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Por Ofraneh
A inicios del mes de diciembre del año pasado, Porfirio (Pepe) Lobo denunció un complot para derrocarlo "como Zelaya", señalando a los diarios El Heraldo y La Prensa, pertenecientes a Jorge Canahuati Larach, entre los supuestos incitadores de su defenestración.
Es de conocimiento público, que en Honduras actualmente existe una pugna visceral entre grupos de la ultraderecha para controlar el país, especialmente después del golpe de estado del año 2009. Los viejos socios se enfrentan a raíz del masivo fraude electoral cometido en las elecciones del pasado noviembre, donde el actual Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ha sido ungido heredero de la casa presidencial.
A inicios del mes de diciembre del año pasado, Porfirio (Pepe) Lobo denunció un complot para derrocarlo "como Zelaya", señalando a los diarios El Heraldo y La Prensa, pertenecientes a Jorge Canahuati Larach, entre los supuestos incitadores de su defenestración.
Es de conocimiento público, que en Honduras actualmente existe una pugna visceral entre grupos de la ultraderecha para controlar el país, especialmente después del golpe de estado del año 2009. Los viejos socios se enfrentan a raíz del masivo fraude electoral cometido en las elecciones del pasado noviembre, donde el actual Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ha sido ungido heredero de la casa presidencial.
El despliegue de la denuncia de Lobo en relación al supuesto complot, fue la antelación del golpe perpetrado por el Poder Legislativo al Judicial, cuando fueron destituidos por el Congreso nacional cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que semanas antes habían emitido el fallo de inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) conocida como Ciudades Modelo, iniciativa que se perfila como un proyecto neocolonial, y no es mas que un pingue negocio para la élite de poder nacional e inversionistas extranjeros.
Canahuati Larach, honorable miembro de la siniestra SIP (Sociedad interamericana de Prensa) jugó un enorme papel en el golpe del 2009 en contra de Manuel Zelaya. A los pocos meses de haber asumido Zeleya la presidencia, Canahuati perdió su lucrativo negocio de venta sin licitación de medicinas y armas al Estado. A partir de los seis primeros meses del mandato de Zelaya, los períodicos de Canahuati iniciaron una campaña de desestabilización, incrementada a medida del acercamiento de Honduras al AlBA y PETROCARIBE.
La SIP y sus miembros en el presente siglo se han destacado por sus campañas de desinformación e intimidación en contra de gobiernos populares, logrando desfigurar el derecho a la libre expresión, al utilizarlo como un arma de doble filo, mas dirigida a proteger los intereses de las minorías que han venido saqueando a América Latina.
La administración Lobo, radios comunitarias y el derecho a libre expresión
A finales de enero del año 2001, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) efectuó una consulta electrónica que duró una semana con el propósito de emitir una resolución mediante la cual se pretendía suspender el otorgamiento de nuevas frecuencias para emisoras radiales de baja potencia, alegando la existencia de un alto grado de saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88–108 MHz.
Durante el período posterior al golpe denominado el "intinerato" y de la actual administración, las radios comunitarias en Honduras han sufrido de persecución estatal. A inicios del año 2010, la Radio Faluma Bimetu de Triunfo de la Cruz fue incendiada por desconocidos, ante su defensa acérrima del territorio ancestral de esa comunidad. Los miembros de la Radio Zacate Grande, han sido frecuentemente hostilizados por las autoridades, ademas de los integrantes de la Voz Lenca. Se suma a estas represiones la ejecución de comunicadores sociales, crímenes que nunca han sido investigados de forma fehaciente.
En los últimos tres años, el absurdo incremento de la violencia en Honduras y el estado fallido inducido en el cual sobrevivimos, ha dado lugar a una mordaza informativa, que en la mayoría de los casos es impulsado por los propietarios de los latifundios mediáticos. Los pocos medios de comunicación independientes existentes, suelen acallarse ya sea por temor o por el efecto de las dádivas estatales.
De los borradores de la nueva Ley de Telecomunicaciones y su presunta efectividad
En Honduras puede existir una ley perfecta, pero desafortunadamente ante las condiciones de indefensión jurídica que padecemos los hondureños, la aplicación de la misma se desvanecerá en medio de los intereses de la elite de poder. La falta de independencia entre los poderes del Estado, ratificada por el golpe del 12-12-12, sumió al país en una dictadura civil, con un plan de nación marcado por la entrega del territorio, yacimientos de hidrocarburos y los remanentes de los recursos forestales al capital extranjero.
El debate surgido alrededor de la denominada "Ley Mordaza", es una pugna entre los señores feudales "gobernantes" del país desde hace décadas. El fraude que se avisora en las próximas elecciones, obliga al partido nacional refrenar a los medios de comunicación que puedan criticar la imposición del candidato ungido como futuro presidente del país. La Expropiación Forzosa incluida en la ley, es una herramienta para acallar cualquier posible denuncia sobre el fraude que se cuece desde el Congreso Nacional para así lograr el continuismo y ejecutar mas libremente el plan de subasta del país, vendido por la actual administración como el plan de nación.
Para la OFRANEH conceder el beneficio de la duda a la administración Lobo sería un acto de traición a nuestro pueblo, ante el inminente peligro de perder gran parte de nuestro territorio a través de la inconstitucional Ley RED o Ciudades Modelo. Si hace dos años desde CONATEL trataron de restringir las radios comunitarias, con la apertura del dial pretendido por Lobo, simplemente se dedicará el actual gobierno a otorgar frecuencias para radios "comunitarias" manejadas desde patronatos nacionalistas, oneges de ultraderecha e incluso iglesias fundamentalistas.
Al final de cuentas, el problema con los borradores de la nueva Ley es mas político que de fondo jurídico.
Canahuati Larach, honorable miembro de la siniestra SIP (Sociedad interamericana de Prensa) jugó un enorme papel en el golpe del 2009 en contra de Manuel Zelaya. A los pocos meses de haber asumido Zeleya la presidencia, Canahuati perdió su lucrativo negocio de venta sin licitación de medicinas y armas al Estado. A partir de los seis primeros meses del mandato de Zelaya, los períodicos de Canahuati iniciaron una campaña de desestabilización, incrementada a medida del acercamiento de Honduras al AlBA y PETROCARIBE.
La SIP y sus miembros en el presente siglo se han destacado por sus campañas de desinformación e intimidación en contra de gobiernos populares, logrando desfigurar el derecho a la libre expresión, al utilizarlo como un arma de doble filo, mas dirigida a proteger los intereses de las minorías que han venido saqueando a América Latina.
La administración Lobo, radios comunitarias y el derecho a libre expresión
A finales de enero del año 2001, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) efectuó una consulta electrónica que duró una semana con el propósito de emitir una resolución mediante la cual se pretendía suspender el otorgamiento de nuevas frecuencias para emisoras radiales de baja potencia, alegando la existencia de un alto grado de saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88–108 MHz.
Durante el período posterior al golpe denominado el "intinerato" y de la actual administración, las radios comunitarias en Honduras han sufrido de persecución estatal. A inicios del año 2010, la Radio Faluma Bimetu de Triunfo de la Cruz fue incendiada por desconocidos, ante su defensa acérrima del territorio ancestral de esa comunidad. Los miembros de la Radio Zacate Grande, han sido frecuentemente hostilizados por las autoridades, ademas de los integrantes de la Voz Lenca. Se suma a estas represiones la ejecución de comunicadores sociales, crímenes que nunca han sido investigados de forma fehaciente.
En los últimos tres años, el absurdo incremento de la violencia en Honduras y el estado fallido inducido en el cual sobrevivimos, ha dado lugar a una mordaza informativa, que en la mayoría de los casos es impulsado por los propietarios de los latifundios mediáticos. Los pocos medios de comunicación independientes existentes, suelen acallarse ya sea por temor o por el efecto de las dádivas estatales.
De los borradores de la nueva Ley de Telecomunicaciones y su presunta efectividad
En Honduras puede existir una ley perfecta, pero desafortunadamente ante las condiciones de indefensión jurídica que padecemos los hondureños, la aplicación de la misma se desvanecerá en medio de los intereses de la elite de poder. La falta de independencia entre los poderes del Estado, ratificada por el golpe del 12-12-12, sumió al país en una dictadura civil, con un plan de nación marcado por la entrega del territorio, yacimientos de hidrocarburos y los remanentes de los recursos forestales al capital extranjero.
El debate surgido alrededor de la denominada "Ley Mordaza", es una pugna entre los señores feudales "gobernantes" del país desde hace décadas. El fraude que se avisora en las próximas elecciones, obliga al partido nacional refrenar a los medios de comunicación que puedan criticar la imposición del candidato ungido como futuro presidente del país. La Expropiación Forzosa incluida en la ley, es una herramienta para acallar cualquier posible denuncia sobre el fraude que se cuece desde el Congreso Nacional para así lograr el continuismo y ejecutar mas libremente el plan de subasta del país, vendido por la actual administración como el plan de nación.
Para la OFRANEH conceder el beneficio de la duda a la administración Lobo sería un acto de traición a nuestro pueblo, ante el inminente peligro de perder gran parte de nuestro territorio a través de la inconstitucional Ley RED o Ciudades Modelo. Si hace dos años desde CONATEL trataron de restringir las radios comunitarias, con la apertura del dial pretendido por Lobo, simplemente se dedicará el actual gobierno a otorgar frecuencias para radios "comunitarias" manejadas desde patronatos nacionalistas, oneges de ultraderecha e incluso iglesias fundamentalistas.
Al final de cuentas, el problema con los borradores de la nueva Ley es mas político que de fondo jurídico.
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