Tres organizaciones defensoras de derechos humanos de cobertura
nacional han unido sus capacidades, experiencias, saberes y liderazgos
para acompañar a las organizaciones del Bajo Aguán agrupadas en el
Observatorio de Derechos Humanos de esa región.
El COFADEH, FIAN Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para
el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) empezaron la ejecución esta semana del
proyecto de apoyo y protección a los defensores de derechos humanos que
trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza.
Las acciones incluyen mecanismos de protección a más de 80 personas, hombres y mujeres, que asumen riesgos directos en los campos de cultivo y procesamiento de palma africana, donde acompañan a la población rodeada de fuerzas militares, paramilitares, empresarios violentos y narcotraficantes.
Las iniciativas, que abarcan a las defensoras y defensores de los bienes de la naturaleza amenazados por empresas mineras y represadoras de ríos en la cordillera Nombre de Dios y en el Valle de Siria, cuentan con el apoyo de la Unión Europea.
NO venimos a competir con ninguno de los actores instalados en la zona, ni del sector público ni de las organizaciones sociales asentadas en la zona, dijo claramente Bertha Oliva, la coordinadora del COFADEH, al lanzar oficialmente el proyecto ante unas 80 personas con representación del Ministerio Publico, las Fuerzas Armadas y los movimientos agrarios.
Venimos a contribuir a la reducción de las violaciones a los derechos humanos, la discriminación y el desprecio contra quienes los defienden, enfatizo Oliva con la mirada puesta en la operación Xatruch, la Policía y fiscales, presentes en el Centro Recarte de Tocoa, Colon. Ellos humillan a las defensoras y defensores mientras socorren a las víctimas.
Las acciones más recientes de los operadores de justicia han sido contra el movimiento campesino de la finca Panamá, donde han ejecutado desalojos violentos, han causado heridas a decenas de campesinos, abortos en mujeres, detenciones y penalización de las recuperaciones de tierras.
También activistas sociales y trabajadores de medios de comunicación han sufrido amenazas por cubrir los destrozos causados por empresas mineras en el sector de la Viscinia y montañas ubicadas en la parte alta del departamento de Colon, fronterizo con Olancho.
Para esclarecer las muertes violentas de más de cien campesinos y campesinas en los últimos cinco años, el gobierno conformo una Unidad de Investigación que ha realizado 14 exhumaciones y anuncio un total de 50 en la zona.
Los actores locales no rechazan la presencia de dicha Unidad, pero tampoco avalan sus acciones por tener dudas respecto a la objetividad, independencia e imparcialidad de los resultados.
También el COFADEH comparte esas dudas, en tanto la aplicación de justicia en casos recientes como los ocurridos en El Tumbador, Rigores y empresas próximas a Tocoa y Trujillo no ha sido ejemplar, más bien todo lo contrario, han sido actos de impunidad favorables a los empresarios de la muerte.
“Mientras aquí no haya voluntad política de parte de los operadores de justicia por miedo o parcialidad el conflicto continuara, y en este sentido nuestra presencia es para documentar y denunciar los hechos, acompañando a quienes ya arriesgan sus vidas en la defensa de sus semejantes”, insistió Oliva.
En representación de la Fuerza de Tarea Xatruch III escuchó el Teniente Coronel, Jorge Muñóz y dijo que es muy valiosa la participación de FIAN, COFADEH Y CEPRODEC, especialmente de Bertha Oliva y Gilberto Ríos, reconocidos defensores de los derechos fundamentales de todos los hondureños, con el mayor conocimiento de la zona.
“Algunas veces los medios de comunicación y organismos de derechos humanos faltan a la verdad, pero como dijo doña Bertha, la verdad no se debe ocultar, debemos separar los problemas de los campesinos con la delincuencia común y con otros delitos, y eso no hay que confundirlo con lo que son las verdaderas reivindicaciones de los campesinos, porque son cosas separadas, el campesino es uno y el delincuente común es otro, no podemos confundir”, aseguró muy bien el coronel.
Y en su discurso es claro el militar, dice que la solución al conflicto del Aguán no pasa por una ocupación militar, por una solución policial, por desalojos, por violaciones, por represión, sino por soluciones pacíficas donde todos los actores pongamos una parte, los derechos humanos, los campesinos, las Fuerzas Armadas, los fiscales, la voluntad política como bien mencionaba doña Bertha Oliva, o sea que esta solución debe salir a partir de un consenso entre todos y de forma pacífica”.
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