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El Relator Especial sobre los derechos de las personas privadas de libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rodrigo Escobar Gil expresó que la corrupción, la violencia y la delincuencia existentes en el centro penal de San Pedro Sula han sido generadas por la sobrepoblación y el hacinamiento en dicho centro de detención.
El comisionado expresó sus declaraciones a los medios de comunicación, luego de visitar el martes 24 de abril las instalaciones del presidio sampedrano y posteriormente se reunió con las autoridades edilicias, de Gobernación y Justicia, fiscales y jefes policiales.
El comisionado expresó sus declaraciones a los medios de comunicación, luego de visitar el martes 24 de abril las instalaciones del presidio sampedrano y posteriormente se reunió con las autoridades edilicias, de Gobernación y Justicia, fiscales y jefes policiales.
El delegado de la CIDH afirmó que la cárcel de San Pedro Sula presenta graves condiciones porque posee una estructura obsoleta e inadecuada y no cuenta con servicios básicos, por lo que es preocupante la vulnerabilidad en que se encuentran varios privados de libertad que están enfermos o las personas de la tercera edad que no reciben las atenciones médicas adecuadas.
Escobar Gil señaló que el Estado de Honduras tiene la obligación de diseñar y adoptar políticas públicas para superar toda la situación de violación de derechos humanos, que constituye un compromiso de todos los estados democráticos de América y cuyo incumplimiento indudablemente les genera responsabilidad internacional”.
La delegación tiene previsto desarrollar una conferencia de prensa para presentar un informe en torno a las inspecciones que realice la delegación a los centros penales, en donde se plantearán una serie de recomendaciones que el estado de Honduras deberá implementar.
Los comisionados sostuvieron también una reunión con el obispo Auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani presidente del Comité Pro Construcción del Centro Penal de san Pedro Sula.
El miércoles la delegación de la CIDH se trasladará a Tegucigalpa para sostener entrevistas con autoridades del régimen y organizaciones de derechos humanos. El viernes está prevista una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de la visita.
La CIDH programó esta visita a Honduras luego de conocer sobre la muerte violenta de 360 privados de libertad, muchos de los cuales fallecieron calcinados y asfixiados en la Granja Penal de Comayagua el pasado 14 de febrero. Autoridades de Medicina Forense informaron que aún faltan unos 20 cadáveres por entregar a sus familiares.
La masacre de la Granja Penal de Comayagua significó un hecho sin precedentes en la historia de los centros penales de Latinoamérica.
Durante una audiencia ante la CIDH sostenida en Washington a finales de marzo de este año, el estado de Honduras reconoció que el sistema penitenciario nacional enfrenta numerosas deficiencias, entre ellas una infraestructura muy precaria que dificulta mucho el control y el debido tratamiento de los privados de libertad.
Rodrigo Escobar Gil dijo en aquella ocasión que la situación de las cárceles del país, es de "suma gravedad" a raíz de una "crisis verdaderamente estructural" en la mayoría de los centros penitenciarios hondureños.
En Honduras hay 12 mil 246 personas privadas de libertad, cifra que supera en más de 4 mil la capacidad máxima de los 24 prisiones del país. La sobrepoblación carcelaria se debe en parte al alto número de personas que en Honduras están presas sin haber sido aún condenadas.
Esto no debería ser así, la regla general debe ser la de la libertad y no la detención preventiva, recordó el comisionado de la CIDH, para quien esta alta cifra "lo que hace es agravar la situación de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria" que sufre Honduras.
Por su parte la subsecretaria de Estado de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Marcela Castañeda, apuntó que "no tenemos realmente asignado un presupuesto para poder invertir en infraestructura" y agregó que ello le ha llevado a su departamento a tener que solicitar medidas extraordinarias como decretos de emergencia presidenciales para poder atender algunas de las falencias más graves de las cárceles del país.
Finalmente la Procuradora General Ethel Deras expuso ante la CIDH que "no podemos desconocer que los Estados somos garantes de la vida de las personas cuando están privadas de libertad y, en ese sentido, las deficiencias estructurales tampoco pueden obviarse".
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