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| Foto G. Trucchi |
Para Carlos
Barrientos, presidente Otto Pérez no puede seguir
ignorando leyes internacionales sobre pueblos indígenas y tribales. Hace un año
el brutal desalojo de centenares de familias en el valle del Polochic
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi/LINyM
El pasado 14 de
enero, el ex-general Otto Pérez Molina cumplió un año en la presidencia de
Guatemala. Según el CUC (Comité de Unidad Campesina), una de las más
importantes e históricas organizaciones indígenas del país, el presidente
Molina se quedó “muy corto” ante las expectativas que había generado durante su
campaña electoral y a lo largo de los primeros meses de su mandato.
En marzo de 2012,
miles de personas se movilizaron a pie y recorrieron más de 200 kilómetros para
llegar hasta la capital guatemalteca. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos y
ancianos caminaron por nueve días, compartiendo temores, esperanzas, sueños,
pero también proyectos, propósitos de cambio y demandas para autoridades
acostumbradas a desoír el clamor de los pueblos originarios.
En aquella ocasión, Daniel Pascual, coordinador general del CUC, había explicado que no iban a aceptar migajas del gobierno, sino a exigir “una solución inmediata a la histórica conflictividad agraria que existe en Guatemala”. Esto iba a ser posible solamente con la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural Integral, que garantizase el acceso y la legalización de las tierras para las familias indígenas y campesinas, colocando un alto definitivo a los desalojos forzosos.
Entre otras demandas, pedían también la
condonación de una deuda agraria que sumaba más de 300 millones de quetzales
(38.5 millones de dólares), la desmilitarización de las comunidades, así como poner
fin a la criminalización de la protesta social, “respetando el derecho del
pueblo a rechazar la explotación minera, las hidroeléctricas, los monocultivos
a gran escala y los demás megaproyectos”.
Los caminantes hacían un llamado urgente al gobierno para frenar la
grave crisis alimentaria que afecta al país y para bajar los altos índices de
pobreza. Según una encuesta del INE (Instituto Nacional de Estadística), la tasa nacional de pobreza en Guatemala
aumentó en 2.71 puntos en los últimos cinco años y en la actualidad se sitúa en
casi el 54% de sus 15 millones de habitantes. El 13.3% sobrevive en condiciones
de pobreza extrema, pero en el área rural, donde radica el 54% de la población
del país, esa miseria se eleva hasta un 60%.
De
acuerdo con datos brindados en 2012 por Unicef (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia), el país ostenta también
la tasa más alta de desnutrición crónica infantil en América Central y una de
las mayores del mundo, equivalente a 49.3% de niños y niñas menores de 5 años.
Una de las zonas más afectadas por esta grave situación es el fértil Valle del
Polochic, en Alta Verapaz, donde las mejores tierras fueron sufriendo un rápido
proceso de reconcentración y extranjerización, y donde la producción de
alimentos fue sustituida por los monocultivos de caña de azúcar y palma
africana.
Las promesas del nuevo gobierno nunca
fueron cumplidas. En la entrevista brindada a Opera Mundi, el secretario
ejecutivo del CUC, Carlos Barrientos, lamenta la actitud del actual presidente
y alerta sobre el riesgo de una escalada del conflicto social en el país.
Desalojos
y hambre
Uno de los focos de mayor tensión es
el ingenio Chabil Utzaj, situado en valle del Polochic, propiedad del coloso nicaragüense
Grupo Pellas. El 15 de marzo de 2011, un fuerte contingente de militares y
policías, con el apoyo de guardias de seguridad del Ingenio, desalojó
a 14 comunidades indígenas de la zona, dejando en total desamparo a unas
800 familias q’eqchi’s, que durante
generaciones venían habitando y trabajando esas tierras.
El desalojo de miles
de personas para expandir el cultivo de caña de azúcar generó una grave
situación de inseguridad alimentaria, militarización y criminalización de la lucha
para el acceso a la tierra, a tal punto que la CIDH (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos) asumió el caso y dictó medidas cautelares a favor de las 14
comunidades desalojadas. El órgano de derechos humanos de la OEA (Organización
de Estados Americanos) ordenó al gobierno guatemalteco garantizarles la
alimentación, salud, vivienda y seguridad.
