Aproximadamente 500 efectivos militares y policías enfrentaron con gases y disparos esta mañana a familias campesinas que se mantenían en tierras nacionales, cuya propiedad reclaman terratenientes del Bajo Aguán, entre ellos Miguel Facussé Barjum y el colombiano René Morales.
El portavoz de la policía nacional en la capital, Orle Cerrato, reconoció que un solado del ejército fue herido por disparos de fusil ak47, durante el desalojo.
El portavoz reconoció, además, la detención de un campesino por la portación de un arma de fuego, pero negó la existencia de heridos y muertos como reportaron medios de Tegucigalpa.
La orden judicial de desalojo, dijo Cerrato, fue librada contra unas 600 familias agrupadas en el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, asentadas en las márgenes izquierda y derecha del Río Aguán.
En la margen izquierda del río, las empresas San Esteban, Despertar y Guanchías, del colombiano René Morales y el hondureño Gustavo Canales, fueron recuperadas en diciembre por los campesinos dedicados a la producción de granos y palma africana.
La mañana de hoy el desalojo policial y militar empezó en la cooperativa Despertad, siguió en la cooperativa San Esteban, donde fueron detenidas al menos 10 campesinos, y concluyó en la cooperativa Guanchías.
Según confirmó la abogada, Marlen Cruz, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, el desalojo fue realizado con gases lacrimógenos y disparos, con saldo preliminar de 10 detenidos.
En la margen derecha del río aún no había empezado el desalojo en las primeras horas de la tarde de hoy, pero los campesinos de las cooperativas Aurora, Confianza y San Isidro, temían la represión ahí.
Estas tierras son reclamadas por el empresario agroindustrial Miguel Facussé.
El desalojo en la margen izquierda del río fue descrito como violento a Radio Progreso por su corresponsal en la zona, Wilfredo Paz, quien describió que los militares lanzaron bombas lacrimógenas, balas vivas de sus armas automáticas e incendiaron las viviendas.
El portavoz policial, Orle Cerrato, sin embargo, describió el desalojo como tranquilo y calmado, practicado con normalidad y bajo la supervisión de un juez ejecutor.
“No es una operación antojadiza de la policía y el ejército, sino una acción en respuesta a la orden emitida por juzgado correspondiente”, dijo el oficial policial en esta capital, sin identificar al empleado judicial.
Los recuentos independientes desde la zona contabilizaban 40 detenidos al mediodía de hoy, ocultados en las instalaciones del Décimo Quinto Batallón de Infantería, donde realizaban gestiones los organismos de derechos humanos para su liberación.
Centenares de mujeres y niños corrían entre las plantaciones de palma africana, replegadas hacia la zona pantanosa del río Aguán, huyendo de los gases, por lo que fue descrita la escena como una “cacería humana”.
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