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| Equipo Otramérica |
Por Luis E. | kaosenlared.net
Como ya se sabe, nacional e internacionalmente, el pasado jueves 8 de noviembre del presente año se llevó a cabo una manifestación pacífica en las calles de San José, Costa Rica.
Esta marcha inició a las 9:00 am. Se dio a partir de la convocatoria del “Primer Movimiento Patriótico por la Defensa de la Seguridad Social y la CCSS”, con representantes de comunidades de Guanacaste, Grecia y Cartago, entre otras.
El propósito de dicha manifestación era proponer acciones concretas para mejorar los servicios y el funcionamiento de los centros médicos públicos del páis. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es la institución encargada de dar los servicios relacionados a la seguridad social en el país.
La marcha pacífica estaba programa para terminar a la 1:00 pm. Sin embargo, la intervención policial obligó a los ciudadanos y ciudadanas a replegarse por tiempo indeterminado. Lo más indignante fue ver a la policía agredir a señoras y señores mayores, entre 50 y 60 años. Otras personas iban acompañadas con su familia; hijos e hijas. Esto poco le importó a Laura Chinchilla y sus fieles súbditos; Zamora, Gamboa (viceministro de seguridad) y Rivera. El argumento que se dio para justificar la represión fue el de asegurar la libertad de tránsito de las personas. Muchas empresas de comunicación de Costa Rica, como La Nación, y seguido de ellos, cientos de personas más, comparten esa excusa. Libertad de tránsito y cultura política
Se ha dado algunos comentarios de personas enfurecidas contra los manifestantes. Según ellas y ellos, su derecho a la libertad de tránsito fue violado. No pretendo minimizar la importancia de esa libertad específica, pero sí creo necesaria dimensionarla y profundizar aun más en la discusión al respecto. Lo primero que quiero decir sobre esto, es que me parece que la frustración de algunas personas por reclamar su libertad de tránsito esconde algo más allá. En muchas otras actividades, el tránsito (vehicular) se ve limitado o impedido por completo. No obstante, nadie reclama por ello.
Pensando en algunas actividades, se me vino a la mente varias. Entre ellas los conciertos –como el de Lagy Gaga- que tienen lugar en los Estadios, los partidos de la Selección Nacional o los clásicos de futbol. Otra muy especial, y a la que considero muy respetable, es la Romería hacia la Basílica de La Virgen de los Ángeles, pero reconozco que las presas que se hacen son de grandes dimensiones, inclusive se llega a abrir una única vía de la autopista para llegar a o salir de la Vieja Metrópolis. Pero ni yo, ni nadie que yo conozca, reclama enérgicamente contra este tipo de hechos. No vemos a la UIP –antimotines- garrotear a los “romeros” por violar la libertad de tránsito de los vehículos. En nuestro contexto, imaginar algo así sería completamente absurdo, y si llegara a pasar, yo también saldría a reclamarle al Gobierno por ello.
La gran mayoría de costarricenses no se queja por esos eventos, no sin razón. Y los medios de comunicación no hacen un show mediático en contra de ellos, ni escriben editoriales para criminalizar a las y los participantes. Ciertamente, pensar un escenario así sería risible. Pero de aquí surge una pregunta: ¿por qué sí se hace con las manifestaciones por los derechos de todos los costarricenses, sin siquiera valorar sus objetivos, contactar a los organizadores, indagar qué fue realmente lo que pasó? Alguien puede decir que son cosas diferentes, y sí lo son, pero si tanto preocupa la libertad de tránsito, también deberían de entrar en su saco de críticas, al igual que el alto cobro de los peajes en la Autopista a Caldera ¿o no y por qué? Con esto sólo quiero exponer que es algo que va más allá del argumento de dicha libertad. Mi hipótesis es que está más relacionado con la cultura política, por un lado, y la manipulación mediática y gubernamental por otra. Ambos factores están correlacionados.
Al ciudadano costarricense -e inclusive en otros países- producto del desprestigio que la clase política se ha ganado, no le gusta involucrarse en asuntos políticos. Nuestra cultura política es apática e indiferente. Sin siquiera saber sobre su labor particular, un diputado (así sea de los pocos buenos) lleva siempre la desventaja ante la percepción ciudadana, aunque apele a causas justas. A lo mucho, nos preocupamos por ir a las urnas cada cuatro años. Más allá de las elecciones, la participación política es sinónimo de vagancia o corrupción. En esta línea, de entrada una protesta social –política por esencia- es mal apreciada.
Así, se levantan contra los manifestantes, los criminalizan y consideran delincuentes o vagabundos. Muchos hablan del mal gobierno, se ven afectados por la corrupción, por las citas a dos años o porque les niegan cupo en el hospital, porque no les atienden en una emergencia, etc. De acuerdo a la encuestas recopiladas por Consulta Motofsky, Laura Chinchilla es la presidente de América Latina con más baja popularidad, por debajo de Sebastian Piñera (Chile) y de Porfirio Lobo (Honduras). Las cosas (pobreza, desigualdad, ambiente) objetivamente están cada vez peor. “Pero nadie o muy pocos culpan a su propia indiferencia, a su escepticismo, a no haber ofrecido sus manos y su actividad a los grupos de ciudadanos que, precisamente para evitar ese mal, combatían, proponiéndose procurar un bien.” (Gramsci, [1917] 2011, p. 20)
Gobierno y manipulación mediática
Por otro lado, mi otra explicación al fenómeno de rechazo ciudadano a las marchas es el efectivo despliegue mediático del gobierno, y la cobertura dada por los noticieros. Las empresas de comunicación representan intereses de sectores dominantes, y en esta ocasión no me cabe duda al respecto. Como poder fáctico, los medios no son neutrales. Primeramente responden a sus dueños, y sus dueños a la clase dominante. Y en segundo lugar, responden al espectáculo, a lo que les de rating. Eso es, los policías con sus macanas golpeando a los “criminales”. En definitiva, no son medios democráticos y tampoco una fuente válida para basar el análisis de la realidad social y los acontecimientos cotidianos. No se puede confiar en una empresa que se atreve a sacar al aire un programa como Combate –un programa de competencias entre farándula nacional- si me permiten el sarcasmo.
Por lo general, los medios de comunicación siempre llegan tarde a una manifestación. El jueves no fue la excepción, y a pesar de eso se atreven a sacar conclusiones. Las imágenes que vi pasar por Repretel el jueves en la noche tenían titulares parcializados. Ni que decir el periódico La Nación. El editorial del día sábado (La Nación, 10/11/2012) es una provocación directa a las personas que buscan ser escuchadas por las autoridades de este país. Se criminaliza a quienes no encuentran otra forma que salir a la calle para ser escuchados. De esta manera, se vuelven instrumento de la clase política represiva. Las disputas entre los medios y el gobierno demuestran las diferencias entre las fracciones de la élite nacional. Sin embargo, estas diferencias se disipan en el momento en que deben defender su modelo político-económico hegemónico.
Al respecto del Gobierno y el grupo económico que representa (incluyendo medios), se cumple lo que dice Slavoj Žižek (2003) sobre la razón cínica de la ideología dominante. El gobierno “sabe de sobra la falsedad, está muy al tanto de que hay un interés particular oculto tras una universalidad ideológica, pero aún así, no renuncia a ella” (p. 57). Es decir, “ellos saben lo que hacen [mentir], pero aun así lo hacen” (Žižek, 2003, p. 57). La muestra más clara del cinismo del gobierno de turno, es cuando el ministro Zamora apareció en televisión nacional acompañado de dos mujeres policías, reclamando –ellas- haber sido golpeadas por el diputado Villalta, del partido Frente Amplio. No hay indicios imparciales de que esto pasó (y yo estoy seguro de no haberlo visto). Si el diputado Villalta presenta la denuncia respectiva, las policías en cuestión corren grandes riesgos de perder su trabajo. En fin, el Gobierno sigue aplicando el Memorándum del Miedo ¿lo recuerdan? Pero la indiferencia de la ciudadanía es la tierra fértil de la mentira gubernamental.
