Concluyó la farsa: sobreseidos los militares golpistas

TeleSUR

Descargar resolución final
http://voselsoberano.com/v1/images/stories/documentos/20100126_resolucion_de_la_corte_militares.pdf

Los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, acusados de expulsar del país al mandatario constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fueron liberados este martes por el juez especial y presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña de facto, Jorge Rivera, quien argumentó en su sentencia que los militares actuaron para "preservar la democracia".

Rivera dictó sobreseimiento definitivo a los generales "acusados de abuso de autoridad en perjuicio de la seguridad interior del Estado" y decidió otorgarles cartas de libertad a los seis oficiales, que se ausentaron en la audiencia donde se leyó su fallo que tuvo como argumento principal que el Ministerio Público (MP) no probó que hayan cometido delitos.

Los militares estaban acusados de sacar al presidente Zelaya de Honduras hacia Costa Rica durante el golpe de Estado del pasado 28 de junio, día en que se instaló el régimen del facto en el país centroamericano bajo el mando de Roberto Micheletti, quien fungía hasta entonces como presidente del Congreso Nacional.

El juez Rivera, quien fuera designado por sus colegas de la Corte Suprema para resolver la causa, argumentó que "antes y después de que se produjo la captura del señor Zelaya, los imputados recibieron información en el sentido de que el país corría un peligro grave, realmente e inminente no sólo en el orden institucional sino en cuanto a la pérdida de numerosas vidas humanas".

En su resolución también indica que los generales actuaron para "preservar la democracia de la República y evitar el derramamiento de sangre, entre los que pudo estar el propio señor Zelaya".

El requerimiento contra los seis jefes militares fue presentado por la Fiscalía ante la Corte Suprema el 6 de enero, lo que fue criticado por el aún mandatario constitucional al afirmar que era una estrategia para lograr la impunidad de los oficiales inculpados, entre los que se encuentra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez y el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes.

Los otros involucrados incluyen a los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett, de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, así como el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

Los militares expulsaron a "Zelaya del país, ya que si se quedaba aquí había suficiente evidencia de que podría haber ocurrido un hecho sangriento", dijo el abogado de los generales, Juan Carlos Cantillano.

El fiscal del caso, Marcio Cabañas, anunció por su parte que el MP apelará la resolución, acción que debe realizar en tres días.

"Definitivamente que sí" se presentará el recurso de apelación, "vamos a trabajar en eso para presentarlo", dijo Cabañas en declaraciones a la prensa.

Un abogado del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado, Fredin Fúnez, comentó a periodistas que este proceso es "una farsa" para favorecer a los militares y agregó que "desde que se presentó el requerimiento fiscal" se sabía "que era un show".

Al respecto, el presidente electo en los comicios ilegales de Honduras el pasado 29 de noviembre, Porfirio Lobo, señaló a los medios locales, luego de conocerse el fallo que "la Corte Suprema de Justicia es un poder del Estado, yo respeto lo que emane de cualquiera de los poderes del Estado".

Lobo asumirá el poder del país centroamericano este miércoles, mismo día en que saldrá del país el presidente depuesto, Manuel Zelaya, hacia República Dominicana como huésped distinguido, luego que el ganador de las cuestionadas elecciones hondureñas, Porfirio Lobo, reciba la investidura y otorgue el salvoconducto que prometió en Santo Domingo.

-----

Dina Meza - Defensores en línea

Un juez que participó en el golpe de Estado, dictó sobreseimiento definitivo para los delitos cometidos por la Junta de Comandantes de las FFAA contra el presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, este martes.

En un proceso totalmente viciado desde el inicio, el poder militar, el sistema de justicia y la oligarquía , trataron de burlararse del pueblo hondureño, que se mantiene en resistencia desde el golpe de Estado y conoce muy bien las telarañas de la impunidad que se están utilizando para dejar absueltos a los promotores y ejecutores del golpe de Estado.

El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto (foto); Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuéllar Castillo, Abel Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, por extradición y Abuso de Autoridad cuando lo sacaron violentamente de su vivienda al mandatario, como parte del golpe de Estado donde participaron el mismo Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, CSJ y el Congreso Nacional de la República.

La CSJ nombró a Avilés como Juez Natural para que conociera el caso donde la Fiscalía solamente incluyó los delitos menores para los imputados que solamente llegaron a la audiencia de imputado y después solamente los apoderados legales se presentaron en la continuación del "supuesto juicio".

La decisión de sobreseer las causas a favor de los militares, no surtió ninguna sorpresa entre las organizaciones de derechos humanos, pues la Corte Suprema de Justicia sin ninguna justificación y violentando las garantías constitucionales, denegó una solicitud de recusación contra el juez natural y la adhesión a la causa, que fue presentada por el CODEH.

Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, dijo ante una delegación internacional de activistas de derechos humanos que llegó al país para conocer más detalles de los últimos acontecimientos en el país, que desde un principio se sabía que el Ministerio Público tenía el objetivo de lavarse la cara con el requerimiento fiscal y todo ha sido de “compadre hablado”, pues los que están resolviendo son los mismos que dieron el golpe de Estado.

El presidente del Poder Judicial, esgrimió el cacareado argumento de la protección de las vidas del pueblo hondureño, por las posibles acciones violentas de los seguidores de Zelaya, una reiteración de hacer ver a miles de personas que se mantienen en resistencia desde el 28 de junio pasado, como un movimiento violento, a pesar que nunca han tomado las armas y todas sus acciones han sido pacíficas.

Paralelamente en el Congreso Nacional que recién ha iniciado sus sesiones con los diputados y diputadas que surgen de elecciones ilegítimas, ha anunciado la aprobación de una amnistía, la que ya se sospecha sea para personar los crímenes cometidos contra los derechos humanos de los hondureños, que han dejado más de 30 personas asesinadas, centenares de torturadas y golpeadas, más de 130 personas perseguidas políticamente con juicios por delitos políticos , casi un centenar de exiliados políticos y decenas de amenazados y vigilados por cuerpos represivos implementados por la dictadura.

La resolución del Poder Judicial, señalada como la crónica de una sentencia anunciada. Durante todo el proceso que fue muy corto y “muy expedito”, los militares gozaron de todos los privilegios necesarios para fomentar la impunidad de sus acciones ilegales contra la institucionalidad hondureña.