Por Periodismo Humano
La abrupta suspensión del juicio por genocidio contra el ex presidente de facto de Guatemala Efraín Ríos Montt despierta serias dudas sobre el acceso de las víctimas a la justicia señaló hoy Human Rights Watch.
El 18 de abril de 2013, a poco de concluirse el juicio oral que llevaba ya cuatro semanas, la Jueza Carol Patricia Flores —que había sido separada de la causa en 2011 y luego confirmada nuevamente por resolución de la Corte de Constitucionalidad —dispuso la nulidad de diligencias realizadas en la causa, incluido el debate oral y público en el cual habían dado su testimonio más de 100 testigos de cargo.
“Durante años, el caso de Ríos Montt y otros similares han sido demorados a través de maniobras dilatorias y actos de intimidación contra víctimas y funcionarios judiciales por igual”, aseveró Reed Brody, asesor legal sénior de Human Rights Watch, que sigue de cerca el proceso desde su inicio. “La decisión inesperada de suspender el juicio, implica el riesgo de que las víctimas estén obligadas a atravesar nuevamente por la experiencia desgarradora que implica relatar los abusos aberrantes sufridos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad”.
La fiscalía ha señalado que apelará la decisión de la Jueza Flores. El 19 de abril, la jueza Yazmin Barrios, Presidenta del tribunal donde se realiza el juicio, manifestó que se negaba a aceptar la anulación, pero suspendió el debate “a la espera de lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad” sobre la decisión de la Jueza Flores de invalidar el juicio oral. La Fiscal General Claudia Paz y Paz indicó que la decisión de Flores era contraria a derecho.
En enero de 2012, la justicia ordenó procesar a Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad vinculados con 15 matanzas ocurridas mientras estuvo en el poder en 1982 y 1983, en las cuales murieron 1.771 indígenas de la etnia ixil. El juicio contra Ríos Montt y su ex director de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, comenzó en la Ciudad de Guatemala el 19 de marzo.
Durante las cuatro semanas del proceso, decenas de sobrevivientes de las masacres prestaron su angustiante testimonio sobre ejecuciones masivas, torturas y violaciones sexuales. La fiscalía también presentó peritos que describieron la cadena de mando militar y los vínculos con Ríos Montt.
Una Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por las Naciones Unidas estimó que durante el conflicto armado interno de Guatemala, que se extendió de 1960 a 1996, habrían muerto nada menos que 200.000 personas, y atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas al accionar de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Comisión concluyó que el Ejército había cometido “actos de genocidio”.
“La decisión judicial representa otro revés para las víctimas que reclaman justicia desde hace más de tres décadas”, observó Brody. “Dadas las fuertes implicancias que esta resolución tiene para las víctimas, esperamos que la Corte de Constitucionalidad revise la decisión a la luz del derecho de Guatemala con absoluta independencia e imparcialidad”.
“Durante años, el caso de Ríos Montt y otros similares han sido demorados a través de maniobras dilatorias y actos de intimidación contra víctimas y funcionarios judiciales por igual”, aseveró Reed Brody, asesor legal sénior de Human Rights Watch, que sigue de cerca el proceso desde su inicio. “La decisión inesperada de suspender el juicio, implica el riesgo de que las víctimas estén obligadas a atravesar nuevamente por la experiencia desgarradora que implica relatar los abusos aberrantes sufridos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad”.
La fiscalía ha señalado que apelará la decisión de la Jueza Flores. El 19 de abril, la jueza Yazmin Barrios, Presidenta del tribunal donde se realiza el juicio, manifestó que se negaba a aceptar la anulación, pero suspendió el debate “a la espera de lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad” sobre la decisión de la Jueza Flores de invalidar el juicio oral. La Fiscal General Claudia Paz y Paz indicó que la decisión de Flores era contraria a derecho.
En enero de 2012, la justicia ordenó procesar a Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad vinculados con 15 matanzas ocurridas mientras estuvo en el poder en 1982 y 1983, en las cuales murieron 1.771 indígenas de la etnia ixil. El juicio contra Ríos Montt y su ex director de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, comenzó en la Ciudad de Guatemala el 19 de marzo.
Durante las cuatro semanas del proceso, decenas de sobrevivientes de las masacres prestaron su angustiante testimonio sobre ejecuciones masivas, torturas y violaciones sexuales. La fiscalía también presentó peritos que describieron la cadena de mando militar y los vínculos con Ríos Montt.
Una Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por las Naciones Unidas estimó que durante el conflicto armado interno de Guatemala, que se extendió de 1960 a 1996, habrían muerto nada menos que 200.000 personas, y atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas al accionar de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Comisión concluyó que el Ejército había cometido “actos de genocidio”.
“La decisión judicial representa otro revés para las víctimas que reclaman justicia desde hace más de tres décadas”, observó Brody. “Dadas las fuertes implicancias que esta resolución tiene para las víctimas, esperamos que la Corte de Constitucionalidad revise la decisión a la luz del derecho de Guatemala con absoluta independencia e imparcialidad”.
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