Al recurrir nuevamente a Žižek, él nos dice que existe la razón cínica, o falsa conciencia ilustrada, que se ubica en el saber (ellos saben lo que hacen). Esta razón cínica, contextualizada a este conflicto específico, se la atribuyo al Gobierno y los media, por supuesto, a sus dueños y periodistas. Hay otra ilusión que se encuentra en el lado de lo que la gente hace (ellos no lo saben, pero lo hacen). Esta fórmula clásica de El Capital, refiere a que “ellos no saben que su realidad social, su actividad, está guiada por una ilusión, por una inversión fetichista” (Žižek, 2003, p. 61). La inversión fetichista se fundamenta en la libertad de tránsito, la supuesta cultura de paz de nuestro país a la que algunos acuden para justificar la represión en las manifestaciones. Cabe mencionar que en Costa Rica siempre ha habido conflicto social, aun sin ejército, aun sin guerrilla, es decir sin conflicto armado. Basta escudriñar un poco los libros de historia para ver las luchas sociales que el pueblo ha librado.
A pesar de esto, no debemos asumir un actitud preponte o soberbia con las personas que nos critican. Tampoco he comprobado que dialogando con ellos se llegue a algo. El punto central es que efectivamente la libertad de tránsito es un derecho, el problema es que se ha instrumentalizado para servir al poder dominante. Se ha interiorizado no la paz, sino la pasividad y la inacción ante la corrupción, el despilfarro, la desigualdad y demás problemas políticos y sociales.
El derecho a la vida, a la salud y a la protesta
Lo que pocos comprenden es que por encima de la libertad de tránsito se encuentra, sobre todo, el derecho a la salud. Reivindicar este derecho, a través de una serie de peticiones a la Junta Directiva de la CCSS, era el objetivo de la marcha pacífica del pasado jueves.
Acertadamente, la Sala Constitucional de la República de Costa Rica vincula el derecho a la salud con el derecho a la vida. De acuerdo a la voto n° 11222-03 de la Sala, “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental.
El Estado costarricense no está garantizando eficientemente el derecho a la salud. No hace falta citar números o estadísticas; sobran. Ha habido un notable deterioro, llegando a una posible quiebra, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ha sucedido, en nuestro país, lo mismo que en muchas partes de Latinoamérica. Como dice Atilio Borón “las (…) redes de solidaridad social fueron demolidas al compás de la fragmentación social ocasionada por las políticas económicas ortodoxas y el desenfrenado individualismo promovido por los nuevos valores dominantes” (2003, p. 30). Mientras tanto, el Gobierno de Laura Chinchilla, en la misma línea que el de Oscar Arias, muestra una pasividad cómplice para resolver los problemas de dicha institución. Antes prefiere gastar millones en publicidad, que invertir en la seguridad social. Lo lamentable es que la publicidad le está dando resultados.
De todas las recomendaciones de la junta de notables creada para estudiar la crisis de la Caja, ¿cuántas se han tomado en serio? Los grandes deudores de la Caja que se niegan a pagar, ¿están en la cárcel por atentar contra la salud y la vida? R/ No. Así, el derecho a la salud, especialmente a los más pobres del país –hoy hay más que nunca- es limitado o negado. En el campo de la seguridad social costarricense, se aplica aquello de que “la asociación público-privada significa que el sector público toma los riesgos y el sector privado se lleva las ganancias”. El sector privado de la salud es el que se ve beneficiado por el detrimento de la Caja. Y tengo mis sospechas (no he investigado al respecto) de que algunos de los inversionistas en salud, tienen ligámenes con las empresas de comunicación. Eso daría mucho de qué hablar, pero hay que investigar la posible relación entre ambos grupos.
