por Dina Meza - Defensores en Línea
Aunque se auto absuelvan con una amnistía para cubrir sus crímenes de lesa humanidad, los golpistas tienen la soga al cuello en derechos humanos porque más bien están adelantando las acciones ante la Corte Penal Internacional, dijo Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
La Fiscalía interpuso hoy un requerimiento fiscal y solicitó orden de captura contra el jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez y contra todos los miembros de la Junta de Comandantes por los delitos de expatriación y abuso de autoridad, acciones cometidas el 28 de junio, mientras el Congreso Nacional ya tiene listo un anteproyecto de amnistía el cual aprobará la próxima semana.
En lo referente a un requerimiento emitido por el Ministerio Público este 06 de diciembre y publicado por todas partes por el Fiscal General de la República, Luís Alberto Rubí, Oliva manifestó que no es más que la puesta en práctica del guión elaborado por el Pentágono y echado a andar por el gobierno de facto a través del fiscal en mención, quien se lava las manos como Pilatos.
La defensora de derechos humanos se preguntó quién será el fiscal encargado de hacerle el requerimiento al Fiscal General que es el responsable de haber justificado a través del Ministerio Público la expatriación del presidente Manuel Zelaya Rosales y de restituir al jefe de las Fuerzas Armadas en su cargo después de que fuera despedido por el mandatario.
Agregó que lo que está claro es que hay una prisa histórica para arreglar el problema y ponerle maquillaje y que la nación entera y la comunidad internacional se crea que aquí nada pasó o lo que pasó ya está arreglado, “para ello quieren tirar el movimiento social aglutinado en el Frente Nacional de Resistencia para que reaccione frente al show que están haciendo este día, pero es una falta de análisis sobre la reacción del pueblo hondureño, pero el pueblo ya reaccionó ”.
El problema para ellos es cada día más difícil y se enredan más porque siguen confiando en su cerco mediático de desinformación a la comunidad internacional, ya los cables internacionales están que el Fiscal General hizo un requerimiento fiscal contra Romeo Vásquez y que se libró una orden de aprehensión contra la Junta de Comandantes, pero se va a aprobar esta tan deseada amnistía para los que cometieron este tipo de delitos y ésta no procede para ellos, reflexionó la Coordinadora del COFADEH.
Para ella los que ellos cometieron son crímenes de lesa humanidad, han cometido delitos comunes aunque la víctima sea política, solo pueden ser beneficiarios de indultos y para ser beneficiarios de éste tienen que estar condenados y en prisión.
“Pero si tienen el descaro de acogerse a la amnistía, es un punto más para la comunidad internacional para acelerar el proceso ante la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la aceptación de sus crímenes cometidos, son confesos, pero sus delitos son delitos de lesa humanidad que no prescriben y van a ser perseguidos”, señaló Oliva.
De acuerdo a su análisis quienes están involucrados en el golpe de Estado tienen la intención de manejarlo todo a nivel de sus medios de comunicación “y que de aquí al 27 de enero Micheletti esté fuera para que la comunidad internacional diga ya se hizo el primer paso y hay que levantarle el aislamiento a Honduras y hay que darle paso a esta democracia”.
Las idas y venidas de personeros de los Estados Unidos es para tratar de limpiar lo que ya no se puede limpiar pusieron al frente del Gobierno de facto a un hombre testarudo y no pueden con él y hay que hacer algo antes del 27 de enero, “por eso son las peticiones de que el presidente Zelaya sea un buen hijo de Honduras, callando para evitar defender su derecho violado, por otro lado los EUA están presionando al dictador para que abandone la silla”
La dirigente de derechos humanos manifestó que no sabe que garantía le pueden dar a Micheletti por los delitos que ha cometido y que no sea perseguido, “Micheletti es miedoso como todo cobarde, el sabe que al dejar casa presidencial debe quedar preso porque ha cometido delitos tan graves contra el país, no puede nadie decir que hay que doblar la página no puede nadie decir que vamos a convocar una nueva vida cuando hoy están persiguiendo a la gente que la han identificado como la Resistencia en este país”.
