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| Fotos Luis Méndez |
Por Marvin Palacios | Defensores en Línea
En representación del movimiento social y popular, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la instalación en Honduras, de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
A mediado de junio de 2013, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de las ZEDE que otorga condiciones especiales a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de extensos territorios del país. Estas regiones estarán sometidas a reglas diferentes al resto del país y con autonomía propia.
La ley orgánica es el complemento de las reformas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución que abrió el camino a la creación de esas zonas especiales.
Con la ley, en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se autoriza el establecimiento de tribunales con competencias exclusivas, que podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, siempre que garanticen los principios constitucionales de protección a los derechos humanos, previa aprobación del Congreso Nacional.
La Coordinadora del COPINH, Bertha Cáceres expresó que las ZEDE son en el fondo enclaves peligrosos que ponen a la venta y despedazan lo que hoy conocemos como estado hondureño.
“Estos enclaves serán mineros, energéticos, petroleros, financieros, maquiladores, con propósitos de privatización de bienes de la naturaleza, de bienes públicos en una serie de mega-proyectos que agreden no solo los derechos de los pueblos indígenas sino también de todo el pueblo hondureño”, advirtió Cáceres.
La dirigenta recalcó que la “esencia de la soberanía, de la dignidad de este país se perderá si permitimos que eso avance, ya que es una de las mayores entregas en lo que va de más de 500 años de colonización, de opresión; este es un caso especial en el mundo y nos da mucha vergüenza que Juan Orlando Hernández diga que es descendiente de Lempira y esté entregando de esta manera el país”.
Según el texto de la ley orgánica, las ZEDE son parte inalienable del Estado de Honduras, sujetas a la Constitución de la República y al gobierno nacional en los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.
Expertos en el tema aseguran que al otorgar autonomía con personalidad jurídica a estas regiones especiales, se atenta contra la autonomía de las municipalidades y afecta la recaudación de impuestos.
Todas las ZEDE serán autorizadas por el Congreso Nacional y podrán ser centros financieros internacionales, centros logísticos internacionales, ciudades autónomas, distritos especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas especiales, zonas agroindustriales, centros turísticos, mineros, forestales o cualquier otro régimen, sujetas a un sistema jurídico especial.
Las ZEDE crearán su propio presupuesto, y administrarán sus tributos. Podrán celebrar convenios o contratos, siempre que sea sin el aval del Estado de Honduras. Asimismo estarán sujetas a la Constitución de la República, los tratados internacionales y la Ley Orgánica.
En torno a la población, las ZEDE establecerán convenios de convivencia ciudadana con las personas que libremente deseen habitar o residir en su jurisdicción.
La ley orgánica es el complemento de las reformas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución que abrió el camino a la creación de esas zonas especiales.
Con la ley, en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se autoriza el establecimiento de tribunales con competencias exclusivas, que podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, siempre que garanticen los principios constitucionales de protección a los derechos humanos, previa aprobación del Congreso Nacional.
La Coordinadora del COPINH, Bertha Cáceres expresó que las ZEDE son en el fondo enclaves peligrosos que ponen a la venta y despedazan lo que hoy conocemos como estado hondureño.
“Estos enclaves serán mineros, energéticos, petroleros, financieros, maquiladores, con propósitos de privatización de bienes de la naturaleza, de bienes públicos en una serie de mega-proyectos que agreden no solo los derechos de los pueblos indígenas sino también de todo el pueblo hondureño”, advirtió Cáceres.
La dirigenta recalcó que la “esencia de la soberanía, de la dignidad de este país se perderá si permitimos que eso avance, ya que es una de las mayores entregas en lo que va de más de 500 años de colonización, de opresión; este es un caso especial en el mundo y nos da mucha vergüenza que Juan Orlando Hernández diga que es descendiente de Lempira y esté entregando de esta manera el país”.
Según el texto de la ley orgánica, las ZEDE son parte inalienable del Estado de Honduras, sujetas a la Constitución de la República y al gobierno nacional en los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.
Expertos en el tema aseguran que al otorgar autonomía con personalidad jurídica a estas regiones especiales, se atenta contra la autonomía de las municipalidades y afecta la recaudación de impuestos.
Todas las ZEDE serán autorizadas por el Congreso Nacional y podrán ser centros financieros internacionales, centros logísticos internacionales, ciudades autónomas, distritos especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas especiales, zonas agroindustriales, centros turísticos, mineros, forestales o cualquier otro régimen, sujetas a un sistema jurídico especial.
Las ZEDE crearán su propio presupuesto, y administrarán sus tributos. Podrán celebrar convenios o contratos, siempre que sea sin el aval del Estado de Honduras. Asimismo estarán sujetas a la Constitución de la República, los tratados internacionales y la Ley Orgánica.
En torno a la población, las ZEDE establecerán convenios de convivencia ciudadana con las personas que libremente deseen habitar o residir en su jurisdicción.
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