Por Ofraneh
Una vez más el Estado de Honduras viola el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al incorporarse al programa de Reducción de las Emanaciones Causados por la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD+) y al haber excluido al pueblo Garífuna del proceso de consulta en la elaboración del denominado R-PP (Readiness Preparation Proposal), financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y el Programa ONU-REDD.
Una vez más el Estado de Honduras viola el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al incorporarse al programa de Reducción de las Emanaciones Causados por la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD+) y al haber excluido al pueblo Garífuna del proceso de consulta en la elaboración del denominado R-PP (Readiness Preparation Proposal), financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y el Programa ONU-REDD.
El estado de Honduras participó en Washington entre los días 19 al 22 de marzo, en una reunión del FCPF (PC14), ademas de Chile, Papua Nueva Guinea, Suriname, Tailandia y Vanatu. Los seis países compartirán 23 millones de dólares, con el propósito supuestamente de prepararse para la implementación de los programas REDD +.
En el borrador del denominado R-PP de septiembre del 2012, la OFRANEH es mencionada como "La organización que dicta las políticas indígenas en los territorios Garífunas, hace incidencia política y vela por el derecho del pueblo", ademas en el mismo borrador se incluye a la organización en los talleres de socialización y preconsulta que nunca fueron realizados. Como por arte de magia y sin haber contactado los funcionarios estatales o de Naciones Unidas a nuestra organización, en el R-PP de marzo del 2013, la OFRANEH desaparece del documento como la organización representante del pueblo Garífuna.
La actitud asumida por la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), el FCPF y ONU-REDD de excluir a la OFRANEH en la elaboración del R-PP, deniega el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, situación que previamente había sido señalada por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) en su carta de febrero del 2012. Ciertamente es un misterio como la CONPAH aparece ahora firmando una una carta de aceptación, cuando es de conocimiento público que la actual administración gubernamental, regida por el Sr. Porfirio Lobo viola sistemáticamente los derechos humanos y desconoce totalmente el derecho a la consulta.
Honduras ratificó el Convenio 169 de al OIT en el año de 1995, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, no obstante el Derecho a la Consulta previa libre e Informada (CPLI) continua siendo ignorado, existiendo una larga lista de violaciones a dicho derecho. Hasta la fecha ninguna administración gubernamental ha realizado algún esfuerzo por legislar una Ley para la Consulta.
Una de las mayores aberraciones neocolonialistas que se ha dado, es la emisión de la Ley de Propiedad, la cual en su artículo 100 del Capítulo III, apertura la destrucción de la propiedad comunitaria. Esta se encuentra íntimamente ligada con la cosmovisión de los pueblos indígenas y es fundamental para la preservación de los territorios ancestrales.
La OFRANEH realizó una consulta comunitaria en el año 2003, en relación a la Ley de Propiedad, donde rechazamos los dos borradores presentados por el estado de Honduras. En el año 2004 se aprobó la Ley, sin que se tomara en cuenta las observaciones presentadas por la asamblea comunitaria garifuna. Posteriormente la OFRANEH recurrió al Panel de Inspección del Banco Mundial. organismo financiero que impulsó la Ley de Propiedad. El Panel señaló que el Estado de Honduras no se ciño al Convenio 169 de la OIT. En el año 2009 recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, la cual en el 2010 declaró sin lugar el recurso interpuesto. Actualmente se ventila como una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH). La Ley de propiedad vigente, en su Capitulo III artículo 100, se presta para finiquitar los títulos comunitarios que defienden los exiguos reconocimientos territoriales otorgados por el estado de Honduras
La actual administración Lobo viene promoviendo una serie de proyectos altamente destructivos, al mismo tiempo violentando el CPLI de forma sistemática: desde la inconsulta represa del Patuca III y la destrucción de los humedales de la Moskitia, la explotación petrolera en la plataforma continental y las graves consecuencias que acarreará para la plataforma continental en el golfo de Honduras, pasando por las innumerables microrrepresas en el territorio del pueblo Lenca, hasta las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la abusiva subasta del territorio Garífuna.
No desconocemos la gravedad de la deforestación que existe en el país, donde se pierde 3,4% de su cobertura forestal por año. La mayorías de las comunidades indígenas del país vivimos en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento, indicador de la preservación de nuestras hábitats. La corrupción y la ingobernabilidad imperante son los pilares del ecocidio existente y los mayores depredares del bosque se encuentran dentro del Congreso Nacional o forman parte de los partidos políticos tradicionales, basta ver el informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), documento del año 2005, el cual señala las conexiones entre políticos y deforestares. Desafortunadamente el documento de la de la EIA continúan siendo vigentes.
