Por JP
Nicaragua aprobó una Ley Especial contra los Ciberdelitos. El país centroamericano, se pone a tono con otras cincuenta naciones del mundo, que también cuentan con un marco regulatorio para prevenir el fraude electrónico, las noticias falsas, la pornografía infantil y el acoso sexual a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Por Giorgio Trucchi | LINyM
"Hemos recuperado la democracia y la esperanza. Nuestro compromiso es gobernar para todos los bolivianos, un gobierno de unidad nacional, aprendiendo y superando nuestros errores. Hoy ha sido ‘para el pueblo lo que es del pueblo’".
Son las primeras palabras del presidente electo de Bolivia, Luis Arce, luego de que la encuestadora CiesMori-Unitel diera a conocer los resultados a boca de urna, que le daban una abrumadora victoria en primera vuelta al candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), con más de 20 puntos arriba del ex presidente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana.
Mientras se espera que las autoridades electorales concluyan el computo de las actas y oficialicen el triunfo de Arce, Bolivia se enrumba hacia la restauración del hilo constitucional y democrático tras el golpe de estado del año pasado, que derrocó al presidente electo Evo Morales e instauró un gobierno de facto, fascista y racista, con el aval y patrocinio del trumpismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), los gobiernos títeres del imperio estadounidense y con la inacción culpable de la Unión Europea.
Con esto se confirma, tal como se sostuvo, que hubo una operación destinada a impedir el triunfo del MAS por parte de la derecha en las elecciones del año 2019. Avalado esto por los gobiernos derechistas latinoamericanos, el silencio cómplice de organismos internacionales. Hubo un golpe de estado orquestado por Washington y sus aliados incondicionales y que con el triunfo de este 18 de octubre permite al pueblo boliviano volver a Palacio Quemado y además controlando las dos cámaras del parlamento.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que crea un marco jurídico regulatorio para las personas naturales o jurídicas representantes de gobiernos, instituciones u organismos extranjeros.
La iniciativa garantiza la seguridad, institucionalidad, gobernabilidad, estabilidad, paz y desarrollo sostenible en el país.
La Asamblea aprobó una reforma a propuesta presidencial y dejó exentos de registrarse como agentes extranjeros a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional y el personal de estas entidades debidamente acreditadas, medios de comunicación social internacionales y sus corresponsales y a personas jurídicas de carácter religioso debidamente inscritas, según la ley en la materia.
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.
En la
declaración[1], las organizaciones dibujaron un escenario de país
marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de
tortura y de los niveles de militarización.
También señalaron la
creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre
otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes,
personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes
comunes.
Actualmente Honduras es el país más desigual de América
Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y
más del 40 en la pobreza extrema.
El 18 de octubre Bolivia realizará nuevas elecciones presidenciales y legislativas luego de las realizadas en 2019 que concluyeron con un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral ratificó la fecha de votación promulgada por la presidenta de facto Jeanine Añez.
Para ganar en primera vuelta la persona elegida deberá alcanzar más del 50% de los votos o un mínimo de 40% con una diferencia de 10 puntos sobre la segunda. Además de presidente y vice se eligen 36 bancas del Senado, 130 diputaciones y nueve representantes ante organismos supraestatales.
La vocera del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, denunció ante la comunidad internacional y el país, que está en curso un “segundo golpe” a la democracia debido a varios aspectos que detalló.
Antecedentes necesarios conocer
A casi un año de la consumación del golpe de Estado y la instauración del letal régimen dictatorial en Bolivia, seguimos preguntándonos ¿dónde están los prolijos indianistas, indigenistas, feministas, ambientalistas… que fustigaron duramente contra el indio dictador de Evo Morales?
Sus discursos incendiarios abonaron/promovieron el golpe de Estado el 10 de noviembre pasado. Pero, una vez que el "indio Presidente" fue "defenestrado" y asumió el poder de facto Jeanine Añez, por voluntad del gobierno norteamericano, indianistas, indigenistas, ambientalistas y muchas feministas, guardaron y guardan un cómplice silencio sepulcral.
Por Giorgio Trucchi | LINyM
El proceso electoral de 2017 tuvo un desenlace trágico. El burdo fraude, orquestado desde el ejecutivo con el apoyo determinante de los Estados Unidos y el silencio cómplice de la Unión Europea y Almagro, dejó un saldo de más de treinta muertos a manos de las fuerzas represivas del estado, y una profunda crisis político-social que está minando lo poco que queda de una institucionalidad ya fuertemente debilitada después del golpe de 2009.
Tres años después de aquellos trágicos acontecimientos, Honduras parece estar enrumbándose hacia otra y más aguda crisis.
Con el objetivo de seleccionar los candidatos presidenciales y demás cargos de elección, el pasado 13 de septiembre la presidenta del Consejo nacional electoral (Cne), la liberal Ana Paola Hall, convocó a elecciones primarias e internas que se celebrarán el 14 de marzo del próximo año.
