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A
partir del golpe de estado del año 2009, en Honduras se inició una
ofensiva neoliberal encaminada a subastar el país por retazos, siendo
las empresas extractoras las mayores promotoras de la entrega del
territorio nacional a precio de gallo muerto.
La historia de Honduras ha estado relacionada íntimamente con la minería desde el siglo XVI y es hasta el siglo XX cuando deja de ser el pilar sustancial de la economía nacional para ser suplantada por el banano. En los albores del siglo XXI la explotación minera y de hidrocarburos se perfilan como los rubros que sentarán la pauta económica; sin embargo dada la ausencia de un estado de ley y el feudalismo existente, es de esperar un enorme incremento en las violaciones a los derechos humanos, territoriales y ambientales de los hondureños.
La historia de Honduras ha estado relacionada íntimamente con la minería desde el siglo XVI y es hasta el siglo XX cuando deja de ser el pilar sustancial de la economía nacional para ser suplantada por el banano. En los albores del siglo XXI la explotación minera y de hidrocarburos se perfilan como los rubros que sentarán la pauta económica; sin embargo dada la ausencia de un estado de ley y el feudalismo existente, es de esperar un enorme incremento en las violaciones a los derechos humanos, territoriales y ambientales de los hondureños.
La entrada en en vigor del Reglamento de la Ley de Minería el
pasado 4 de septiembre, apertura una avalancha de proyectos extractivos
a lo largo y ancho de Honduras. A finales del mes de julio del presente
año, la administración Lobo anunció que otorgará 280 concesiones mineras,
en el marco de la congelada por el momento, Ley de Promoción del
Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública (Ley Hipoteca),
supuestamente emitida con el propósito de lograr el pago de la deuda
interna del país.
La ley
Hipoteca despertó una protesta generalizada del pueblo hondureño,
incluyendo a voces de la recalcitrante ultraderecha, razón por la cual
quedo pendiente la sanción de la ley por el actual poder ejecutivo, el
que descartó la aplicación de la ley, ante el posible perjuicio que
causaría a su partido en la pasada contienda electoral.
Si
bien la administración Lobo se refrenó en relación a la aplicación de la
Ley Hipoteca, el 22 de mayo pasado el Congreso Nacional aprobó la
entrega de 35 mil kilómetros cuadrados de la plataforma continental al
Grupo BG, por un canon irrisorio y regalías que en otros países de América Latina serían consideradas risibles. Para la entrega de la
plataforma continental no efectuó licitación alguna, y la empresa
favorecida tiene un enorme historial de sobornos a lo largo del planeta.
En
fecha reciente tuvo lugar una reunión en la Mosktia, instigada por SERNA
y BG con el supuesto propósito de realizar una socialización-consulta.
El Grupo BG y el Estado de Honduras, han denegado el derecho a la
consulta que poseemos lo pueblos indígenas del país, y la farsa del
pasado 15 de octubre, no es mas que una ratificación de la capacidad de
tergiversar el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones
Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), en
los cuales está consignado el derecho a la consulta como un pilar
esencial para lograr el mítico desarrollo.
La
administración Lobo se ha destacado por ser una tramitadora de la
entrega del territorio nacional en retazos al capital extranjero. Esto
se manifiesta claramente en el intento de subastar la mitad de las
comunidades Garifunas en nombre de las supuestas ciudades modelo, y el
posteriormente se dio un golpe a la Corte Suprema desde el poder
Legislativo como represalia al haber declarado inconstitucional la Ley
RED.
La
desaparición de la independencia de poderes sumerge mas a Honduras en
una dictadura civil a merced de la rapacidad de los inversionistas
extranjeros.
La
explotación de numerosos yacimientos de óxido de hierro es uno de los
tantos retos que padecen las comunidades locales, ante la voracidad del
gigante económico en el que se ha convertido China, país que posee una
larga práctica de desastres neocolonialistas en Africa.
Desde hace dos años Honduras firmó un Convenio
con la empresa sudcoreana POSCO, consorcio metalúrgico que pretende
construir una mega siderúrgica en la costa norte. POSCO-DAEWOO motivó
el golpe de estado en Madagascar en el año 2009, ante la inminente
entrega de 100 mil hectáreas del territorio insular al conglomerado
coreano. El pueblo de Madagascar depuso al expresidente Ravalomanana
por sus tendencias entregistas. En Honduras sucedió todo lo contrario:
un golpe de estado y el relevo de sátrapas colocó al país en una
subasta, apareciendo de inmediato la empresa POSCO en la escena.
El
Observatorio de los Conflictos Mineros de América Latina incluyen cuatro
casos graves casos en Honduras: Mina San Andrés en la Unión Copan; El
Valle de Siria, Oracle en Santa Barbara y la comunidad de Nueva
Esperanza en el municipio de Tela. Estos son los casos mas sonados y es
de esperar que en los próximos años cuando entre en vigencia la Ley
Hipoteca, la lista se alargará de forma inconmensurable.
La
ofensiva neocolonial que padece Honduras es similar a la del resto de
América Latina. Las empresas mineras, especialmente las canadienses,
desestiman la resistencia de las poblaciones locales, las que son
reprimidas por ejércitos nacionales y fuerzas de seguridad interna. La
CEPAL señala que Argentina y Mexico son los países donde se confrontan
mas conflictos sociales en relación a la explotación minera con 26 casos
cada país, superados por Peru y Chile con 33 conflictos, que la CEPAL
atribuye "a la falta de una legislación minera que incluya leyes
ambientales sociales laborales y territoriales entre otras y que sobre
todo sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las
políticas de desarrollo sostenible de los países”.
Buena
parte de los proyectos extractivos se encuentran localizados en los
territorios de los pueblos indígenas del continente. De ahí la
importancia de la emisión de una la Ley para la Consulta, la cual el
estado de Honduras a rehuido emitir, diluyéndola a un simple
reglamento; y aun así SERNA, los ministerios de Justicia y Etnias han
sido incapaces de plasmarlo. La farsa de la consulta a posterior sobre
el petróleo en la Moskitia, demuestra la capacidad del Estado de
retorcer Convenios y Declaratorias .
Los
asesinatos de tres indígenas tolupanes de la tribu de Locomapa, cometido
el pasado 24 de agosto, quienes se oponian a la explotación ilegal de
antimonio; es un indicador de la indefensión de los pueblos indígenas
de honduras, los que actualmente padecemos de una ofensiva sin
precedentes desde los tiempos de la colonia.
Desde
el año 1995 Honduras firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT y en el
2007, firmó la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos indígenas. Tanto el Convenio y el Tratado reafirman la
importancia del derecho a la consulta. El estado de Honduras he
desconocido de forma sistemática la aplicación de dichos instrumentos
jurídicos, colocando en una situación endeble a los pueblos que vemos
nuestros derechos territoriales restringidos, además de una entrega de
los hábitats funcionales a compañías extranjeras dedicadas a la
explotación de la minería e hidrocarburos, mega proyectos turísticos y
en futuro cercano a los proyectos REDD+.
La
consulta a posterior efectuada en la Moskitia en relación a la
explotación petrolera, demuestra un inconcebible desprecio por el pacta sub servanda
(lo pactado obliga), el cual constituye un principio básico del derecho
civil e internacional. Sin la implementación de una adecuada Ley del
Derecho a la Consulta los pueblos indígenas de Honduras desapareceremos
ante el avance de las industrias extractivas, las cuales se encuentran
en auge en el país.
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