La Marcha indígena,
campesina y popular logró que el gobierno se comprometiera a utilizar recursos
de la Secretaría de Asuntos Agrarios, “para que no menos de 300 familias
afectadas al año tuvieran acceso a la tierra”. Asimismo, se comprometió a
garantizar que las empresas de seguridad privada contratadas por el Ingenio
Chabil Utzaj y cualquier otro grupo de fuerza irregular, respetaran el derecho de
la población de no ser víctima de presiones y amenazas.
Lamentablemente, estas promesas
quedaron en papel. Ejemplo de ello es el nuevo
desalojo perpetrado el pasado 13 de febrero
por las maquinarias pesadas del ingenio Chabil Utzaj (Grupo Pellas),
contra familias q’eqchi’s en la
Comunidad de Agua Caliente, Panzós, que tenían sembrados maíz en más de una
caballería de tierra (unas 45 hectáreas), para dar espacio a nuevas extensiones
de caña de azúcar.
Además, el dirigente indígena destaca
la falta de beligerancia gubernamental ante los esfuerzos realizados por las
organizaciones sociales y los familiares de las víctimas, para “combatir la
impunidad y recuperar la memoria histórica”, dice.
Durante el largo conflicto armado
interno (1960-1996), la población ha sufrido más de 600 masacres, el asesinato
y desaparición de más de 200 mil personas y el desplazamiento forzado de un
millón de guatemaltecos. El inicio del proceso en contra del ex presidente y
general retirado Efraín Ríos Montt y de otros altos mandos de las Fuerzas
armadas por los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos durante su
mandato (1982-83), “ha sido posible únicamente gracias al esfuerzo de los
familiares y la Fiscalía”, afirma Barrientos.
Lea la entrevista completa:
-
Opera Mundi: ¿Cómo evalúa el desempeño que ha tenido el
gobierno del presidente Otto Pérez Molina?
- Carlos Barrientos: Al inicio de la
marcha presentamos nuestras demandas históricas, que tienen que ver con
resolver la conflictividad agraria, frenar el avance del modelo extractivista,
de las hidroeléctricas y la expansión de los monocultivos, así como detener la
criminalización de la protesta social, la persecución contra las comunidades y
aprobar una cuantas leyes de beneficio social. Lamentablemente, el gobierno se
ha quedado en muchas promesas y compromisos incumplidos, resolviendo sólo en
parte el tema de la condonación de la deuda agraria con el Fondo de Tierras
(Fontierras) o Deuda Chortí.
-
OM: ¿En qué quedaron las otras demandas?
- CB: El gobierno no sólo no quiso
asumir el compromiso de retirar el ejército de las zonas donde había una fuerte
conflictividad - como en los municipios de San Juan Sacatepéquez, en Santa
María Xalapán, Sierras las Minas, Santa Cruz Barillas y en Alta Verapaz - sino
que inauguró dos nuevas brigadas militares. Se trata de una escalada militarista
que ha llevado al ejército a tener un presupuesto casi igual al que tenía
durante el último año del conflicto bélico.
El resultado ha sido una
profundización de la represión contra las comunidades indígenas, las cuales
exigen ser consultadas antes de implementar megaproyectos que acaparan
territorios y explotan sus recursos. Un ejemplo es el estado de sitio y la
represión ocurrida en Santa Cruz Barillas o la masacre en Totonicapán, cuando una protesta pacífica de indígenas maya k'iche contra el alza de las tarifas
eléctricas y las instalación de una hidroeléctrica, fue brutalmente reprimida
por militares, con un saldo de ocho muertos y más de treinta heridos de bala.
Este gobierno no quiere entender que
ya no puede continuar violentando el Convenio 169 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) sobre los derechos de los pueblos indígenas y
tribales, ni puede continuar criminalizando y reprimiendo la protesta social.
-
OM: ¿De qué forma está criminalizando la protesta?