Por Giorgio Trucchi | LINyM
El pasado 18 de septiembre se cumplieron dos meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Snaider Centeno, y de una quinta persona.
Tanto Centeno como Milton Martínez Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Róchez Cálix son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Rafael Juárez Mejía, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
Los cinco fueron secuestrados de sus casas por hombres fuertemente armados que vestían uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Días después, a inicios de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exigió al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de los jóvenes activistas.
Ola femicida en Honduras
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Desde
el 15 de marzo, fecha en que se estableció toque de queda por la
pandemia de Covid-19, en Honduras fueron asesinadas 94 mujeres. Desde el
inicio del año fueron más de 65 mil las llamadas al 911 para denunciar
violencia doméstica, intrafamiliar y sexual.
El más reciente
informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) arroja datos
extremadamente preocupantes sobre el impacto que la cuarentena ha tenido
en la vida de las mujeres hondureñas.
Hasta el 31 de agosto, el
CDM registró 163 muertes violentas de mujeres, 94 de las cuales durante
el periodo de aislamiento social. Entre julio y agosto se reportaron 33
femicidios y 15 violaciones sexuales. Mayo, con 29 femicidios, fue el
mes más violento para las mujeres.
Finalmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso al ultraconservador cubano-estadounidense Mauricio Claver-Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien será el primer funcionario no latinoamericano en dirigir el organismo regional, rompiendo una tradición de 61 años.
Claver-Carone, quien ocupaba el cargo de director del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental en la Casa Blanca y es un prominente promotor del embargo contra Cuba y uno de los principales estrategas en el diseño de política para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, fue impuesto en asamblea general que se realizó el sábado 12 de forma virtual entre los 48 gobernadores del BID.
Por Raúl Zibechi
Desde que el Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibió el patrullaje y las operaciones policiales en las favelas, las muertes en cayeron un 76 por ciento. Lo que demuestra que si el poder político tiene voluntad, la violencia puede caer sensiblemente.
Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Rio, las muertes cayeron de 348 en junio y julio de 2019 a 84 en el mismo período de este año.
El 5 de junio el Supremo determinó que sólo en casos extraordinarios podía haber operaciones policiales en las favelas, pero que deberían adoptarse “cuidados excepcionales” para que la población no sea colocada en riesgo, según O Globo (https://glo.bo/2QXPEBx).
La decisión del Supremo fue consecuencia de una seguidilla de crímenes en favelas de Rio, a manos de la policía militar, cuyas víctimas fueron niñas y niños. “No hay justificación para que un niño de 14 años reciba más de 70 disparos. El hecho es indicativo, de que no se hará nada para reducir la letalidad policial, una situación que en nada respeta la Constitución”, escribió uno de los miembros de Supremo (https://glo.bo/356npsS).
Si extrapolamos lo que viene sucediendo en Honduras, en Colombia y en México, por poner tres ejemplos quizá extremos, podemos concluir que durante la pandemia se está ejecutando un plan de exterminio masivo de los movimientos populares más contestatarios, aquellos que están dificultando el pleno despliegue de las políticas extractivas.
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| Foto G. Iglesias | Rel UITA |
Por Giorgio Trucchi | LINyM
La última década en Honduras ha sido caracterizada por la represión y la violación sistemática de los derechos fundamentales de personas y organizaciones que luchan contra un modelo político y económico que pone a la venta el país, privatiza servicios básicos, precariza el trabajo, acapara tierras, saquea bienes comunes, militariza territorios y expulsa pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
Después del golpe y durante la rectoría de Julieta Castellanos (2009-2017), las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emprendieron una larga y tenaz lucha en defensa de la autonomía universitaria y de una educación superior pública, gratuita y de calidad.
Ante la actitud represiva de Castellanos, punta de lanza de los gobiernos continuadores del golpe contra las demandas del movimiento estudiantil, las y los jóvenes intensificaron las movilizaciones y multiplicaron las tomas pacíficas de recintos universitarios en todo el país.
La demanda de democratización interna y la defensa de la educación pública tuvieron como respuesta la criminalización del movimiento. Al menos 200 estudiantes sufrieron diferentes tipos de persecución. Muchos de ellos y ellas fueron perseguidos judicialmente, unos fueron suspendidos y expulsados, otros tuvieron que abandonar el país.
Aún más violenta, y con señales evidentes de ensañamiento, fue la arremetida contra trabajadoras y trabajadores organizados sindicalmente en la UNAH. Además de sufrir acoso sistemático y ser despedidos ilegalmente, fueron víctimas de asesinato y desaparición forzada, como es el caso de los dirigentes sindicales Donatilo Jiménez Euceda y Héctor Martínez Motiño.
A 33 años del intento de asesinarlo. Los nuevos planes contra Nicaragua
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| Foto G.Trucchi | LINyM |
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| Foto Ofraneh |
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| Foto G. Trucchi | LINyM |
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| Fotos César Pérez | CCC |
