Honduras: Restructuración del INA afecta a cientos de trabajadores

Sitraina Aguán

SITRAINA movilizado exigiendo respeto de los derechos adquiridos

Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA

El plan de restructuración del Instituto Nacional Agrario impulsado por el gobierno hondureño ya es un hecho. Además de cerrar oficinas regionales y sectoriales y reducir drásticamente la planilla a nivel nacional, las autoridades hondureñas pretenden obligar a las y los trabajadores cesados a aceptar pagos reducidos y diferidos de sus prestaciones.

El Decreto Ejecutivo 051-2016 fue publicado en la Gaceta Diario Oficial el 23 de julio pasado.

Para supuestamente cumplir con el objetivo primario que tiene el INA de hacer “técnica y financieramente viable la reforma agraria”, el decreto dispone el cierre de 18 oficinas sectoriales, una oficina regional y de la División de atención a los pueblos indígenas y afrohondureños.

En consecuencia, se ordena proceder a la cancelación de los puestos de trabajo “que resulten innecesarios” tras la modificación de la estructura interna del INA, y dispone el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a los trabajadores cesados.

Para cumplir con este deber, el gobierno está autorizando la venta de activos (bienes inmuebles y muebles) de la institución agraria a través de subasta pública.

Según Ramón Antonio Bulnes, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (Sitraina), ese proceso de restructuración está afectando gravemente los derechos adquiridos de un 50 por ciento de la planilla a nivel nacional, y pone en tela de duda el futuro de la institución misma.

“Si bien entendemos que en medio de la crisis que está sufriendo el INA hay que llevar a cabo una restructuración, esa no puede ser a costa de la violación flagrante de los derechos adquiridos”, dijo Bulnes a La Rel.

El directivo sindical explicó que la institución todavía adeuda el salario de dos meses y no menos de 4 años de pagos de vacaciones. Además, pretende obligar a las y los trabajadores cesados a aceptar pagos reducidos y diferidos de sus prestaciones.

“A quienes aceptarán el pago diferido a 5 años se les garantizará el desembolso total de sus prestaciones; a los que exigen el respeto del convenio colectivo se les cancelará solamente el 70 por ciento del total”, advirtió Bulnes.

Hasta la fecha, unos 110 trabajadores de un total aproximado de 500 que serán cesados ya aceptaron esa propuesta. De no encontrar a más personas dispuestas a aceptar ese recorte draconiano de sus derechos, el INA podría reducir a 2 o 3 años el pago deferido.

También existen unos 70 trabajadores que ya cumplieron los requisitos para su jubilación -cuyas edades oscilan entre los 65 y 75 años- que están siendo presionados por las autoridades del INA para que acepten la dilación en los plazos de pago.

Debido a esta situación, unos 250 trabajadores ya habrían presentado una solicitud de retiro voluntario de la institución.

Recortes en el Bajo Aguán
Cierran oficinas, despiden a personal

Una de las zonas más afectadas por el decreto será la del Bajo Aguán, donde el conflicto agrario generado por la expansión del monocultivo de palma africana y la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas ha dejado un saldo de decenas de campesinos organizados asesinados.

“El problema no es que sobran los trabajadores, sino el recorte de presupuesto impuesto por el gobierno y la falta de políticas agrarias y líneas de trabajo para ejecutar un verdadero proceso de reforma agraria”, indicó el secretario general del Sitraina.

Bulnes señaló a La Rel que, entre 2014 y 2016, el presupuesto del INA sufrió una reducción de 165 millones de lempiras (7,5 millones de dólares), es decir casi el equivalente a lo que la institución está pidiendo ahora al Congreso para pagar lo que adeuda a las y los trabajadores.

“Vamos a mantenernos movilizados, exigiendo que no se siga violentando nuestro convenio colectivo y que se respeten los derechos laborales”, concluyó Ramón Bulnes.

Fuente: Rel-UITA