Sin mucho esfuerzo lógico, según lo escrito anteriormente, se puede comprobar que los manifestantes luchaban por el derecho a la salud, que brota del derecho de la vida. Frente a la negación del Gobierno al diálogo y a mejorar las condiciones de la Caja, se debe recurrir a formas alternativas de presión. Entonces, la marcha, inspirada por la defensa de un derecho fundamental, es legítima y legal. La libertad de tránsito queda relegada a un segundo plano, por encima está la lucha por el derecho a la vida.
Conjuntamente, la rebelión de los pueblos es un derecho congénito de la democracia. Desde la revolución burguesa más determinante de la historia, la Revolución Francesa, se plasma ese derecho en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. En esta declaración, el artículo 35 insiste en que “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”. En la democracia no sólo es un derecho, es igualmente “el más indispensable de sus deberes”. ¿Qué pensarán aquellos franceses del argumento de la libertad de tránsito? Hoy en día, ese derecho a la rebelión se puede encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Por supuesto, ningún orden establecido basado en la dominación (política y económica y mediática), permitiría que sus ventajas se vean trastocados. Una protesta contra el Gobierno, especialmente en los Gobiernos con tendencia tiránica, difícilmente será permitida. Pero la Historia habla, y nos dice que las grandes conquistas sociales no se alcanzan al margen de luchas civiles. Por lo visto en otras latitudes y también nuestro país, conservar esos derechos conquistados también se hace en las calles. A la calle con alegría y precaución
Con todo lo anterior en mente, yo he decidido no ser indiferente. He decidido estar del lado de los oprimidos, de los que no tienen con qué pagar un servicio privado de salud. También he decidido estar al lado de los que no se callan con las injusticias, con la corrupción. En la dictadura de Mussolini, Pinochet o de Videla esto hubiera costado la vida. En este momento, a nivel nacional y actual, no sé que costará, porque el ministro Zamora ya sentenció que continuaría con la línea represiva, esperemos que no sea así, por el bien del país. Además, el comandante Rivera no es la persona más abierta al dialogo. Un policía con mentalidad militar no piensa, sólo siguen órdenes.
La marcha convocada por los estudiantes para el próximo jueves es pacífica. No se pretende agredir policías, nunca ha sido así, ni siquiera se plantea defenderse ante los abusos (¿Sería mucho soñar que se nos unan y se lleven a los responsables de la trocha, a los que tienen a la Caja en crisis, a los que han saqueado al país?) Se quiere medidas concretas para salvar a la Caja, y que se responsabilice a los que ordenan reprimir; Chichilla, Zamora, Gamboa y Rivera. Probablemente a las empresas de comunicación esto no les parezca, el Gobierno hará sus cadenas con un discurso sin mucho contenido pero efectivo, al mejor estilo del Memorándum del Miedo.
Contra todo esto, creo que al Gobierno le llegó la hora de ser juzgado por el pueblo, dónde reside la soberanía. La historia siempre ha tenido conservadores e indiferentes que se oponen a mejorar, aunque sea un poquito, la sociedad. De los medios de comunicación no se puede esperar mucho. Así como en México -Televisa-, España -TVE-, Chile -TV Chile- y Argentina -Clarín, etc- o en la Italia fascista -Il Popolo d’Italia 1914-1943-, en Costa Rica -Repretel, Teletica y La Nación, entre otros- las empresas de comunicación estarán en contra de cualquier intento de cambiar el estado de cosas que le beneficia a sus intereses. Aun si la policía es la única que ejerce la violencia, la manifestación será etiquetada como “zafarrancho”. Pero no importa, “porque si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir” (Indignados de España).
Referencias bibliográficas
Borón, A. (2003). Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/lib...
Harvey, D. (2000). Spaces of hope. Great Britain: Edinburgh University Press
Žižek, S. (2003). El sublime objeto de la ideología. Buenos Aires: Siglo XXII Argentina Editores.
Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia. Resolución 2003-11222. Costa Rica Recuperado de: http://www.poder-judicial.go.cr/sal...
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