 |
| Foto Lenin Ocampo Torres |
Por Héctor Briseño | La Jornada
En conferencia de prensa en este puerto, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iñaki Blanco Cabrera, informó que 28 cuerpos –todos calcinados– fueron exhumados de seis fosas localizadas en las faldas de un cerro en Pueblo Viejo, municipio de Iguala, y, aunque una y otra vez dijo que no podía adelantar que se tratara de los normalistas de Ayotzinapa, precisó que, según versiones de los detenidos por el caso, 17 estudiantes de esa normal rural fueron llevados hasta ahí, asesinados y quemados.
Blanco Cabrera narró que los cuerpos fueron colocados sobre ramas y troncos y rociados con una sustancia inflamable acelerante, que pudo ser diesel, gasolina o petróleo. Algunos están completos y otros fragmentados, y su muerte pudo ocurrir hace 15 días o dos meses, pero subrayó que serán los peritos quienes determinen la temporalidad del deceso.
El fiscal guerrerense manifestó que el director de seguridad pública municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, fue quien dio la instrucción de detener a los 17 estudiantes, y un sujeto apodado El Chucky, de la organización delincuencial Guerreros Unidos, ‘‘ordenó’’ a los policías ultimarlos.
Las pruebas de ADN que permitirán identificar los cuerpos –apuntó el funcionario– tardarán entre 15 días y dos meses, y en ellas participarán especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.
El funcionario refirió que por estos hechos fueron detenidas adicionalmente cuatro personas a las que se liga con Guerreros Unidos, quienes señalaron que tras la persecución de los camiones en que se transportaban los normalistas en Iguala –la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre–, 17 fueron trasladados al paraje Cerro Viejo, al noroeste de la citada ciudad. Los nombres de los presuntos implicados son Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber.
Indicó que se desconoce el paradero del alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, así como el ex secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores Velázquez, por lo que se solicitó colaboración de fiscalías del país y de la Procuraduría General de la República (PGR) para localizarlos.
El fiscal resumió que se ha detenido a 26 probables responsables y se ha consignado a 29 integrantes de la mencionada organización delictiva; tres de las consignaciones han sido sin detenido, entre ellas las del ex secretario de seguridad pública municipal Felipe Flores. Recalcó que ‘‘debemos esperar las periciales de genética forense’’, y oficialmente 43 personas siguen desaparecidas, en referencia a los estudiantes. Anunció además que promoverá este lunes el juicio de procedencia contra el alcalde José Luis Abarca Velázquez para retirarle el fuero y pueda procederse a su detención.
Por otra parte, en el Semefo de Iguala miembros de organismos de derechos humanos cuestionaron la forma en que se están exhumando los cadáveres, porque no se está cumpliendo con los protocolos de ley: no se preserva el área, las fotos forenses no se hacen correctamente y tampoco las del lugar.
La fuente comentó que los cuerpos pasan mucho tiempo a la intemperie en bolsas de plástico, y de manera desordenada se les colocan números de identificación en cualquier parte, con lo que después será más difícil ubicarlos, además de que los vehículos en que los trasladan al Servicio Médico Forense de Iguala no tienen refrigeración.
La noche del sábado pasado ingresaron al forense nueve cuerpos y otros 19 este domingo en dos envíos, uno alrededor de las 15 horas y otro casi a las 18. La camioneta que traía los cadáveres fue introducida a las instalaciones para que los restos humanos no fueran fotografiados por los reporteros gráficos. Las otras camionetas y patrullas con policías ministeriales esperaban afuera; después de dejar los restos humanos, la camioneta del Semefo salía y de nuevo se iba acompañada del convoy a traer más cuerpos de Pueblo Viejo.
Trabajadores del Forense señalaron que no se encontraron casquillos cerca de las fosas y sólo en una de las víctimas era visible un disparo en el cráneo.
Por su parte, el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Juan López Villanueva consideró que con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, en Guerrero se cometió una falta muy grave. Destacó que el organismo considera a los normalistas desaparecidos ‘‘de manera forzada’’, porque, de acuerdo con testigos, policías municipales participaron en las desapariciones.
