Por Diana Canales/Amnesty International“Persistió la impunidad por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías, y ha habido pocos avances en reparar los daños a la protección a los derechos humanos y el Estado de derecho, tras el golpe de Estado de 2009”, asegura Amnistía Internacional (AI) en su Informe 2011, “El estado de los derechos humanos en el mundo”, publicado el viernes.
Además, Amnistía Internacional denuncia que se han hecho “pocas investigaciones” sobre las detenciones arbitrarias y los malos tratos que policías y militares cometieron entonces contra cientos de manifestantes y transeúntes.
El Informe de más de 400 páginas destaca que en Honduras, Porfirio Lobo, quien asumió el gobierno en enero, fue criticado por no hacer rendir cuentas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de facto de Roberto Micheletti, instalado con el golpe militar, de junio de 2009 a enero de 2010.
AI declara estar preocupada porque es probable un “uso excesivo de la fuerza” por tropas militares desplegadas, durante varias veces en el año, por el régimen de Porfirio Lobo en la región de El Aguán “tras el estallido violento de las disputas por la tierra entre cientos de campesinos y diversas empresas y agricultores”.
Jueces despedidos, y no restituidos, por oponerse al Golpe
Amnistía Internacional refiere el caso de cuatro jueces destituidos de modo arbitrario, en mayo, por manifestarse de manera pacífica contra el Golpe, y que aun no han sido restituidos en sus cargos: Tirza del Carmen Flores Lanza, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Guillermo López Lone– y el defensor público Osmán Fajardo Morel.
Sin embargo, observa el Informe que, “Los jueces y funcionarios judiciales que participaron en manifestaciones a favor del golpe de Estado, conservaron sus puestos”.
Se intimidó a defensores y defensoras de los derechos humanos
Representantes de organizaciones de derechos humanos que realizaban su labor, fueron amenazados y acosados.
La organización de derechos humanos relata que cuando una abogada de la Asociación para una Sociedad más Justa, fue obligada, en octubre, a entrar en un taxi, y una vez dentro, uno de los dos hombres que la amenazaba con pistola, reveló un plan para matarla.
Libertad de expresión y de asociación
Al final del año, nadie había respondido ante la justicia por el asesinato de diez periodistas ocurridas entre enero y diciembre; y tampoco se implantó ningún programa de protección para periodistas en riesgo.
El director de informativos del Canal 5 de televisión en El Aguán y presentador de un noticiero en Radio Tocoa, Nahúm Palacios Arteaga, fue asesinado con más de 30 tiros de armas automáticas AK47, en marzo, en Tocoa, departamento de Colón.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había concedido medidas cautelares a Nahúm Palacios para ser protegido por el Estado, las que nunca fueron puestas en práctica por el régimen.
Violencia contra mujeres y niñas
Las organizaciones de derechos de las mujeres cuestionaron que la cifra de 282 asesinadas, entre enero y octubre, registrada por el Ministerio Público (MP), es inferior a la cantidad real.
Asimismo, se mantiene vigente todavía el decreto emitido por el régimen de facto que penaliza las medidas contraceptivas de emergencia, pese al impacto negativo de esta norma en mujeres y niñas cuando su método contraceptivo haya fallado o estuvieren en peligro de embarazo resultado de una coacción sexual, explica el Informe.
Derechos de la diversidad LGTBI
Representantes de la colectividad hondureña lésbica, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) expresaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre, estar preocupados porque continúan a recibir amenazas y ataques que “rara vez se investigaron exhaustivamente”. Así también, por la falta de protección a quienes denuncian esos delitos.
Un policía fue condenado, en septiembre, a una pena mínima de 10 años de prisión por apuñalar, 17 veces, a Nohelia Flores Álvarez, una mujer transgénero, en diciembre de 2008, cuando ella se rehusó a prestarle servicios sexuales al agente.
Con todo, nadie ha respondido por intimidar y amenazar a testigos, investigadores, fiscales y personas que apoyaron a Flores Álvarez durante la investigación y el juicio. Incluido el asesinato de un amigo de Nohelia cuando caminaba junto a ella, que era el objetivo real que perseguían con la agresión.
A raíz del examen periódico universal que evaluó el historial de derechos humanos en Honduras, en noviembre, las autoridades hondureñas hicieron una invitación abierta a los expertos especiales en derechos humanos de la ONU y del Sistema Interamericano.
Al concluir el año, y todavía, Honduras no ha sido readmitida aún en la Organización de los Estados Americanos (OEA), después de que fue expulsada tras el golpe contra el Estado en junio de 2009.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció, en noviembre, que abriría investigaciones preliminares sobre informes de violaciones de derechos humanos generalizados y sistemáticas cometidas en el gobierno de facto, recuerda Amnistía Internacional.
En el informe anual 2011 sobre el estado de los derechos humanos, AI expone situaciones documentadas por su organización en 157 países y territorios, entre enero y diciembre de 2010, en las cinco regiones del mundo.
Según Amnistía, su Informe mundial revela que a pesar de “las numerosas medidas represivas” que se utilizan en su contra, “la gente sigue desafiando la opresión y enfrentándose a quienes cometen abusos contra los derechos humanos”.
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