Presidenta de la República Federativa del Brasil Señora Dilma Rousseff
Palacio de Planalto
Brasilia
Estimada Presidenta:
Nos dirigimos a usted en nombre de nuestras 374 organizaciones afiliadas en 119 países, para expresarle nuestra profunda consternación por el asesinato el pasado martes 24 de mayo en Pará, de una pareja de campesinos extractivistas, militantes sindicales y ambientales que desde hace años luchaban contra la deforestación y la usurpación de tierra.
José Cláudio Ribeiro da Silva (Zé Cláudio) y Maria do Espírito Santo Silva fueron fríamente ejecutados, y parte de sus orejas fueron cortadas por los asesinos como promesa de más terror y muerte para quienes continúen la lucha.
Este acto bárbaro, salvaje, sería certeramente calificado en cualquier parte del mundo como “terrorismo”, ya que se trata de un crimen planificado, organizado, ejecutado por personas especializadas de manera premeditada sobre personas inocentes y desarmadas, y con un fin político, social y económico.
Se trata de “muertes instrumentales”, meras herramientas para incidir en un conflicto que no es privado sino público.
Fueron ellos, pero podrían haber sido otros, cualquiera de esos 300 nombres que integran la siniestra lista de los “marcados para morir” por una articulación político-empresarial cuyo fin es el lucro y el poder como medio para aumentar sus riquezas.
La violencia rural en el Brasil actual ya no es una mera práctica ancestral con base en relaciones seudofeudales, provocada por los antiguos coroneles y los barones del latifundio en una tierra sin ley y hasta sin dios.
Los asesinos de hoy, los que mandan matar, tienen computadores con conexión a Internet, tienen celulares 4G, manejan la tecnología más moderna disponible para cuidar sus inversiones en el campo, conocer las previsiones climáticas, consultar los precios de exportación, cerrar negocios a distancia, gestionar estocs, mover cuentas bancarias, etcétera.
Eso sí, igual que los de antes, siguen deforestando, continúan sirviéndose de una mano de obra barata, a veces incluso esclava, contratando asesinos a sueldo y beneficiándose de un esquema de impunidad asegurado ilegalmente por complicidades vocacionales o interesadas en los estamentos públicos estaduales, lo que transforma a esta violencia en paraestatal.
Es una verdadera organización creada para matar, robar, mentir, manipular, o sea, lo que comúnmente se llama “crimen organizado” o mafia. En ninguna parte del mundo estos grupos mafiosos pudieron ser derrotados sin una acción simétricamente especializada, poderosa y comandada con la voluntad política desde el propio Estado, ese que hoy deja el campo libre a los facinerosos y en la mayor orfandad a la población rural local.
En una reciente entrevista publicada hace apenas 15 días en nuestra página web, integrantes de nuestra organización afiliada, la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG), habían anticipado el recrudecimiento de la violencia en Pará, posiblemente favorecido por el reciente cambio en la gobernación del estado.
A todos nos duele extraordinariamente que esa previsión haya resultado acertada. Este terrorismo privado con apoyos públicos debe cesar para que Brasil pueda poner proa definitivamente hacia la democracia moderna que ya ha conquistado en otros aspectos esenciales.
Por eso nos unimos a todos y todas quienes condenan y rechazan estos asesinatos repugnantes, y reclamamos junto a la enorme mayoría del pueblo brasileño que se instrumenten las acciones necesarias para enfrentar de forma definitiva, sostenida y sin excepciones a estas organizaciones mafiosas y criminales que tanto daño le vienen haciendo al Brasil.
En este ámbito, como en otros, esperamos verdad, justicia y castigo a los culpables. Esperamos el fin de la impunidad. Para que sea verdad que todos somos iguales antes la ley. Para que sea verdad que todos tenemos derecho a la vida y a defender nuestros ideales.
Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA
Montevideo, 30 de mayo de 2011
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