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Por Radio La Primerísima
Las nicaragüenses no van a permitir la derogación de la Ley 779 o Ley
integral contra la violencia hacia las mujeres, advirtió este lunes la
procuradora especial de la Mujer, Débora Gradinson.
"No vamos a permitir que la ley se derogue", subrayó la
defensora de los derechos de ese segmento poblacional, que constituye
más del 50 por ciento de los habitantes en este país.
Por su lado, un grupo de diputados desestimaron los
cuestionamientos a la Ley integral contra la violencia hacia las
mujeres, adoptada para contrarrestar el legado patriarcal que subyace en
la polémica de hoy en torno a su implementación.
La aprobación de la Ley 779, como también se le conoce, derivó
de un proceso de estudio minucioso de la Constitución Política y de los
tratados internacionales sobre derechos humanos, aseguró el legislador
sandinista Carlos Emilio López.
Igual se consultó ampliamente a diferentes sectores sociales
para evitar inconsistencias, rememoró el presidente de la Comisión de la
Mujer y la Niñez de la Asamblea Nacional.
La diputada Irma Dávila aludió a la Constitución Política de
Nicaragua, la cual establece en su artículo 48 que el Estado debe
"eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los
nicaragüenses", entiéndase hombre y mujer.
"Si hay violencia a las mujeres, no hay igualdad", subrayó la
presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento unicameral, para
quien resulta prioritario crear el Observatorio Nacional contra la
violencia de género, como dicta el cuerpo legal aprobado el 22 de junio
de 2012.
Reportes aludieron al reforzamiento de la polémica desatada
hace casi una semana en torno a la también identificada como Ley 779,
cuya implementación contribuyó a visualizar la criminalidad contra ese
segmento de la población.
El debate arreció al conocerse que desde la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justica (CSJ) se estaba
pretendiendo derogar la referida ley, reconocida porque tipificó el
feminicidio como delito y estableció penas de hasta 30 años para los
agresores.
De acuerdo con el magistrado Rafael Solís, desde su entrada en
vigencia hace casi nueve meses ese cuerpo legal acumula al menos cinco
recursos por inconstitucionalidad, radicados en esa dependencia
judicial.
El 22 de junio de 2012 Nicaragua devino el séptimo país
americano en definir el feminicidio como un delito en virtud de que es
la forma extrema de violencia contra las mujeres y de expresión de la
lógica patriarcal.
Con la aprobación de la Ley 779 y de las consecuentes
transformaciones al Código Penal para su correcta aplicación el gobierno
sandinista confirmó su disposición a luchar contra el maltrato hacia
las féminas.
Paralelo a la inclusión de esa figura en el cuerpo jurídico en
Nicaragua, como ocurrió antes en México, Costa Rica, Guatemala, Chile,
El Salvador, y Perú, se determinó la creación de una Comisión Nacional
Interinstitucional y de un observatorio estatal para seguir la
problemática.
Pese a que todavía quedan detalles por afinar respecto a lo
establecido en la normativa, a partir de su entrada en vigencia
aumentaron las denuncias de los abusos propinados contra las féminas
nicaragüenses, sobre todo en ámbitos hogareños.
También pudo conocerse con más claridad la multiplicidad de
asesinatos cometidos contra ellas, casi siempre por sus parejas hombres,
apegados al concepto machista de que estas deben subordinárseles en
todos los aspectos.
Esa visión prevalece en la sociedad nicaragüense pese a los
esfuerzos realizados por las autoridades estatales de lograr la plena
incorporación de la mujer a las actividades productivas, a puestos de
poder y a la sociedad en general, concuerdan seguidores de la temática.
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