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| Foto G. Trucchi /LINYM |
Piden a diputados no ceder ante
presión de la empresa privada que pretende cambiar el dictamen aprobado en
Comisión de Justicia y desvirtuar el contenido primordial de la ley
Por Giorgio
Trucchi - LINyM
Managua, 24
de abril (LINyM)-. Las organizaciones que integran la Mesa Sindical
Nicaragüense volvieron a exigir hoy (24/4) al Parlamento la aprobación del
nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cuyo proyecto de
ley ya ha sido dictaminado el pasado 12 de abril por la Comisión de Justicia y
Asuntos Jurídicos de este poder del Estado, y debe ahora ser enviado ante el
plenario para su aprobación.
Durante un
Foro organizado en Managua por la Fundación Friedrich Ebert y este espacio de
coordinación sindical, más de 150 delegados sindicales de todo el país dejaron
en claro que no van a tolerar que, por presiones de la empresa privada, se
cambie el texto del dictamen que es el resultado de un amplio y profundo debate,
auspiciado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre todos los
actores públicos y privados involucrados, y que pretende acabar con la histórica
mora judicial (retardación de justicia) en materia laboral que existe en Nicaragua.
Según
miembros de la Mesa Sindical Nicaragüense, los últimos datos disponibles (2007)
sobre retardación de justicia en materia laboral indican que había alrededor de
60 mil casos pendientes de resolución. Con el nuevo Código, lo que se pretende
es reducir el tiempo que lleva un juicio laboral - que actualmente es de entre dos
y cinco años -, estableciendo un procedimiento oral, la presencia y asistencia
de un juez especialista en la materia laboral y una duración máxima de 6 meses.
Con
este nuevo instrumento, no sólo se reducirían costos para las partes, sino que la
empresa privada se vería muy limitada en aplicar sus acostumbradas artimañas
legales para dilatar el juicio, obligando al demandante, cuyos derechos
sindicales y laborales habían sido violentado, a abandonar el proceso por
engorroso, burocrático y extremadamente largo.
“Queremos
dejar claro ante la opinión pública nacional e internacional que las
organizaciones sindicales mantenemos una posición unificada a favor del
dictamen aprobado en la Comisión de Justicia. No es posible que ahora la
empresa privada pretenda imponer cambios que de hecho desvirtúan la esencia de
su contenido”, dijo Miguel Ruíz, secretario general de la CST-JBE (Confederación
Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”).
En días
pasados, el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) criticó la
aprobación del nuevo Código, aduciendo que “atenta contra la inversión y la libre
empresa”.
“Quieren
modificar varios artículos, como por ejemplo los que se refieren a la figura
del embargo preventivo de bienes, del interventor judicial, la retención
migratoria en disputas laborales y las sanciones y pago de los honorarios
del demandante en caso de que la empresa pierda la demanda.
Asimismo, se
rehusan a que se regule el tema de la subcontratación y tercerización, que
establece el derecho de los trabajadores de demandar tanto a la empresa contratista
como a la principal. De aceptar esta propuesta tendríamos un Código Procesal
del Trabajo sin las herramientas coercitivas que obliguen al empresario que
trasgrede la ley a cumplir con sus obligaciones”, aseveró Ruiz.
Según Luis Barboza, presidente de la
CST-JBE, quitar la esencia de esta ley sería una burla para los
trabajadores y trabajadoras cuyos derechos se siguen violentando. “El COSEP
quiere que los trabajadores sigan con el calvario de pasar de dos a cinco años
en los juzgados laborales, y tratan de asustar a la opinión pública diciendo
que esta ley va a ahuyentar
la inversión privada.
Es cierto que
hay que buscar el equilibrio para atraer la inversión, pero debe ser un
equilibrio verdadero y no a costa del sacrificio de los trabajadores y
trabajadoras”, concluyó el dirigente sindical.
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