Procuraduría General de la República encargada de buscar acercamiento con la empresa
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Mientras organizaciones nacionales e internacionales preparan el relanzamiento de la campaña de apoyo a la lucha de la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), organización afiliada a la UITA, el gobierno de Nicaragua decidió respaldar el esfuerzo de los ex trabajadores azucareros afectados en la búsqueda de un diálogo con la Nicaragua Sugar Estates Ltd., empresa propietaria del Ingenio San Antonio e integrante del Grupo Pellas.
Al inicio de diciembre 2009, la Junta Directiva de la ANAIRC entregó una carta dirigida al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, solicitando que el gobierno respaldara el esfuerzo de los ex trabajadores y viudas de esta organización, que desde hace más de diez meses están protestando en Managua, facilitando un posible acercamiento y diálogo entre la ANAIRC y la Nicaragua Sugar Estates Ltd. (NSEL).
Los ex trabajadores azucareros piden que se les indemnice por los daños causados a su salud por el uso indiscriminado de agrotóxicos y la contaminación de las fuentes hídricas de la zona, aplicando la Ley 456 que reconoce la insuficiencia renal crónica (IRC) como una enfermedad laboral.
“Entregamos toda la documentación en la oficina de la Presidencia de la República, y a las pocas horas nos llamaron diciéndonos que habían acogido nuestra solicitud y que la Procuraduría General de la República (PGR) le iba a dar seguimiento inmediato a nuestra petición –explicó Carmen Ríos, presidenta de la ANAIRC, a Sirel–.
Acompañados por nuestro asesor legal y sindical, nos reunimos varias veces con funcionarios de la PGR y con el mismo Procurador General, Hernán Estrada, y nos aseguraron que tenían mandato expreso del señor Presidente de la República de darle seguimiento a nuestro caso por ser algo muy delicado, y hacer todo lo posible para tratar de acercar posiciones y abrir una mesa de negociaciones entre la ANAIRC y la Nicaragua Sugar Estates Ltd.
Además –continuó la presidenta de la ANAIRC– el procurador Estrada nos pidió que le entregáramos copia de los cortos realizados por ALBA Sud y la Rel-UITA –“Voces e imágenes de los afectados por IRC”–, para que el presidente Ortega los visionara y se compenetrara más en la problemática que estamos viviendo”, aseguró.
El pasado 9 de enero, el presidente Daniel Ortega visitó el campamento de la ANAIRC, lo cual fue considerado por los ex trabajadores afectados como una señal del interés del gobierno para que se resuelva esta situación.
“Estábamos justo cumpliendo 300 días en Managua cuando el Presidente de la República pasó por el lugar en donde estamos acampados y detuvo su vehículo. Nos saludó y nos aseguró que va a ser todo lo posible para que se abra un diálogo con la empresa”, dijo Ríos.
Según la presidenta de la ANAIRC, la PGR ya habría entregado una carta a la empresa y se están esperando las primeras reacciones.
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Mientras organizaciones nacionales e internacionales preparan el relanzamiento de la campaña de apoyo a la lucha de la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), organización afiliada a la UITA, el gobierno de Nicaragua decidió respaldar el esfuerzo de los ex trabajadores azucareros afectados en la búsqueda de un diálogo con la Nicaragua Sugar Estates Ltd., empresa propietaria del Ingenio San Antonio e integrante del Grupo Pellas.
Al inicio de diciembre 2009, la Junta Directiva de la ANAIRC entregó una carta dirigida al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, solicitando que el gobierno respaldara el esfuerzo de los ex trabajadores y viudas de esta organización, que desde hace más de diez meses están protestando en Managua, facilitando un posible acercamiento y diálogo entre la ANAIRC y la Nicaragua Sugar Estates Ltd. (NSEL).
Los ex trabajadores azucareros piden que se les indemnice por los daños causados a su salud por el uso indiscriminado de agrotóxicos y la contaminación de las fuentes hídricas de la zona, aplicando la Ley 456 que reconoce la insuficiencia renal crónica (IRC) como una enfermedad laboral.
“Entregamos toda la documentación en la oficina de la Presidencia de la República, y a las pocas horas nos llamaron diciéndonos que habían acogido nuestra solicitud y que la Procuraduría General de la República (PGR) le iba a dar seguimiento inmediato a nuestra petición –explicó Carmen Ríos, presidenta de la ANAIRC, a Sirel–.
Acompañados por nuestro asesor legal y sindical, nos reunimos varias veces con funcionarios de la PGR y con el mismo Procurador General, Hernán Estrada, y nos aseguraron que tenían mandato expreso del señor Presidente de la República de darle seguimiento a nuestro caso por ser algo muy delicado, y hacer todo lo posible para tratar de acercar posiciones y abrir una mesa de negociaciones entre la ANAIRC y la Nicaragua Sugar Estates Ltd.
Además –continuó la presidenta de la ANAIRC– el procurador Estrada nos pidió que le entregáramos copia de los cortos realizados por ALBA Sud y la Rel-UITA –“Voces e imágenes de los afectados por IRC”–, para que el presidente Ortega los visionara y se compenetrara más en la problemática que estamos viviendo”, aseguró.
El pasado 9 de enero, el presidente Daniel Ortega visitó el campamento de la ANAIRC, lo cual fue considerado por los ex trabajadores afectados como una señal del interés del gobierno para que se resuelva esta situación.
“Estábamos justo cumpliendo 300 días en Managua cuando el Presidente de la República pasó por el lugar en donde estamos acampados y detuvo su vehículo. Nos saludó y nos aseguró que va a ser todo lo posible para que se abra un diálogo con la empresa”, dijo Ríos.
Según la presidenta de la ANAIRC, la PGR ya habría entregado una carta a la empresa y se están esperando las primeras reacciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario