Argumento usado por el grupo que presentó la acusación es "traición a la patria"Por Giorgio Trucchi - Opera Mundi (versión español)
Un grupo de ciudadanos acusó formalmente al mandatario hondureño Porfirio Lobo, al presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández y a varios
diputados, por el delito de traición a la Patria, por haber aprobado y
ratificado la reforma de varios artículos de la Constitución y un reglamento para la
creación de las RED (Regiones Especiales de Desarrollo), popularmente conocidas como
“ciudades modelo” (charter cities).
Según la acusación presentada
ayer (12/9) ante la Corte Suprema de Justicia, estas reformas estarían afectando a disposiciones
irreformables “como las relativas al territorio nacional y a la forma de
gobierno”, así como las “declaraciones y derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución y tratados internacionales”.
Original en portugués Opera Mundi
Ideadas y promovidas por el economista estadounidense
Paul Romer, las RED proyectan el “sueño” de grandes zonas de territorio
nacional con altísimo grado de autonomía, ofrecidas por tiempo indefinido al
capital transnacional para generar empleo.
De acuerdo a su Estatuto constitucional, las RED gozarán de
un regimen territorial especial, teniendo su personalidad jurídica, su propio
fuero jurisdiccional, su propio sistema de administración, sistema migratorio y
su normativa legal. Además, tendrán su propio presupuesto y el derecho a
recaudar y administrar sus propios tributos, a determinar las tasas que cobran
por los servicios que prestan, celebrar todo tipo de contratos y contratar sus
deudas internas o externas.
“Con estas reformas están violentando el
precepto de soberanía nacional, ya que con la constitución de las RED se
concesiona parte del territorio de manera indefinida a entidades
internacionales, entregándoles derechos sobre ese mismo territorio”, dijo Tomás
Andino, miembro del grupo acusador.
Para Miriam Miranda, coordinadora de la
OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), con este proyecto no sólo se
estaría atentando contra la soberanía nacional, “sino que se está creando un
Estado dentro de otro Estado, y sin ninguna consulta con las poblaciones que
vivimos en estas zonas”, manifestó.
En mayo de 2011, el
gobierno firmó un memorando de entendimiento con la empresa coreana Pohang Iron
and Steel Company (POSCO), para iniciar a trabajar en los análisis de
factibilidad de proyectos. Un año después, COALIANZA (Comisión para la
Promoción de Alianzas Público Privadas) alcanzó firmar el primer acuerdo con el
Consorcio estadounidense MKG Group, para iniciar la construcción de la primera
ciudad modelo en el fértil Valle de Sula.
“Quieren entregar enormes cantidades
de tierra al capital extranjero para que invierta sin nigún tipo de restricción. Todo se está manejando con absoluto secretismo, sin debatir de
manera seria y responsable con el pueblo hondureño. Una vez más se está
privilegiando el interés del capital extranjero sobre los derechos del pueblo”,
aseveró Miranda.
La decisión de acusar y denunciar formalmente
a las principales autoridades del Estado es parte de una serie de medidas y
acciones, implementadas por sectores de la sociedad hondureña para tratar de
frenar el avance de las RED, entre ellas la presentación de recursos de
inconstitucionalidad y el inicio de una
recolección de firmas en todo el país.
La movilización ya
obtuvo un primer resultado cuando el Ministerio Público emitió un dictamen, con
el que resolvió la inconstitucionalidad de los decretos que crearon las
RED.
“Cada
día más sectores se suman a la protesta y hasta hay corrientes
políticas y candidatos presidenciales, como Salvador Nasralla del PAC (Partido
Anticorrupción) y Xiomara Castro de LIBRE (Partido Libertad y Refundación) que
han salido públicamente condenando el proyecto de las ciudades modelo. Ahora
necesitamos que el descontento y la protesta se traduzca en movilización en las
calles”, concluyó Andino.
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