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| Efe |
Las imágenes que llegan en estos días de Panamá son nuevamente de sangre y muerte. Así como en años pasados el gobierno del empresario Ricardo Martinelli desató la violencia policial contra los trabajadores bananeros en Changüinola y las poblaciones indígenas Ngäbe y Buglé en Chiriquí, ahora se lanza contra la población de la ciudad de Colón. Ya son cuatro los muertos.
De acuerdo con datos proporcionados por Análisis 365, la llamada Zona Libre de Colón (ZLC) es una zona franca, de tratamiento especial para los comerciantes y las transnacionales, y uno de los polos de mayor movimiento comercial del continente latinoamericano.
El alquiler de estos terrenos a empresas transnacionales genera al gobierno panameño entradas que superan los 33 millones de dólares al año y por lo menos 30 mil puestos de trabajo, en una zona con el 47 por ciento de pobreza.
En los días pasados, los poderes ejecutivo y legislativo han aprobado y promulgado la Ley 72, con la que se faculta al Estado para vender estas tierras al capital transnacional, recaudando de esta manera hasta 2 mil millones de dólares.
La respuesta de la población, con el apoyo decidido del Frente Amplio de Colón y la Cámara de Comercio, y el respaldo de importantes organizaciones como, entre otros, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), no se hizo esperar, lanzándose a las calles contra las pretensiones privatizadoras del gobierno.
“La gente está protestando nuevamente contra la política económica neoliberal del gobierno de Martinelli, de querer despojar al pueblo panameño de sus recursos, en este caso de las tierras de la Zona Libre de Colón, obviamente para recoger dinero para las próximas elecciones de 2014”, dijo a Sirel, Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS.
Según Méndez, esta ley es parte de un paquete más amplio con el que el gobierno pretendería vender otros activos del patrimonio nacional, tal como la empresa nacional de Telecomunicaciones y la de Electrificación.
“Todo esto hizo estallar una insurrección popular en defensa del patrimonio de Colón, con el apoyo solidario del FRENADESO, el SUNTRACS y otras organizaciones. La respuesta ha sido nuevamente violenta y asesina. Ya son cuatro las personas asesinadas por la policía, entre ellas un niño de 9 años, y hay varios detenidos”, explicó el dirigente sindical.
Para el día de hoy, 26 de octubre, el SUNTRACS ha decretado un día de huelga preventiva en todo el territorio nacional, exigiendo, junto con las organizaciones y el pueblo de Colón, la derogación inmediata de la Ley 72, la liberación de los detenidos, así como la investigación y el castigo para los responsables del asesinato de los ciudadanos.
Pese al anuncio de parte del gobierno de estar redactando un texto con el que se modificaría la Ley 72, las organizaciones sociales, populares y sindicales de Colón han asegurado que arreciarán la protesta hasta no lograr su derogación.
“El pueblo panameño está resentido con todos estos gobiernos que han estado privatizando los bienes, recursos naturales y servicios del Estado, beneficiándose a si mismos, al capital transnacional y empobreciendo aún más a la gente.
Una vez más -continuó Méndez- el pueblo panameño se indigna con el gobierno corrupto, asesino y represor de Martinelli, que por cuarta vez masacra a la población para imponer su voluntad.
El pueblo está resistiendo y va a luchar hasta lograr la derogación de la Ley 72”, concluyó.
Fuente: Rel-UITA
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