El visitador de la CNDH señaló que le ha manifestando al gobierno de Ángel Aguirre que el tratamiento mediático sea cuidadoso, que las familias se enteren primero de las conclusiones de la búsqueda, ‘‘y una observación adicional es que no se circunscriba a lo que se ha encontrado como hallazgo, sino que se dé prioridad a una búsqueda de personas vivas’’.
El fiscal guerrerense manifestó que el director de seguridad pública municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, fue quien dio la instrucción de detener a los 17 estudiantes, y un sujeto apodado El Chucky, de la organización delincuencial Guerreros Unidos, ‘‘ordenó’’ a los policías ultimarlos.
Las pruebas de ADN que permitirán identificar los cuerpos –apuntó el funcionario– tardarán entre 15 días y dos meses, y en ellas participarán especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.
El funcionario refirió que por estos hechos fueron detenidas adicionalmente cuatro personas a las que se liga con Guerreros Unidos, quienes señalaron que tras la persecución de los camiones en que se transportaban los normalistas en Iguala –la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre–, 17 fueron trasladados al paraje Cerro Viejo, al noroeste de la citada ciudad. Los nombres de los presuntos implicados son Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber.
Indicó que se desconoce el paradero del alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, así como el ex secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores Velázquez, por lo que se solicitó colaboración de fiscalías del país y de la Procuraduría General de la República (PGR) para localizarlos.
El fiscal resumió que se ha detenido a 26 probables responsables y se ha consignado a 29 integrantes de la mencionada organización delictiva; tres de las consignaciones han sido sin detenido, entre ellas las del ex secretario de seguridad pública municipal Felipe Flores. Recalcó que ‘‘debemos esperar las periciales de genética forense’’, y oficialmente 43 personas siguen desaparecidas, en referencia a los estudiantes. Anunció además que promoverá este lunes el juicio de procedencia contra el alcalde José Luis Abarca Velázquez para retirarle el fuero y pueda procederse a su detención.
Por otra parte, en el Semefo de Iguala miembros de organismos de derechos humanos cuestionaron la forma en que se están exhumando los cadáveres, porque no se está cumpliendo con los protocolos de ley: no se preserva el área, las fotos forenses no se hacen correctamente y tampoco las del lugar.
La fuente comentó que los cuerpos pasan mucho tiempo a la intemperie en bolsas de plástico, y de manera desordenada se les colocan números de identificación en cualquier parte, con lo que después será más difícil ubicarlos, además de que los vehículos en que los trasladan al Servicio Médico Forense de Iguala no tienen refrigeración.
La noche del sábado pasado ingresaron al forense nueve cuerpos y otros 19 este domingo en dos envíos, uno alrededor de las 15 horas y otro casi a las 18. La camioneta que traía los cadáveres fue introducida a las instalaciones para que los restos humanos no fueran fotografiados por los reporteros gráficos. Las otras camionetas y patrullas con policías ministeriales esperaban afuera; después de dejar los restos humanos, la camioneta del Semefo salía y de nuevo se iba acompañada del convoy a traer más cuerpos de Pueblo Viejo.
Trabajadores del Forense señalaron que no se encontraron casquillos cerca de las fosas y sólo en una de las víctimas era visible un disparo en el cráneo.
Por su parte, el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Juan López Villanueva consideró que con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, en Guerrero se cometió una falta muy grave. Destacó que el organismo considera a los normalistas desaparecidos ‘‘de manera forzada’’, porque, de acuerdo con testigos, policías municipales participaron en las desapariciones.
El visitador de la CNDH señaló que le ha manifestando al gobierno de Ángel Aguirre que el tratamiento mediático sea cuidadoso, que las familias se enteren primero de las conclusiones de la búsqueda, ‘‘y una observación adicional es que no se circunscriba a lo que se ha encontrado como hallazgo, sino que se dé prioridad a una búsqueda de personas vivas’’.
1 comentario:
Es un hecho criminal tan grave y a pesar de eso no tiene todo el repudio que debe tener, ni tampoco la cobertura mediatica latinoamericana y la condena internacional--nos estaremos acostumbrando a la muerte y laviolencia?
Publicar un comentario