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| Foto Gerardo Iglesias | Rel-UITA |
Conflicto agrario fue tema de discusión en Brasil en el marco del Seminario Internacional Violencia en el Campo
Por Gerardo Iglesias | Rel-UITA
La imposición de un modelo de producción que explota territorios, recursos naturales y mano de obra, y que, ante la inercia de los tomadores de decisiones, beneficia a unos pocos grandes terratenientes y productores palmeros, es la base de un conflicto agrario que ha sembrado muerte y terror en una de las zonas más productivas de Honduras.
Es esta la tesis sostenida por el periodista Giorgio Trucchi, corresponsal en Centroamérica de la Rel-UITA, quien participó del Seminario Internacional sobre Violencia en el Campo, que se realizó el pasado 4 de marzo en Brasilia, en el marco del 11° Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Agricultura (CONTAG).
Durante su intervención, Trucchi explicó y dio datos sobre la grave situación de pobreza, falta de soberanía alimentaria, violencia e impunidad que caracterizan a Honduras, sobre todo en el área rural.
Asimismo, remarcó que no serían menos de unas 300 mil las familias campesinas que no tienen acceso a la tierra.
“La mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario, y el ingreso promedio del 20 por ciento más rico, en esa misma área, es 30 veces más elevado del 20 por ciento más pobre”, enfatizó Trucchi.
Continuando con su exposición, Trucchi profundizó sobre la grave crisis que se vive en la región del Bajo Aguán, a raíz de un conflicto agrario provocado por la imposición de un modelo productivo explotador, basado en la expansión de los monocultivos a gran escala, la concentración de la tierra y la expulsión de las familias campesinas.
“Ese modelo es impuesto por las políticas neoliberales de los años 90, promovidas por una clase política que se ha vendido al gran capital nacional y transnacional, en contubernio con los organismos financieros internacionales.
La respuesta popular organizada es reprimida brutalmente, en medio de una total impunidad, y de una creciente criminalización de la protesta y la lucha social”, explicó el corresponsal de la Rel-UITA.
Según datos de las organizaciones que integraron la Misión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán y que desarrollaron una Audiencia Pública sobre ese mismo tema, entre ellas la Rel-UITA, no son menos de 57 los campesinos organizados asesinados en los últimos tres años.
“No hay una sola persona enjuiciada por estos delitos, mientras que hay más de 3 mil campesinos procesados por usurpación de tierra, centenares de familias desalojadas, en medio de una militarización sin precedentes y el control territorial de un verdadero ejército de guardias privados, que defienden los intereses de los terratenientes”, aseveró Trucchi.
Finalmente, subrayó la gran reacción mostrada por los sectores campesinos organizados, así como la necesidad de que el mundo siga con el “ojo puesto” en el Bajo Aguán, y en las problemáticas estructurales que están en la raíz de éste, como de muchos otros conflictos agrarios en el continente latinoamericano.
“Es increíble ver cuántos elementos comunes hay en los diferentes conflictos agrarios y la violencia desencadenada en contra del pueblo campesino y los trabajadores rurales organizados en toda América Latina.
Hay que seguir profundizando el análisis, juntando esfuerzos, luchas y solidaridad, para contrarrestar la ofensiva del gran capital explotador y la impunidad, proponiendo formas y modelos alternativos de producción y presionando a las autoridades para que se implementen políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías”, concluyó Trucchi.
Fuente: Rel-UITA
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