Honduras, empresas extractivas y el saqueo anunciado

ecoportal.net

Por Ofraneh

A partir del golpe de estado del año 2009, en Honduras se inició una ofensiva neoliberal encaminada a subastar el país por retazos, siendo las empresas extractoras las mayores promotoras de la entrega del  territorio nacional a precio de gallo muerto.


La historia de Honduras ha estado relacionada íntimamente con la minería desde el siglo XVI y es hasta el siglo XX cuando deja de ser el pilar sustancial de la economía nacional para ser suplantada por el banano. En los albores del siglo XXI la explotación minera y de hidrocarburos se perfilan como los rubros que sentarán la pauta económica; sin embargo dada la ausencia de un estado de ley y el feudalismo existente, es de esperar un enorme incremento en las violaciones a los derechos humanos, territoriales y ambientales de los hondureños.

La entrada en en vigor del Reglamento de la Ley de Minería el pasado 4 de septiembre, apertura una avalancha de proyectos extractivos a lo largo y ancho de Honduras. A finales del mes de julio del presente año, la administración Lobo anunció que otorgará 280 concesiones mineras, en el marco de la congelada por el momento, Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública (Ley Hipoteca), supuestamente emitida con el propósito de lograr el pago de la deuda interna del país.

La ley Hipoteca despertó una protesta generalizada del pueblo hondureño, incluyendo a voces de la recalcitrante ultraderecha, razón por la cual quedo pendiente la sanción de la ley por el actual poder ejecutivo, el que descartó  la aplicación de la ley, ante el posible perjuicio que causaría a su partido en la pasada contienda electoral.

Si bien la administración Lobo se refrenó en relación a la aplicación de la Ley Hipoteca,  el 22 de mayo pasado el Congreso Nacional aprobó la entrega de 35 mil kilómetros cuadrados de la plataforma continental al Grupo BG, por un canon irrisorio y regalías que en otros países de América Latina serían consideradas risibles. Para la entrega de la plataforma continental no efectuó licitación alguna, y la empresa favorecida tiene un enorme historial de sobornos a lo largo del planeta.

En fecha reciente tuvo lugar una reunión en la Mosktia, instigada por SERNA y BG con el supuesto propósito de realizar una socialización-consulta. El Grupo BG  y el Estado de Honduras, han denegado el derecho a la consulta que poseemos lo pueblos indígenas del país, y la farsa del pasado 15 de octubre, no es mas que una ratificación de la capacidad de tergiversar el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), en los cuales está consignado el derecho a la consulta como un pilar esencial para lograr el mítico desarrollo.

La administración Lobo se ha destacado por ser una tramitadora de la entrega del territorio nacional en retazos al capital extranjero. Esto se manifiesta claramente en el intento de subastar la mitad de las comunidades Garifunas en nombre de las supuestas ciudades modelo, y el posteriormente se dio un golpe a la Corte Suprema desde el poder Legislativo como represalia al haber declarado inconstitucional la Ley RED. 

La desaparición de la independencia de poderes sumerge mas a Honduras en una dictadura civil a merced de la rapacidad de los inversionistas extranjeros.

La explotación de numerosos yacimientos de  óxido de hierro es uno de los tantos retos que padecen las comunidades locales, ante la voracidad del gigante económico en el que se ha convertido China, país que posee una larga práctica de desastres neocolonialistas en Africa.

Desde hace dos años Honduras firmó un Convenio con la empresa sudcoreana POSCO, consorcio metalúrgico que pretende construir una mega siderúrgica en la costa norte. POSCO-DAEWOO motivó el golpe de estado en Madagascar en el año 2009, ante la inminente entrega de 100 mil hectáreas del territorio insular  al conglomerado coreano. El pueblo de Madagascar  depuso al expresidente Ravalomanana por sus tendencias entregistas. En Honduras sucedió todo lo contrario: un golpe de estado y el relevo de sátrapas colocó al país en una  subasta, apareciendo de  inmediato  la empresa POSCO en la escena.

El Observatorio de los Conflictos Mineros de América Latina incluyen cuatro casos graves casos en Honduras: Mina San Andrés en la Unión Copan; El Valle de Siria, Oracle en Santa Barbara y la comunidad de Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Estos son los casos mas sonados y es de esperar que en los próximos años cuando entre en vigencia la Ley Hipoteca, la lista se alargará de forma inconmensurable.

La ofensiva neocolonial que padece Honduras es similar a la del resto de América Latina. Las empresas mineras, especialmente las canadienses, desestiman la resistencia de las poblaciones locales, las que son reprimidas por ejércitos nacionales y fuerzas de seguridad interna. La CEPAL señala que Argentina y Mexico son los países donde se confrontan mas conflictos sociales en relación a la explotación minera con 26 casos cada país, superados por Peru y Chile con 33 conflictos, que la CEPAL atribuye "a la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales sociales laborales y territoriales entre otras y que sobre todo sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países”.

Buena parte de los proyectos extractivos se encuentran localizados en los territorios de los pueblos indígenas del continente. De ahí la importancia de la emisión de una la Ley para la Consulta, la cual  el estado de  Honduras a rehuido emitir, diluyéndola  a un simple reglamento; y aun así SERNA, los ministerios de Justicia y Etnias han sido incapaces de plasmarlo. La farsa de la consulta a posterior sobre el petróleo en la Moskitia, demuestra la capacidad del Estado de retorcer Convenios y Declaratorias .

Los asesinatos de tres indígenas tolupanes de la tribu de Locomapa, cometido el pasado 24 de agosto, quienes se oponian a la explotación ilegal de antimonio; es un indicador de la indefensión de los pueblos indígenas  de honduras, los que actualmente padecemos de una ofensiva sin precedentes desde los tiempos de la colonia.

Desde el año 1995 Honduras firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT y en el 2007, firmó la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas. Tanto el Convenio y el Tratado reafirman la importancia del derecho a la consulta. El estado de Honduras he desconocido de forma sistemática la aplicación de dichos instrumentos jurídicos, colocando en una situación endeble a los pueblos que vemos nuestros derechos territoriales restringidos, además de una entrega de los hábitats funcionales a compañías extranjeras dedicadas a la explotación de la minería e hidrocarburos, mega proyectos turísticos y en futuro cercano a los proyectos REDD+.

La consulta a posterior efectuada en la Moskitia en relación a la explotación petrolera, demuestra un inconcebible desprecio por el pacta sub servanda (lo pactado obliga), el cual constituye un principio básico del derecho civil e internacional. Sin la implementación de una adecuada Ley del Derecho a la Consulta los pueblos indígenas de Honduras desapareceremos ante el avance de las industrias extractivas, las cuales se encuentran en auge en el país.