al centro de Xalapa.
Cuatro diferentes marchas se dirigen al Zócalo de Oaxaca. Por otra parte, profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), anuncian que a partir del próximo 15 de octubre llevarán a cabo una caravana motorizada hacia Ayotzinapa, Guerrero.
Brindarán apoyo económico a las familias de los jóvenes asesinados, así como a los que han resultado heridos, entre ellos dos jóvenes oaxaqueños. Un tercer oaxaqueño continúa como desaparecido.
Los maestros realizaron diversos cierres carreteros en la entidad como parte de las movilizaciones en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Además, cerraron la planta de Distribución Petróleos Mexicanos ubicada en el municipio de Santa María El Tule.
En Durango, alrededor de 400 estudiantes de la escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera marchan por las principales calles de la ciudad mientras las oficinas de gobierno cierran sus puertas para evitar que los manifestantes ingresen a ellas. La marcha se desarrolla en completa calma. Reporta Saúl Maldonado, corresponsal
Concluye marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Alrededor de 20 mil integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizaron esta tarde una marcha silenciosa en esta ciudad “en señal de dolor y coraje” y por la demanda de “justicia verdadera”, por el asesinato de estudiantes normalistas de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, Guerrero.
Al llegar al centro de la ciudad el contingente, en el cual se pudo distinguir al Comandante Tacho, dio vuelta justo en la alcaldía y retornó hacia el poniente donde comenzó a las 16.20 horas.
Tras la movilización, los integrantes del EZLN regresan a sus comunidades en las diversas regiones en las cuales se encuentran los Caracoles de Oventic, La Garrucha, La Realidad, Morelia y Roberto Barrios.
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