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Por Sebastian Abrevaya | Página 12
El gobierno argentino consiguió ayer el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su disputa con los fondos buitre por la reestructuración de la deuda externa. A pocos días de la reunión con el mediador Daniel Pollack, prevista para este lunes, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, expusieron en la sesión especial de la OEA, donde por aclamación se aprobó el documento con dos notas al pie de Estados Unidos y Canadá, que marcaron diferencias respecto del resto de los 33 miembros de la organización regional.
Sobre el cierre de la sesión, Timerman agradeció a los representantes de Latinoamérica y el Caribe y cuestionó la falta de respaldo de los otros dos países: “Lamento profundamente que dos países no se hayan adherido a esta declaración porque considero que es una declaración balanceada que lo único que pide es que las negociaciones sean justas y que se nos permita pagar a nuestros acreedores”, señaló el canciller argentino, apuntando especialmente a la administración de Barack Obama.
Con un tono más duro que el utilizado la semana pasada en las Naciones Unidas, Argentina planteó su posición en el seno del foro regional, donde consiguió otro claro apoyo, con la mencionada excepción de Estados Unidos y Canadá. A diferencia del encuentro del G-77+China realizado en la ONU, en esta ocasión ya se sabía que el juez Thomas Griesa denegó el pedido de stay (suspensión) de la aplicación de su fallo y le impidió a los bonistas que ingresaron al canje cobrar el pago de 539 millones de dólares realizado por la Argentina antes del plazo del 30 de junio.
“Si hoy en día quieren entrar al canje pueden hacerlo. Está abierto, pero los fondos buitre no quieren lo que tienen los demás, quieren más. Nosotros no vamos a aceptar una extorsión, no vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino. Vamos a negociar y no nos vamos a suicidar”, sentenció Timerman. El ministro de Economía, por su parte, volvió a referirse al fallo del juez Griesa pero en términos más duros que otras veces. Lo calificó de “insólito, inédito, injusto y desquiciado” y aseguró que con una interpretación forzosa de la cláusula pari passu se busca “poner de rodillas a un país”.
“Argentina no quiere ser un caso de estudio de cómo con una decisión absurda sufrió un pueblo y una nación. Lo que necesitamos, pedimos, es que la comunidad internacional actúe, reaccione y que lo haga antes de que el precipicio que estableció el juez Griesa esté delante de nuestras narices”, solicitó Kicillof. Durante una conferencia de prensa posterior, el ministro de Economía explicó que los organismos internacionales ya han estudiado estas situaciones y que deberían establecer modalidades de reestructuración de deuda “para que no sean un camino sin final”, en el que un pequeño grupo de personas pongan en riesgo la totalidad de la deuda reestructurada.
En su exposición frente a los cancilleres y embajadores, Kicillof detalló las consecuencias financieras y económicas de esta situación si la Argentina le pagara a los fondos buitre lo que reclaman, al mismo tiempo que se paga el vencimiento de deuda de los bonistas que aceptaron el canje. Esa situación implicaría, por la cláusula RUFO, que en última instancia se tendría que enfrentar un pago total de más de 120 mil millones de dólares, entre los fondos favorecidos por Griesa, aquellos que no ingresaron al canje pero no están incluidos en la causa judicial y los bonistas reestructurados, que estarían en condiciones de reclamar que se les iguale la oferta.
A su turno, Roberta Jacobson, la subsecretaria norteamericana de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, subrayó que “se trata de un tema tratado por nuestro sistema judicial que es un cuerpo independiente del gobierno de Estados Unidos”. Repitió así la posición expresada el lunes en la asamblea donde se votó la convocatoria a la reunión de cancilleres. Si bien marcó su “beneplácito” por las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner en pos de un acuerdo con el ciento por ciento de los acreedores y reconoció la voluntad de pago de la Argentina, Jacobson adelantó que incorporaría una “nota al pie” en la declaración, consignando que su gobierno no puede acompañar el planteo por considerarlo un tema concerniente al Poder Judicial. En la misma línea que Estados Unidos se pronunció el representante de Canadá.
Antes de concluir el encuentro, el canciller argentino volvió a pedir la palabra para agradecer a los representantes latinoamericanos y del Caribe y responder a la posición norteamericana. Timerman le recriminó al gobierno de Estados Unidos que mientras emite informes sobre temas domésticos de otros países, ahora se abstiene de opinar cuando se plantea en el seno de la OEA un tema de interés para todos los países de la región. “Lo lamento porque recibo en mi oficina los informes calificándonos y juzgándonos. Nosotros no juzgamos a nadie”, concluyó.
Finalmente, en el documento aprobado ayer los miembros de la OEA declararon:
1. Su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos como lo viene haciendo y logre un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales con el ciento por ciento de los acreedores.
2. Que es esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional garantizar que los acuerdos alcanzados entre los deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos, según lo acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de deuda.
