Por Copinh
Llamamiento urgente a la solidaridad!
Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, amigos, amigas:
La Coordinación General del COPINH se dirige a las bases de nuestra organización, a las fuerzas sociales y políticas progresistas, a la resistencia en general, a las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, a la solidaridad y a los medios de comunicación.
Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, amigos, amigas:
La Coordinación General del COPINH se dirige a las bases de nuestra organización, a las fuerzas sociales y políticas progresistas, a la resistencia en general, a las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, a la solidaridad y a los medios de comunicación.
Queremos informales de la situación creada a partir de la persecución política de la que es objeto nuestra organización, expresada en tribunales hondureños con saña, racismo, cumpliendo fielmente las instrucciones de empresas privadas, particularmente en los casos contra la compañera Bertha Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General, y los compañeros Aureliano Molina Villanueva y Tomas Gómez Membreño, comunicadores indígenas y miembros de base y comisión ejecutiva, perseguidos por la lucha que continua librando el COPINH en defensa de los derechos colectivos e individuales de las comunidades de Río Blanco, de los bienes comunes de la naturaleza, contra la privatización del Río Gualcarque y por los derechos del Pueblo Lenca en general. Les comunicamos lo siguiente:
1.- Que el expediente sobre las acusaciones de daños, coacción y usurpación presentados por la empresa DESA contra la compañera y los compañeros, HA PASADO YA A LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, teniendo un término, según la ley, de 05 días para responder al recurso de Apelación presentado por el equipo de defensa del COPINH. Recordamos que por este caso la Jueza Lissien Lisseth Knigth dio una resolución en la que dictó prisión para la compañera Bertha Cáceres, y medidas sustitutivas para Tomas Gómez y Aureliano Molina, consistentes en firmar un libro de control en el Juzgado cada 15 días, y prohibición de visitar los lugares donde supuestamente acontecieron los hechos infundados por el Ministerio Publico, representado por el Fiscal Henrry Alexander Pineda y acusadores privados encabezados por el abogado Juan Carlos Sánchez Cantiyano;
2.- Que a petición y complaciendo a la empresa DESA, la Jueza Lissien Lisseth Knigth modificó el día 03 de octubre las medidas sustitutivas en el caso del compañero Aureliano Molina, en las cuales, agrega a las que ya se le había impuesto, la prohibición de ir incluso a las comunidades aledañas, siendo más que inconstitucional y absurdo prohibir a un Lenca desplazarse por sus propios territorios ancestrales.
3.- Que en el caso del montaje judicial con la acusación de “posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras”, perpetrado contra la compañera Bertha Cáceres, por parte del Ejército, Ministerio Publico y Procuraduría General de la República, la Corte de Apelaciones de Santa Barbará está dando total privilegio y credibilidad a los testimonios de los mismos militares del Batallón de Ingenieros. Además, no se ha permitido ni se han hecho diligencias para dilucidar quién o quiénes son los verdaderos dueños del arma sembrada en el vehículo del COPINH, usada como evidencia para inculpar a la compañera, sin haber pruebas, ni actas de registros, ni peritajes, haciendo legal la ilegalidad del Ejercito, para criminalizar aún más la lucha del COPINH y de los Pueblos Indígenas. La multiplicación de causas contra la compañera Bertha Cáceres, habla de la mala fe y de la saña racista y patriarcal de una Justicia al servicio de las empresas coloniales.
4.- Por todo ello, exigimos a la Corte de Apelaciones de Comayagua y al sistema judicial en general:
- Apegarse al derecho, que incluye el derecho indígena, asegurando el derecho a la justicia, la verdad, el respeto de los territorios, cultura y espiritualidad del Pueblo Lenca y a la aplicación efectiva y plena del Convenio 169 de la OIT.
- No poner en el plano de víctimas a los verdaderos invasores, usurpadores, manipuladores de los territorios, los bienes comunes y hasta la vida del Pueblo Lenca. Se trata en este caso de la empresa DESA, que ha causado daños históricos e irreparables como el asesinato del compañero Tomas García a manos del Ejército hondureño mercenario de la empresa, asesinato aun impune; y ha sembrado la inseguridad en nuestras comunidades, buscando dividirlas, y amenazándola desde la presencia militar hasta el sicariato.
- Revocar la decisión del Juzgado 1ro. de Letras de Intibucá respecto a estas acusaciones, en las que dictó prisión para la compañera Bertha Cáceres, medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomas Gómez Membreño. Exigimos también que revoque la absurda orden judicial de desalojo de las comunidades de Río Blanco.
