Francisco Javier Rayo Valle. Blog Radio La Primerisima La noche del lunes 25 de mayo de 2009 el presidente Daniel Ortega anunció su más reciente acuerdo con los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y en particular, el arreglo que pospone por nada menos que por ¡dos años! la aprobación de una reforma tributaria, entendimiento con el que se comete una brutal injusticia con los asalariados pobres.
Desde hace años ya, los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) vienen hablando de la "necesidad" de la reforma tributaria, la que vendría "a hacer justicia" a los asalariados de menores ingresos, y con la consigna de que "los que tienen más que paguen más", postulados que con ese acuerdo quedan en lo que han sido: simple demagogia, simples slogans.
Los trabajadores asalariados teníamos esperanzas en esas reformas tributarias en tanto que la premisa de los diputados del FSLN era hacernos justicia al elevar la exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) a quienes en sus pagos reciban menos de 100,000 córdobas (5 mil dólares) al año, ya que actualmente el techo mínimo o la base para comenzar a aplicar el IR es de 50,000 anuales (2.5 mil dólares).
Para subir la base del IR sobraban las razones, que nos repetían diputados como Wálmaro Gutiérrez (del FSLN), ahora en su tercer período legislativo, trabajando siempre en el área económica, y entre otras, era la pérdida del poder adquisitivo de esos 50,000 córdobas anuales, que se han acumulado a través de los años desde que se aprobó la última reforma tributaria.
Dada la situación económica y hasta los reajustes al Salario Mínimo, como los que se han registrado con el gobierno sandinista, cada año son más los asalariados con sueldos medios, poco significativos, los que entran al sistema de los que pagan IR, lo que además merma sus escuálidos ingresos, haciendo cada vez difícil su subsistencia y la de sus familias.
Entiendo el objetivo del presidente Ortega de posponer por otros dos años más la aprobación de una reforma tributaria, en tanto que los empresarios la pasan supuestamente mal por los efectos de la crisis del capitalismo mundial, pero ello no justifica dejar a los asalariados, en especial a los de menores ingresos, cargando siempre con el peso de esa nefasta crisis financiera, lo que constituye una injusticia más.
Pero al líder sandinista no le bastó, sino que le hizo otra concesión más a los empresarios, esos que practican "lo que dijo Su Santidad Juan Pablo II, el capitalismo salvaje", y les prometió renovarles las múltiples exoneraciones de que gozan, y que tiene como significado que el Estado deje de percibir al menos 150 millones de dólares por año.
Obviamente, los pobres de Nicaragua no tenemos un "enlace" directo con el presidente Daniel Ortega, como es Bayardo Arce, enlace que se convierte en la práctica en un "operador" a favor de los empresarios, porque al parecer vela más por los intereses de éstos, que son una minoría muy pequeña pero en la zona más alta de la superestructura, que los millones de pobres en la calle.
Dejar que los asalariados pobres, los de menores ingresos, sigan cargando el peso de la crisis económica, pagando un IR que en justicia se les debe exonerar, no entra en los principios verdaderos del FSLN, ni de Ortega, quien dice luchar por "precios justos", "comercio justo", etc., como parte de la "nueva etapa de la Revolución".
Lo mejor que puede hacer el presidente Ortega, respetando su acuerdo con los señores empresarios del COSEP, es introducir una reforma a la Ley Tributaria vigente y elevar la base mínima del cobro del IR de 50,000 a 100,000 córdobas anuales. Con ello no afecta a los empresarios, al contrario, le da mayor poder de compra a los trabajadores pobres, y le hace justicia al sector.
De paso, le lavaría la cara a los diputados de la bancada del FSLN que hasta ahora hablaban de esa reforma para hacerle justicia a decenas de miles de empleados con ingresos bajos, afectados por el IR, y mandaría el "mensaje" de que no sólo a los "capitalistas salvajes" les hace concesiones.
Desde hace años ya, los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) vienen hablando de la "necesidad" de la reforma tributaria, la que vendría "a hacer justicia" a los asalariados de menores ingresos, y con la consigna de que "los que tienen más que paguen más", postulados que con ese acuerdo quedan en lo que han sido: simple demagogia, simples slogans.
Los trabajadores asalariados teníamos esperanzas en esas reformas tributarias en tanto que la premisa de los diputados del FSLN era hacernos justicia al elevar la exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) a quienes en sus pagos reciban menos de 100,000 córdobas (5 mil dólares) al año, ya que actualmente el techo mínimo o la base para comenzar a aplicar el IR es de 50,000 anuales (2.5 mil dólares).
Para subir la base del IR sobraban las razones, que nos repetían diputados como Wálmaro Gutiérrez (del FSLN), ahora en su tercer período legislativo, trabajando siempre en el área económica, y entre otras, era la pérdida del poder adquisitivo de esos 50,000 córdobas anuales, que se han acumulado a través de los años desde que se aprobó la última reforma tributaria.
Dada la situación económica y hasta los reajustes al Salario Mínimo, como los que se han registrado con el gobierno sandinista, cada año son más los asalariados con sueldos medios, poco significativos, los que entran al sistema de los que pagan IR, lo que además merma sus escuálidos ingresos, haciendo cada vez difícil su subsistencia y la de sus familias.
Entiendo el objetivo del presidente Ortega de posponer por otros dos años más la aprobación de una reforma tributaria, en tanto que los empresarios la pasan supuestamente mal por los efectos de la crisis del capitalismo mundial, pero ello no justifica dejar a los asalariados, en especial a los de menores ingresos, cargando siempre con el peso de esa nefasta crisis financiera, lo que constituye una injusticia más.
Pero al líder sandinista no le bastó, sino que le hizo otra concesión más a los empresarios, esos que practican "lo que dijo Su Santidad Juan Pablo II, el capitalismo salvaje", y les prometió renovarles las múltiples exoneraciones de que gozan, y que tiene como significado que el Estado deje de percibir al menos 150 millones de dólares por año.
Obviamente, los pobres de Nicaragua no tenemos un "enlace" directo con el presidente Daniel Ortega, como es Bayardo Arce, enlace que se convierte en la práctica en un "operador" a favor de los empresarios, porque al parecer vela más por los intereses de éstos, que son una minoría muy pequeña pero en la zona más alta de la superestructura, que los millones de pobres en la calle.
Dejar que los asalariados pobres, los de menores ingresos, sigan cargando el peso de la crisis económica, pagando un IR que en justicia se les debe exonerar, no entra en los principios verdaderos del FSLN, ni de Ortega, quien dice luchar por "precios justos", "comercio justo", etc., como parte de la "nueva etapa de la Revolución".
Lo mejor que puede hacer el presidente Ortega, respetando su acuerdo con los señores empresarios del COSEP, es introducir una reforma a la Ley Tributaria vigente y elevar la base mínima del cobro del IR de 50,000 a 100,000 córdobas anuales. Con ello no afecta a los empresarios, al contrario, le da mayor poder de compra a los trabajadores pobres, y le hace justicia al sector.
De paso, le lavaría la cara a los diputados de la bancada del FSLN que hasta ahora hablaban de esa reforma para hacerle justicia a decenas de miles de empleados con ingresos bajos, afectados por el IR, y mandaría el "mensaje" de que no sólo a los "capitalistas salvajes" les hace concesiones.
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