Nicaragua: “Urge aprobar nuevo Código Procesal del Trabajo”, claman organizaciones sindicales

Foto G. Trucchi /LINYM

Piden a diputados no ceder ante presión de la empresa privada que pretende cambiar el dictamen aprobado en Comisión de Justicia y desvirtuar el contenido primordial de la ley

Por Giorgio Trucchi - LINyM

Managua, 24 de abril (LINyM)-. Las organizaciones que integran la Mesa Sindical Nicaragüense volvieron a exigir hoy (24/4) al Parlamento la aprobación del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cuyo proyecto de ley ya ha sido dictaminado el pasado 12 de abril por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de este poder del Estado, y debe ahora ser enviado ante el plenario para su aprobación.

Durante un Foro organizado en Managua por la Fundación Friedrich Ebert y este espacio de coordinación sindical, más de 150 delegados sindicales de todo el país dejaron en claro que no van a tolerar que, por presiones de la empresa privada, se cambie el texto del dictamen que es el resultado de un amplio y profundo debate, auspiciado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre todos los actores públicos y privados involucrados, y que pretende acabar con la histórica mora judicial (retardación de justicia) en materia laboral que existe en Nicaragua.

Según miembros de la Mesa Sindical Nicaragüense, los últimos datos disponibles (2007) sobre retardación de justicia en materia laboral indican que había alrededor de 60 mil casos pendientes de resolución. Con el nuevo Código, lo que se pretende es reducir el tiempo que lleva un juicio laboral - que actualmente es de entre dos y cinco años -, estableciendo un procedimiento oral, la presencia y asistencia de un juez especialista en la materia laboral y una duración máxima de 6 meses.

Con este nuevo instrumento, no sólo se reducirían costos para las partes, sino que la empresa privada se vería muy limitada en aplicar sus acostumbradas artimañas legales para dilatar el juicio, obligando al demandante, cuyos derechos sindicales y laborales habían sido violentado, a abandonar el proceso por engorroso, burocrático y extremadamente largo.

“Queremos dejar claro ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones sindicales mantenemos una posición unificada a favor del dictamen aprobado en la Comisión de Justicia. No es posible que ahora la empresa privada pretenda imponer cambios que de hecho desvirtúan la esencia de su contenido”, dijo Miguel Ruíz, secretario general de la CST-JBE (Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”).

En días pasados, el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) criticó la aprobación del nuevo Código, aduciendo que “atenta contra la inversión y la libre empresa”.

“Quieren modificar varios artículos, como por ejemplo los que se refieren a la figura del embargo preventivo de bienes, del interventor judicial, la retención migratoria en disputas laborales y las sanciones y pago de los honorarios del demandante en caso de que la empresa pierda la demanda.

Asimismo, se rehusan a que se regule el tema de la subcontratación y tercerización, que establece el derecho de los trabajadores de demandar tanto a la empresa contratista como a la principal. De aceptar esta propuesta tendríamos un Código Procesal del Trabajo sin las herramientas coercitivas que obliguen al empresario que trasgrede la ley a cumplir con sus obligaciones”, aseveró Ruiz.

Según Luis Barboza, presidente de la CST-JBE, quitar la esencia de esta ley sería una burla para los trabajadores y trabajadoras cuyos derechos se siguen violentando. “El COSEP quiere que los trabajadores sigan con el calvario de pasar de dos a cinco años en los juzgados laborales, y tratan de asustar a la opinión pública diciendo que esta ley va a ahuyentar la inversión privada.

Es cierto que hay que buscar el equilibrio para atraer la inversión, pero debe ser un equilibrio verdadero y no a costa del sacrificio de los trabajadores y trabajadoras”, concluyó el dirigente sindical.