3. Su pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de deuda soberana argentina.
La reunión de cancilleres convocada a pedido de la Argentina contó con una importante presencia de ministros y funcionarios de primera línea de todos los Estados miembros, lo que marcó el interés que el tema genera en la región. Según la información oficial hubo 17 ministros y viceministros, además de los representantes permanentes ante la OEA.
Con un tono más duro que el utilizado la semana pasada en las Naciones Unidas, Argentina planteó su posición en el seno del foro regional, donde consiguió otro claro apoyo, con la mencionada excepción de Estados Unidos y Canadá. A diferencia del encuentro del G-77+China realizado en la ONU, en esta ocasión ya se sabía que el juez Thomas Griesa denegó el pedido de stay (suspensión) de la aplicación de su fallo y le impidió a los bonistas que ingresaron al canje cobrar el pago de 539 millones de dólares realizado por la Argentina antes del plazo del 30 de junio.
“Si hoy en día quieren entrar al canje pueden hacerlo. Está abierto, pero los fondos buitre no quieren lo que tienen los demás, quieren más. Nosotros no vamos a aceptar una extorsión, no vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino. Vamos a negociar y no nos vamos a suicidar”, sentenció Timerman. El ministro de Economía, por su parte, volvió a referirse al fallo del juez Griesa pero en términos más duros que otras veces. Lo calificó de “insólito, inédito, injusto y desquiciado” y aseguró que con una interpretación forzosa de la cláusula pari passu se busca “poner de rodillas a un país”.
“Argentina no quiere ser un caso de estudio de cómo con una decisión absurda sufrió un pueblo y una nación. Lo que necesitamos, pedimos, es que la comunidad internacional actúe, reaccione y que lo haga antes de que el precipicio que estableció el juez Griesa esté delante de nuestras narices”, solicitó Kicillof. Durante una conferencia de prensa posterior, el ministro de Economía explicó que los organismos internacionales ya han estudiado estas situaciones y que deberían establecer modalidades de reestructuración de deuda “para que no sean un camino sin final”, en el que un pequeño grupo de personas pongan en riesgo la totalidad de la deuda reestructurada.
En su exposición frente a los cancilleres y embajadores, Kicillof detalló las consecuencias financieras y económicas de esta situación si la Argentina le pagara a los fondos buitre lo que reclaman, al mismo tiempo que se paga el vencimiento de deuda de los bonistas que aceptaron el canje. Esa situación implicaría, por la cláusula RUFO, que en última instancia se tendría que enfrentar un pago total de más de 120 mil millones de dólares, entre los fondos favorecidos por Griesa, aquellos que no ingresaron al canje pero no están incluidos en la causa judicial y los bonistas reestructurados, que estarían en condiciones de reclamar que se les iguale la oferta.
A su turno, Roberta Jacobson, la subsecretaria norteamericana de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, subrayó que “se trata de un tema tratado por nuestro sistema judicial que es un cuerpo independiente del gobierno de Estados Unidos”. Repitió así la posición expresada el lunes en la asamblea donde se votó la convocatoria a la reunión de cancilleres. Si bien marcó su “beneplácito” por las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner en pos de un acuerdo con el ciento por ciento de los acreedores y reconoció la voluntad de pago de la Argentina, Jacobson adelantó que incorporaría una “nota al pie” en la declaración, consignando que su gobierno no puede acompañar el planteo por considerarlo un tema concerniente al Poder Judicial. En la misma línea que Estados Unidos se pronunció el representante de Canadá.
Antes de concluir el encuentro, el canciller argentino volvió a pedir la palabra para agradecer a los representantes latinoamericanos y del Caribe y responder a la posición norteamericana. Timerman le recriminó al gobierno de Estados Unidos que mientras emite informes sobre temas domésticos de otros países, ahora se abstiene de opinar cuando se plantea en el seno de la OEA un tema de interés para todos los países de la región. “Lo lamento porque recibo en mi oficina los informes calificándonos y juzgándonos. Nosotros no juzgamos a nadie”, concluyó.
Finalmente, en el documento aprobado ayer los miembros de la OEA declararon:
1. Su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos como lo viene haciendo y logre un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales con el ciento por ciento de los acreedores.
2. Que es esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional garantizar que los acuerdos alcanzados entre los deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos, según lo acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de deuda.
3. Su pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de deuda soberana argentina.
La reunión de cancilleres convocada a pedido de la Argentina contó con una importante presencia de ministros y funcionarios de primera línea de todos los Estados miembros, lo que marcó el interés que el tema genera en la región. Según la información oficial hubo 17 ministros y viceministros, además de los representantes permanentes ante la OEA.
Al arrancar la presentación argentina, Timerman remarcó que el tema de la deuda argentina no es una cuestión meramente económica: “Este no es solamente un tema económico, sino fundamentalmente un tema político, porque de lo que estamos hablando es de un grupo de personas que nosotros denominamos fondos buitre, que utilizando influencias políticas, medios de comunicación, acciones de lobby, medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades. Tener el control de como se manejan las economías y los recursos naturales de nuestros países”, aseguró Timerman.
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