- CB: Hay un acoso y una persecución
permanente a los líderes comunitarios y a las organizaciones comprometidas con
la lucha. Además, se aprobaron leyes que limitan el derecho a la protesta, a la
libre manifestación y movilización de los sectores organizados. Si hace unas
décadas nos acusaban de guerrilleros y comunistas, ahora los sectores
gubernamentales y empresariales nos tildan de narcotraficantes y hasta de
terroristas. Han demonizado el tema y han lanzado una campaña mediática contra
el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral, que simplemente propone garantizar
el derecho a la seguridad alimentaria y el acceso democrático y seguro a la
tierra para miles de familias indígenas y campesinas.
-
OM: En el caso del Valle del Polochic y del ingenio Chabil Utzaj ¿qué
respuestas dio el gobierno?
- CB: Muy pocas. Se comprometió a entregar tierra a 300 familias cada año durante el período 2012-2014 y
no ha cumplido. Ya ha pasado el primer año y ni la Secretaría de Asuntos
Agrarios, ni el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) pudieron o quisieron
terminar el proceso de valoración y adquisición de las tierras para las
primeras 300 familias. Tampoco se cumplió con las demás medidas cautelares
dictadas por la CIDH, para garantizar la vida y la integridad física de los
miembros de las 14 comunidades desalojadas.
Antes bien,
continúa la represión y los desalojos, como la que ocurrió en Agua Caliente.
Maquinarias pesadas que destruyen alimentos para sembrar más caña y dejan a la
población originaria expuesta al hambre y las intemperies.
-
OM: ¿Cómo sigue la situación de estas familias?
- CB: Dos años después del desalojo,
la situación sigue siendo muy difícil. Muchas familias están acampadas a la
orilla de la carretera, otras viven en champas
y el resto pidiendo albergue a algún familiar, amigo, o alquilando una habitación.
Es una situación de total indefensión y de abierta y brutal violación de sus
derechos fundamentales. Además, el Grupo Pellas ha ido ampliando el área de cultivo de caña en al menos un 50%,
alquilando tierras que antes los campesinos arrendaban para cultivar granos
básicos. Esta situación ha afectado la seguridad alimentaria a dos niveles: se
ha reducido la disponibilidad de granos básicos y se ha elevado el precio de
los mismos en la región. Si antes el maíz se conseguía en entre 50 y 75
quetzales el quintal, ahora cuesta hasta 125 quetzales. Es por eso que
rechazamos que los monocultivos y la producción de agrocombustibles estén por
encima del derecho a la alimentación.
-
OM: ¿En qué quedó la política de la ‘mano dura’ y del control de los altos índices
de violencia en el país?
- CB: Todo quedó en un bluff, en un globo que se desinfló muy rápidamente.
Los índices de violencia, corrupción e infiltración del crimen organizado y el
narcotráfico han quedado casi iguales. La ‘mano dura’ únicamente existe para
reprimir la protesta social y los militares siguen desempeñando funciones de
seguridad pública.
-
OM: Hubo avances significativos en cuanto al combate a la impunidad y la recuperación
de la memoria histórica. ¿Qué papel ha jugado el gobierno?
- CB: Muy controversial y hasta trató
de entorpecer el proceso, pretendiendo negar que en Guatemala hubo genocidio.
El presidente Otto Pérez emitió un decreto para limitar la competencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos a hechos ocurridos antes de 1987 en
Guatemala. De esa manera iba a cerrar la puerta a la justicia para miles de
víctimas. La presión nacional e internacional lo obligó a desistir y a derogar
el decreto. Si en Guatemala hubo avances
importantes en cuanto al combate contra la impunidad y el enjuiciamiento de los
genocidas, ha sido únicamente por el esfuerzo y el compromiso con la verdad de
los familiares de las víctimas, las organizaciones comprometidas con esta lucha
y la actual Fiscal general Claudia Paz y Paz.
-
OM: ¿Qué se espera para los próximos años?
- CB: Posiblemente haya un aumento de la conflictividad, sin embargo
vamos a mantener nuestras demandas históricas y a exigir que se resuelvan los
problemas estructurales que afectan al país.
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