-Aplicar justicia a quienes hoy, desde sus cargos de poder, están negando la existencia del Pueblo Lenca y de nuestras ascendencias originarias, como por ejemplo al Fiscal Adjunto Abogado Rigoberto Cuellar, ex Ministro de SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.)
MAGISTRADOS: ABOGADOS HUMBERTO MIDENCE (PRESIDENTE C.A.); RUBEN RIVERA FLORES; OMAR BONILLA. TELEFONO/FAX: (504) 27.72.01.76
¡Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
¡Basta de criminalización contra el COPINH, basta de criminalización al derecho de defender los ríos, territorios, culturas ancestrales y vidas!
¡Río Blanco NO es cuartel, fuera ejército y policía de el !
1.- Que el expediente sobre las acusaciones de daños, coacción y usurpación presentados por la empresa DESA contra la compañera y los compañeros, HA PASADO YA A LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, teniendo un término, según la ley, de 05 días para responder al recurso de Apelación presentado por el equipo de defensa del COPINH. Recordamos que por este caso la Jueza Lissien Lisseth Knigth dio una resolución en la que dictó prisión para la compañera Bertha Cáceres, y medidas sustitutivas para Tomas Gómez y Aureliano Molina, consistentes en firmar un libro de control en el Juzgado cada 15 días, y prohibición de visitar los lugares donde supuestamente acontecieron los hechos infundados por el Ministerio Publico, representado por el Fiscal Henrry Alexander Pineda y acusadores privados encabezados por el abogado Juan Carlos Sánchez Cantiyano;
2.- Que a petición y complaciendo a la empresa DESA, la Jueza Lissien Lisseth Knigth modificó el día 03 de octubre las medidas sustitutivas en el caso del compañero Aureliano Molina, en las cuales, agrega a las que ya se le había impuesto, la prohibición de ir incluso a las comunidades aledañas, siendo más que inconstitucional y absurdo prohibir a un Lenca desplazarse por sus propios territorios ancestrales.
3.- Que en el caso del montaje judicial con la acusación de “posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras”, perpetrado contra la compañera Bertha Cáceres, por parte del Ejército, Ministerio Publico y Procuraduría General de la República, la Corte de Apelaciones de Santa Barbará está dando total privilegio y credibilidad a los testimonios de los mismos militares del Batallón de Ingenieros. Además, no se ha permitido ni se han hecho diligencias para dilucidar quién o quiénes son los verdaderos dueños del arma sembrada en el vehículo del COPINH, usada como evidencia para inculpar a la compañera, sin haber pruebas, ni actas de registros, ni peritajes, haciendo legal la ilegalidad del Ejercito, para criminalizar aún más la lucha del COPINH y de los Pueblos Indígenas. La multiplicación de causas contra la compañera Bertha Cáceres, habla de la mala fe y de la saña racista y patriarcal de una Justicia al servicio de las empresas coloniales.
4.- Por todo ello, exigimos a la Corte de Apelaciones de Comayagua y al sistema judicial en general:
- Apegarse al derecho, que incluye el derecho indígena, asegurando el derecho a la justicia, la verdad, el respeto de los territorios, cultura y espiritualidad del Pueblo Lenca y a la aplicación efectiva y plena del Convenio 169 de la OIT.
- No poner en el plano de víctimas a los verdaderos invasores, usurpadores, manipuladores de los territorios, los bienes comunes y hasta la vida del Pueblo Lenca. Se trata en este caso de la empresa DESA, que ha causado daños históricos e irreparables como el asesinato del compañero Tomas García a manos del Ejército hondureño mercenario de la empresa, asesinato aun impune; y ha sembrado la inseguridad en nuestras comunidades, buscando dividirlas, y amenazándola desde la presencia militar hasta el sicariato.
- Revocar la decisión del Juzgado 1ro. de Letras de Intibucá respecto a estas acusaciones, en las que dictó prisión para la compañera Bertha Cáceres, medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomas Gómez Membreño. Exigimos también que revoque la absurda orden judicial de desalojo de las comunidades de Río Blanco.
-Aplicar justicia a quienes hoy, desde sus cargos de poder, están negando la existencia del Pueblo Lenca y de nuestras ascendencias originarias, como por ejemplo al Fiscal Adjunto Abogado Rigoberto Cuellar, ex Ministro de SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.)
MAGISTRADOS: ABOGADOS HUMBERTO MIDENCE (PRESIDENTE C.A.); RUBEN RIVERA FLORES; OMAR BONILLA. TELEFONO/FAX: (504) 27.72.01.76
¡Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
¡Basta de criminalización contra el COPINH, basta de criminalización al derecho de defender los ríos, territorios, culturas ancestrales y vidas!
¡Río Blanco NO es cuartel, fuera ejército y policía de el !
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