No nos extraña la posición asumida por el Estado de Honduras a través de SERNA, especialistas en ignorar o comprar voluntades como parte de su estrategia oficial. Preocupante es la actitud de las Naciones Unidas en Honduras, conociendo la deplorable condición del país, la ausencia de respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, faculte al programa REDD+ lo que se puede convertir en un saqueo de los territorios de los pueblos indígenas, ademas de violar su propia Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El retiro de la Confederación de Pueblos Indígenas de Panama (COONAPIP) del programa, UN-REDD y los señalamientos del Consejo Indígena Centroamericano (CICA) sobre "intolerancia y discriminación racial hacia los Pueblos y organizaciones indígenas", son señalamientos sumados al repudio que la OFRANEH ha venido indicando sobre el Programa REDD+, el cual cada día demuestra nos es mas que una falsa solución al cambio climático, y una forma mas de desterritorialización y acaparamiento de tierras y territorios.
En el borrador del denominado R-PP de septiembre del 2012, la OFRANEH es mencionada como "La organización que dicta las políticas indígenas en los territorios Garífunas, hace incidencia política y vela por el derecho del pueblo", ademas en el mismo borrador se incluye a la organización en los talleres de socialización y preconsulta que nunca fueron realizados. Como por arte de magia y sin haber contactado los funcionarios estatales o de Naciones Unidas a nuestra organización, en el R-PP de marzo del 2013, la OFRANEH desaparece del documento como la organización representante del pueblo Garífuna.
La actitud asumida por la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), el FCPF y ONU-REDD de excluir a la OFRANEH en la elaboración del R-PP, deniega el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, situación que previamente había sido señalada por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) en su carta de febrero del 2012. Ciertamente es un misterio como la CONPAH aparece ahora firmando una una carta de aceptación, cuando es de conocimiento público que la actual administración gubernamental, regida por el Sr. Porfirio Lobo viola sistemáticamente los derechos humanos y desconoce totalmente el derecho a la consulta.
Honduras ratificó el Convenio 169 de al OIT en el año de 1995, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, no obstante el Derecho a la Consulta previa libre e Informada (CPLI) continua siendo ignorado, existiendo una larga lista de violaciones a dicho derecho. Hasta la fecha ninguna administración gubernamental ha realizado algún esfuerzo por legislar una Ley para la Consulta.
Una de las mayores aberraciones neocolonialistas que se ha dado, es la emisión de la Ley de Propiedad, la cual en su artículo 100 del Capítulo III, apertura la destrucción de la propiedad comunitaria. Esta se encuentra íntimamente ligada con la cosmovisión de los pueblos indígenas y es fundamental para la preservación de los territorios ancestrales.
La OFRANEH realizó una consulta comunitaria en el año 2003, en relación a la Ley de Propiedad, donde rechazamos los dos borradores presentados por el estado de Honduras. En el año 2004 se aprobó la Ley, sin que se tomara en cuenta las observaciones presentadas por la asamblea comunitaria garifuna. Posteriormente la OFRANEH recurrió al Panel de Inspección del Banco Mundial. organismo financiero que impulsó la Ley de Propiedad. El Panel señaló que el Estado de Honduras no se ciño al Convenio 169 de la OIT. En el año 2009 recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, la cual en el 2010 declaró sin lugar el recurso interpuesto. Actualmente se ventila como una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH). La Ley de propiedad vigente, en su Capitulo III artículo 100, se presta para finiquitar los títulos comunitarios que defienden los exiguos reconocimientos territoriales otorgados por el estado de Honduras
La actual administración Lobo viene promoviendo una serie de proyectos altamente destructivos, al mismo tiempo violentando el CPLI de forma sistemática: desde la inconsulta represa del Patuca III y la destrucción de los humedales de la Moskitia, la explotación petrolera en la plataforma continental y las graves consecuencias que acarreará para la plataforma continental en el golfo de Honduras, pasando por las innumerables microrrepresas en el territorio del pueblo Lenca, hasta las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la abusiva subasta del territorio Garífuna.
No desconocemos la gravedad de la deforestación que existe en el país, donde se pierde 3,4% de su cobertura forestal por año. La mayorías de las comunidades indígenas del país vivimos en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento, indicador de la preservación de nuestras hábitats. La corrupción y la ingobernabilidad imperante son los pilares del ecocidio existente y los mayores depredares del bosque se encuentran dentro del Congreso Nacional o forman parte de los partidos políticos tradicionales, basta ver el informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), documento del año 2005, el cual señala las conexiones entre políticos y deforestares. Desafortunadamente el documento de la de la EIA continúan siendo vigentes.
No nos extraña la posición asumida por el Estado de Honduras a través de SERNA, especialistas en ignorar o comprar voluntades como parte de su estrategia oficial. Preocupante es la actitud de las Naciones Unidas en Honduras, conociendo la deplorable condición del país, la ausencia de respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, faculte al programa REDD+ lo que se puede convertir en un saqueo de los territorios de los pueblos indígenas, ademas de violar su propia Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El retiro de la Confederación de Pueblos Indígenas de Panama (COONAPIP) del programa, UN-REDD y los señalamientos del Consejo Indígena Centroamericano (CICA) sobre "intolerancia y discriminación racial hacia los Pueblos y organizaciones indígenas", son señalamientos sumados al repudio que la OFRANEH ha venido indicando sobre el Programa REDD+, el cual cada día demuestra nos es mas que una falsa solución al cambio climático, y una forma mas de desterritorialización y acaparamiento de tierras y territorios.
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