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| Ofraneh |
Por Ofraneh
En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un
colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado
lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre
otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres,
acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado
los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.
El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de
1995, sin que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio
como lo sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre
tratados(1969). Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
promovió una Ley indígena
que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la
cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y
convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.
Después de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado,
apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
pretenden imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada
(CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante
que en su artículo 20 señala como la decisión final recae en el
Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.
Desde el año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la
existencia de una Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos
estipulados de las Salvaguardas
de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la
creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos
Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la
ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su
propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras
introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue
elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como
sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley,
la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada
para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El Estado de Honduras en las últimas dos décadas ha tergiversado en
múltiples ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple
socialización, y es precisamente lo que pretende a través de una serie
de reuniones “comunitarias’ con el pueblo Garífuna, las cuales inicia el
día de hoy en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato
señaló que no fue consultada para la realización de dicha reunión.
En muchas ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o
promesas de proyectos para obtener el beneplácito de los supuestos
líderes comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia
en Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad
utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los
pueblos.
Después del golpe de estado del año 2009, se aprobaron una serie de
leyes a matacaballo, totalmente nocivas para los pueblos indígenas:
desde la Ley de Aguas, Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE,
además de la entrega de la plataforma continental en la Moskita a
BG-SHEL. Tanto DINAFROH como la COMPAH se sumieron al silencio al
respecto. De ahí que concederles el beneficio de la duda, a las posibles
“buenas intenciones” que albergue el anteproyecto de Ley introducido
por el Estado al Congreso Nacional, es inaudito y mucho más cuando
CONPAH y DINAFROH elaboraron sus propias versiones de la Ley de
Consulta, las que aparentemente fueron soterradas en aras de los
“intereses” del Estado.
DINAFROH -ente estatal creado después del golpe de estado- viene
efectuando una socialización de la versión de ley fabricada por el
Estado, a la que denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada
para los intereses del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.
La defensa de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el
Estado en los casos de las comunidades Garífunas en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su
desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. El estado de
Honduras fue condenado por la Corte IDH en las sentencias sobre las
comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en relación a la
violación del Derecho a la Consulta Previa. La farsa que está
promoviendo el Estado y el PNUD no se ciñe a los estándares
internacionalista en materia de derecho indígena y mucho menoso se apega
al Ius Cogens.
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