Enfatizó que no se puede estar hablando de olvido cuando los golpistas son los encargados de que el pueblo no olvide porque le están violando día a día su derecho a vivir , a no ser torturado, a no ser perseguido. “Tenían planificado todo sin saber cuál era la salida que le iban a dar en materia de derechos humanos, ellos saben que en derechos humanos tienen la soga al cuello, ya están ahogándose” .
Los involucrados en el golpe contra la institucionalidad de Honduras tienen el tiempo muy corto porque el pueblo está decidido, no podrán ir a la cárcel pero van a estar presos de su propia conciencia, van a estar presos bajo los muros de sus casas porque van a tener el temor de ser capturados, no asesinados porque este pueblo no cree en el método violento que ellos han implementado desde el 28 de junio, porque van por la lucha pacífica, destacó la dirigente.
Sobre el requerimiento Fiscal manifestó que toda la acción que hizo el fiscal general,también lleva el objetivo de desmovilizar al pueblo hondureño porque según ellos les va a creer que hacen justicia, pero éste ya sabe que toda la vida han manipulado el sistema de justicia, por eso es necesario un nuevo contrato social porque no todo lo legal es justo, la constitución de la república así como la tienen generará desigualdad e injusticia, ellos son los responsables de que el sistema que ellos crearon haya colapsado porque crearon un sistema colapsado y un Estado de Derecho Fallido.
Criticó la falta de acción del Ministerio Público sobre la deducción de responsabilidades a los violadores de los derechos humanos desde el 28 de junio, a pesar que se han presentado decenas de denuncias, pero un caso que existió un requerimiento fiscal la persona no puede ir presa porque está enferma, es como algo de “compadre hablado”.
En el caso que haya requerimiento en un caso, la persona no puede ir presa porque está enferma, parece que es de compadre hablado.
Se mostró escéptica sobre si los responsables estarán tras las rejas, “nadie debe creer que esa acción llevará a militares presos, es un paño de impunidad más de las acciones que se han cometido desde el 28 de junio”.
Las amnistías usadas para encubrir violaciones de derechos humanos
Las amnistías se han convertido desde hace muchos años en el asidero de los violadores de derechos humanos en América Latina, para exonerarse por los crímenes de lesa humanidad cometidos, las leyes de amnistía implicaban directamente una vulneración al derecho de toda víctima a obtener no sólo justicia sino verdad.
En 1990, en el gobierno del ex presidente Rafael Leonardo Callejas, el Congreso Nacional aprobó una amnistía a la que denominó amplia en incondicional que dejó sin valor cualquier juicio que pudiera incoarse contra los militares y civiles responsables de desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad.
A continuación publicamos otros ejemplos sobre los ilegales decretos de amnistía en el continente latinoamericano:
En abril de 1978, el gobierno militar de Chile, encabezado por el general Augusto Pinochet, implantó una medida de amnistía mediante la promulgación del Decreto Ley Nº 2191, que prohíbe el procesamiento de individuos involucrados en ciertos actos criminales cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Éste fue el periodo en el que estuvo en vigor el estado de sitio, caracterizado por violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, entre ellas actos de tortura, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad chilenas. Aunque la Ley de Amnistía benefició también a varios cientos de presos políticos que quedaron en libertad, esta ley constituyó, una maniobra del gobierno militar para proteger a sus propios miembros de la posibilidad de ser enjuiciados en el futuro por la comisión de violaciones de derechos humanos. Vea informe sobre incompatibilidad de decreto de amnistía.
El 14 de marzo del 2001 la Corte Internacional de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por su responsabilidad en la matanza de Barrios Altos y la expedición de leyes de impunidad, el órgano supranacional resolvió por unanimidad que el Perú violó:
a) el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, por la ejecución de quince personas en el inmueble ubicado en el jirón Huanta Nº 840 del vecindario conocido como Barrios Altos (Lima);
b) el derecho a la integridad personal, previsto en el artículo 5 de la citada Convención, por las lesiones graves infligidas a cuatro personas del mismo vecindario de Barrios Altos; y,
c) el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los familiares de las víctimas, a raíz de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía 26479 y 26492, en el mes de junio de 1995.
La Corte declaró, en consecuencia, que las leyes de amnistía 26479 y 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que carecen de efectos jurídicos. También, que el Estado peruano está obligado a investigar la matanza de Barrios Altos y sancionar a los responsables.
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